CIUDAD DE MÉXICO. * 2 de septiembre de 2019.
] Vanguardia (Con información de Animal Político y El País).
Un juez absolvió a Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», de participar en la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014.

Gildardo López Astudillo, identificado por las autoridades como el Gil, era un mando medio de bajo perfil en la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos; un “lugarteniente”, como se dice en el argot criminal. Antes del caso Iguala, su nombre no figuraba en los objetivos prioritarios del gobierno federal.

Pero el rol que jugó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue determinante.

La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) coloca al Gil o el cabo Gil, detenido la noche del pasado 16 de septiembre, como responsable de haber señalado que los normalistas eran del grupo antagónico de Los Rojos, y de haber ordenado que todos fueran “desaparecidos”.

“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, escribió el Gil en un mensaje de texto que mandó por teléfono a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, líder regional de Guerreros Unidos. Fue la madrugada del 27 de septiembre, horas después de que –según la investigación de la PGR– fueron incinerados los normalistas en Cocula.

Por ello es que el Gil es considerado por las autoridades como la pieza que faltaba para completar la participación de Guerreros Unidos en el caso. Es el eslabón entre dos ya detenidos: Casarrubias, quien le dio luz verde para consumar el presunto homicidio, y Fernando Rodríguez el Cepillo, quien siguió sus instrucciones en el terreno.

De acuerdo con las autoridades, López Astudillo fue detenido el 16 de septiembre en Taxco, Guerrero, a menos de 55 kilómetros de Cocula, donde desaparecieron los normalistas. Es decir, siempre se mantuvo escondido en la zona. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, dijo que intentó ocultarse en tres domicilios distintos.

Aunque hay varias órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, la del Gil era una de las más importantes. La otra que está pendiente y que también es clave, según la propia indagatoria de PGR, es la de Felipe Flores Velázquez, el exdirector de la Policía Municipal de Iguala.

El juez ha desestimado 81 de las pruebas que había presentado la fiscalía por considerar que se recabaron de forma ilegal. Es decir, dos tercios del total. Algunas de las pruebas, testimonios de otros detenidos, habrían sido obtenidas mediante tortura, otras por detención arbitraria. Con la evidencia restante, el juez ha considerado que no había elementos para condenar al acusado. Esta sentencia finiquita las cuentas de El Gil con la justicia mexicana. La acusación de secuestro era el último de los dos delitos que le mantenían en prisión. En junio del año pasado, otro juez ya desestimó el proceso de delincuencia organizada en su contra. El sábado, «El Gil» salió de la cárcel del Altiplano, en el Estado de México.

«El Gil» se suma a los 43 acusados que han sido liberados. La liberación masiva de acusados apunta directamente a la fiscalía del Gobierno de Enrique Peña Nieto, encargada de las pesquisas casi desde el principio, señalada de usar la tortura como método en los interrogatorios.

En el caso de «El Gil», la nueva fiscalía y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no han presentado una sola prueba nueva.

En un escrito dirigido en marzo al secretario de la Comisión, Félix Santana, las familias mostraban su preocupación por las liberaciones de detenidos y avisaban de que la salida de «El Gil» era inminente, pues el juicio se acercaba y muchas pruebas acabarían por resultar inválidas. «Lo anterior lo ponemos de su conocimiento a efecto de que se adopten todas las medidas para evitar que dicha persona se evada de la acción de la justicia, pues estimamos que posee información relevante para el esclarecimiento del caso», rezaba el escrito. Pese a ello, la fiscalía no presentó más pruebas, el juicio se celebró y El Gil quedó en libertad.