Vinculan a proceso a exfuncionarios vinculados a caso Guardería ABC
CIUDAD DE MÉXICO. | 24 de noviembre de 2020.
] Apro.
Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas.
Sergio Salazar y Carla Rochín se desempeñaron como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, respectivamente, y la FGR considera que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.
Esta guardería otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La entonces Procuraduría General de la República, ejercitó acción penal en contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”.
El Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.
El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera a funcionarios de alto nivel seguía vigente e incumplido.
El 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos ante esta autoridad, involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo; por lo que, una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente y realizadas la investigación y las diligencias necesarias, el Ministerio Público Federal (MPF) determinó ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos.
De haberlos atendido, señala la FGR, probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que éste ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados.
Por lo anterior, el 5 de noviembre de 2020, la FGR solicitó al Juez de Control, librara orden de aprehensión en contra de los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuatro días después.
Una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial por parte del MPF, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía, como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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#CIDH admite caso del incendio en ‘Guardería ABC’
] WASHINGTON. * 7 de agosto de 2020.
| Actualidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de la Guardería ABC, una tragedia que se remonta a 2009, cuando 49 niñas y niños murieron en el incendio en una estancia infantil en Sonora que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con la admisión del caso, la CIDH estudiará las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en la que es conocida como la peor tragedia infantil en la historia del país.
La organización que llevó el caso ante la Corte Interamericana y que funge como peticionaria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informó este viernes que el pasado 6 de julio la CIDH declaró admisible el caso y estudiará a fondo la cuestión.
Por su parte, la CIDH observó que, 11 años después de la tragedia, el Estado mexicano «no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o fue producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales».
Por esta razón, el órgano internacional «declaró admisible la presente petición» en relación con los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde el Centro Prodh destacan que el litigio interamericano «es un proceso clave para impulsar que el Estado tome todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la niñez mexicana».
El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, en el estado de Sonora, que dejó un saldo de 25 niñas y 24 niños fallecidos, 106 menores de edad con quemaduras y 14 asistentes educativas heridas.
Aunque en las primeras investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó que el incendio se debió al sobrecalentamiento en el motor de un enfriador que operaba en una bodega continua a la guardería, pesquisas posteriores pusieron de relieve que la estancia no cubría con los requisitos mínimos de seguridad, como la existencia de detectores de humo, de señalización de las rutas de evacuación, de un mínimo de extintores ni de salidas de emergencia adecuadas.
Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia, una investigación transparente y sanción penal a todos los responsables, incluyendo altos funcionarios.
La @CIDH declaró admisible el caso de las 49 niñas y niños fallecidos en Hermosillo, Sonora, en 2009. Este es un proceso clave para impulsar que el Estado tome las medidas adecuadas para garantizar a seguridad de la niñez mexicana
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— Centro Prodh (@CentroProdh) August 7, 2020
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Robledo: No habrá ‘carpetazo’ a caso #GuarderíaABC
] CIUDAD DE MÉXICO. * 5 de junio de 2020.
| #IMSSGro.
A 11 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refrendó su compromiso con la justicia que durante una década se negó y se dio la espalda a madres y padres de las niñas y niños que 
estuvieron presentes el 5 de junio de 2009.
En ese sentido, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es encontrar justicia en el caso ABC, “no darle carpetazo”.
Durante la conferencia de prensa matutina en Villahermosa, Tabasco, enfatizó que esta tragedia “es quizá el más duro, el más doloroso ejemplo que la corrupción puede llegar a matar y puede poner en riesgo la vida de las personas y en particular, en este caso, de niños”.
Comentó que meses antes el IMSS presentó una denuncia que se fortaleció y complementó con base en las reformas en materia de derechos humanos del 2011. “Hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas”.
“En particular algo que se ha hecho es retomar la investigación y después el proyecto del voto que en 2010 presentó el ministro Arturo Zaldívar, y que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia, en aquel año, votó en contra”, refirió.
Zoé Robledo confió en que la Fiscalía General de la República avanzará en la investigación sin encubrir a nadie, y sobre todo, para encontrar la justicia que durante tanto tiempo se ha esperado.
El director general del IMSS precisó que la justicia es uno de los elementos que motivan a la Cuarta Transformación y en la administración del presidente López Obrador en el último año se ha avanzado mucho para alcanzarla.
Agregó que esto se ha logrado poniendo a las familias en el centro de las discusiones y de las decisiones; y a partir de un proceso muy intenso de diálogo, de escuchar y construir confianza en el cumplimiento de los acuerdos.
El titular del Seguro Social refirió que el Presidente de México se ha reunido en cuatro ocasiones con los grupos de familiares. El primero fue el 6 de junio, en Palacio Nacional; el segundo, el 5 de septiembre, en Hermosillo, Sonora, donde se empezaron a ver los primeros elementos y compromisos.
El tercer encuentro fue el 12 de diciembre del 2019, donde se planteó la necesidad de un nuevo Decreto Presidencial, y el último fue el 12 de marzo de este año, además de encuentros con servidores públicos como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y funcionarios del IMSS.
En ese sentido, Zoé Robledo destacó la publicación del nuevo Decreto Presidencial el pasado 12 de marzo donde se otorga la certeza jurídica de las responsabilidades del Estado mexicano frente a las familias y las niñas y niños sobrevivientes.
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