Propone diputado agravantes para castigar el delito de feminicidio
CHILPANCINGO * Febrero 12, 2025
) LXIV Legislatura | Guerrero
El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) propuso una reforma al Código Penal del Estado de Guerrero, para establecer una definición más amplia y precisa del feminicidio, incorporando agravantes como la violencia previa del agresor, amenazas en distintos ámbitos, explotación sexual o desaparición de la víctima.
En tribuna, al presentar la iniciativa expuso que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres y la manifestación más visible de un fenómeno de violencia y brutalidad contra ellas.
Refirió que de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, en el año 2023 se registraron 966 víctimas de feminicidio en las carpetas de investigación y averiguaciones previas iniciadas en los Ministerios Públicos estatales, lo que evidencia un aumento de víctimas de feminicidio en México.
Señaló que en Guerrero en los primeros días del 2025 se han registrado casos de feminicidio que han conmocionado a los guerrerenses, entre ellos el de Leuteria Reyes Benito, oficial de tránsito del municipio de Alcozauca, que fue brutalmente asesinada por su expareja con más de 30 puñaladas, que a pesar de haber denunciado previamente la violencia que sufría no recibió protección por parte de autoridades, por considerarlo como un caso de violencia doméstica.
El legislador dijo que este delito está tipificado en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales de los estados, que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece las bases para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, además que México ha suscrito diversos tratados internacionales y convenciones que buscan garantizar la protección de sus derechos humanos y establecer mecanismos efectivos para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, incluyendo el feminicidio.
Sin embargo, manifestó que es urgente fortalecer las medidas de protección y apoyo para las mujeres y garantizar que las denuncias de violencia sean atendidas de manera efectivas por los Ministerios Públicos.
“La falta de un marco normativo adecuado y efectivo es uno de los problemas clave para enfrentar el feminicidio en México, aunque existen leyes que abordan la violencia de género y el feminicidio hay varias deficiencias que dificultan su implementación y aplicación efectiva; a pesar de que este delito está contemplado en el Código Penal Federal su definición sigue siendo inconsistente entre los estados”, advirtió el diputado Héctor Suárez.
En ese sentido, propone reformar y adicionar el artículo 135 del Código Penal del Estado para establecer condiciones y agravantes para tipificar un feminicidio, como la violencia previa del agresor, amenazas en el ámbito público, digital o político, explotación sexual o desaparición de la víctima, además, se establece la obligación de investigar todas las muertes violentas de mujeres, niñas o adolescentes como feminicidios.
Iniciativas
La diputada María de Jesús Galeana Radilla (PRD) propuso adicionar a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado para otorgar una licencia menstrual a trabajadoras que padecen dismenorrea incapacitante, garantizando su derecho a la salud y bienestar laboral.
Dictámenes
La Comisión Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que junto con el Gobierno Estatal expidan planes parciales de desarrollo urbano de las zonas turísticas de los municipios de la entidad, para establecer las estrategias y proyectos urbanos que sentarán las bases del nuevo desarrollo turístico, acorde a la demanda turística contemporánea.
Acuerdos
La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero a que en su ámbito de competencia impulse la actualización de la normatividad reglamentaria de los centros educativos, que permita el ejercicio del derecho a la educación, la cual debe estar orientada al respeto a los derechos humanos como la dignidad, desarrollo de la libre personalidad, el fomento de la cultura, el respeto al interés superior del menor y la obligación de garantizar la salud, refiriéndose no solo a la física, sino también a la psicológica y emocional. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un exhorto a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que supervisen y apliquen la gratuidad temporal del servicio de estacionamiento en plazas comerciales, tiendas de autoservicio, departamentales o similares, en beneficio de la economía de los consumidores, como establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.
Intervenciones
La diputada María de Jesús Galeana Radilla (PRD), intervino con el tema: “La mujer mexicana a través de la historia”, expresó que la conmemoración del Día de la Mujer Mexicana es un homenaje a las mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia en el país.
Recordó que esta fecha fue establecida en 1960 gracias a Maruxa Vilalta y otras mujeres valientes, fundamentales para la construcción de la historia de México. Señaló que, aunque se han logrado avances, persisten brechas de desigualdad, violencia y falta de oportunidades equitativas, por lo que es necesario impulsar políticas públicas que fortalezcan su participación en todos los ámbitos e hizo un llamado a reforzar el compromiso por la igualdad y la eliminación de la violencia de género, garantizando a las mujeres un futuro de bienestar y paz social.
Participó con el mismo tema la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena), quien destacó la importancia de reafirmar el compromiso con la promoción y garantía de los derechos de las mujeres en México. Señaló que, aunque ha habido avances en educación, salud y participación política, la brecha de género y la violencia estructural persisten. Recordó que el reconocimiento de estos derechos ha sido una lucha constante y llamó a seguir trabajando por un país más justo e igualitario.
La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) intervino con el tema: “14 de Febrero: 194 Aniversario Luctuoso de la Muerte de Vicente Guerrero”, manifestó que este día es una oportunidad para recordar y rendir homenaje al caudillo del sur, cuyo legado de valentía y justicia sigue vigente.
Destacó que Vicente Guerrero, de origen humilde, dedicó su vida a la lucha por la independencia, resistiendo hasta el final y proclamando que “La patria es primero”, un principio que debe guiar a quienes representan al pueblo. Hizo hincapié en su papel como presidente de México, donde abolió la esclavitud en 1829, demostrando su compromiso con la igualdad. A pesar de su trágica muerte en 1831, su legado permanece como símbolo de resistencia y patriotismo.
La diputada hizo un llamado a honrar su memoria combatiendo la desigualdad, la corrupción y la impunidad, pues la mejor manera de recordarlo es seguir su ejemplo de servicio y compromiso con la nación.
Intervinieron sobre el mismo tema los diputados Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) quienes reconocieron la lucha del General Vicente Guerrero, quien continuó y consumó la independencia de México e incluso dio su vida por ella.
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Piden anexar la rapiña al Código Penal
CHILPANCINGO, Gro. * 13 de noviembre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
El diputado Jesús Urióstegui García, a nombre también del diputado Héctor Suárez Basurto, ambos de Morena, presentó una iniciativa de adición y derogación al Código Penal del Estado para incorporar a efecto de reconocer, penalizar y agravar la rapiña –que suele ocurrir en catástrofes naturales, accidentes viales y crisis antropogénicas, en perjuicio de los bienes públicos y privados– como delito penal.
En su exposición de motivos, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó la importancia de denominar, penalizar y agravar esta práctica en el citado ordenamiento, debido a que en los últimos años muchas personas se han aprovechado del caos que generan los desastres, cometiendo saqueos en establecimientos comerciales, dependencias públicas e incluso en hogares.
Refirió, asimismo, que derivado de las circunstancias presentadas por la pandemia del Covid-19 y la incertidumbre social generada por el debilitamiento de la economía familiar, surgieron individuos que de igual manera aprovecharon la poca vigilancia en las calles para apropiarse de una variedad de productos, artículos o mercancías, lo que representa la comisión de actos contrarios a la ley que han quedado en la impunidad.
Por las anteriores razones, el legislador considera importante legislar para prevenir o evitar estas conductas que, además, ponen en riesgo la vida de las personas involucradas indirectamente en saqueos colectivos.
También manifestó la necesidad de crear conciencia en la población sobre la cultura de la legalidad y el respeto, y de ese modo salvaguardar las pertenencias y mercancías que quedan sin protección, sobre todo cuando ocurren accidentes por diferentes factores, ya sean climatológicos, humanos, fallas mecánicas de vehículos o sobrecarga de productos transportados, entre otros.
Esta iniciativa de adición al artículo 228 Bis y derogación de la fracción V del mismo artículo, prevé una pena de 2 a seis años de prisión a quien cometa rapiña, equiparable a la prevista para el robo calificado, misma que podrá incrementarse hasta en un tercio para quien dirija, incite o cometa rapiña o se introduzca al domicilio de una persona jurídica colectiva, pública o privada, o en establecimientos destinados a las actividades comerciales.
Asimismo, plantea que cuando el sujeto activo sea servidor público, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La propuesta también prevé la exclusión de la responsabilidad cuando, sin emplear violencia física o moral, una persona se apodere, por una sola vez, de los artículos u objetos que sean indispensables para satisfacer sus necesidades básicas, como agua, alimento, medicina o cualquier otro artículo de primera necesidad para él o su familia.
El documento fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis, discusión y emisión del dictamen correspondiente.
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