El Santo Oficio
Ángel | Blanco
massiosare@msn.com
] Twitter: MrPapazito

¿Es culpable el gobernador Ángel Aguirre de la muerte de los estudiantes de la Escuela Normal «Isidro Burgos», de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero? Nos guste o no, la respuesta es, rotundamente, «¡No!».

¿De qué es culpable Ángel Aguirre?: De la tibieza, timoratez, de la desfachatez de delegar en ineptos (aunque la palabra correcta debería ser «estúpidos»), por meros compromisos políticos, la seguridad pública de los guerrerenses… además de gobernar caciquilmente un estado que anhela ya actualizarse con los cambios propios del Siglo 21.

Conforme a ley, Ángel Aguirre es responsable de todo lo que ocurra en Guerrero porque para eso se le confirió el derecho como gobernador del estado.

Conforme a ley, Ángel Aguirre –por ética política y sentido común- no debería esperar que el Presidente de la República o el grueso de la sociedad exija su  renuncia, porque debería estar consciente que como gobernador le ha fallado a Guerrero, no ha sido capaz de garantizar la seguridad ni la estabilidad de los guerrerenses, más bien, ha privilegiado a los saqueadores de las riquezas del estado y se ha enriquecido, junto con su camarilla, a costa de los guerrerenses, contraponiendo los preceptos establecidos en la Carta Magna del Estado Libre y Soberano de Guerrero, lo que es suficiente para que, con valor civil, Ángel Aguirre Rivero, tome sus maletas y deje vacante «Casa Guerrero» para alguien que de veras le interesen los guerrerenses, no su camarilla  ni solo los reflectores de la prensa, como bien le decía Zeferino Torreblanca hace casi dos décadas, cuando acuso a Aguirre de ser un «gobernante de papel», porque le gustaba gobernar a través de los medios de comunicación.

Este es el «pecado» de Ángel Aguirre, ser un gobernador suplantado, mediático, desobligado, nepotista, paternalista, soberbio, caciquil y obcecado…. la ‘masacre’ de los normalista de Ayotzinapa no convierten a Ángel Aguirre en asesino, solo exhibe el saldo de sus torpezas políticas.

Si de algo es ‘asesino’ Ángel Aguirre es de los sueños rotos y esperanzas truncas del casi el 80 por ciento de los más de 666 mil 294 guerrerenses que el 1 de abril del 2011 cifraron su confianza en un hombre que prometió transformar Guerrero en una tierra de oportunidades, promesa que solo el 20 por ciento restante de esos 666 mil votantes vio cristalizada, incluida su parentela, que realmente son quienes disfrutan las ‘oportunidades’ de enriquecerse a manos llenas mientras los guerrenses viven ‘a salto de mata’, huyendo de las balas y las injusticias, o como judíos errantes en su propia tierra.

Pero, por favor, «que no panda el cúnico», que no nos gane el fanatismo, tratemos de ser ecuánimes: «Cada individuo es responsable de sus actos» y «cada uno es responsable de su bien o su mal», dice acertadamente el dicho.

Ningún fin justifica un homicidio, y todo acto de sangre «inocente» es sumamente condenable.

Lamentable, en grado superlativo, la barbarie de Iguala; irrefutable solidaridad con los deudos de los jóvenes acribillados «por error» (entre comillas), pero… ¿criminalizar al gobernador por un «accidente» (también entre comillas) que solo quienes lo perpetraron sabían si había una base para frenar el arribo de los normalistas a Iguala, suponiendo que así fueron los hechos, tal como ocurrió en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995?

En aquel «incidente», los ‘ocesistas’ de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) ya tenían hastiado no solo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer con sus desmanes, también la sociedad estaba harta de tantos bloqueos y marchas que perturbaban la estabilidad social.

En Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, 17 campesinos murieron tras ejecutarse una orden mal interpretada. El «accidente» le costó el cargo a Ruben Figueroa, pero esas diecisiete vidas han sido, hasta el día de hoy, botin de propios y extraños pues de sus muertes y lucha ya casi nadie se acuerda: el «cuero» dio todo lo que tenía que dar, y solo unos cuantos rapíñeros sigue tratando de exprimir la última gota de sangre de la famosa «Masacre de Aguas Blancas», la ‘rifa del tigre’ que le cambio la vida, por cierto, a Ángel Aguirre Rivero, en 1993, y le puso «un nuevo horizonte» en su carrera política.

¿MIEDO, IMPOTENCIA, COMPLICIDAD?

Uno de los normalistas «se acababa de estrenar como padre, y llevaba apenas un mes en la normal de Ayotzinapa», leí en un artículo. Rabia e impotencia no son suficientes par devolverle la vida a un joven que nadie más sabrá si habría destacado como buen padre, buen estudiante o buen maestro, si las balas accidentales o bienintencionadas de Iguala no se hubieran cruzado en su camino.

Sin embargo, no está demás preguntar: «¿Estaría vivo Julio César Mondragón, «El Chilango», si se hubiese dedicado a estudiar en vez de ceder a las presiones de salir a secuestrar autobuses, bloquear calles y enrolarse en el vandalismo juvenil? No debemos olvidar que los muchachos de Ayotzinapa ya habían pretendido robar, secuestrar, unos autobuses en Chilpancingo para sus «mítines» en Iguala, pero la policía se los impidió; así que era obvio que la policía igualteca estuviera alerta sobre la presencia de estos buenos muchachos con antecedentes vandálicos, más si se trataba de prevenir una posible irrupción en el informe de labores de la presidenta del DIF Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa. ¡No por algo temían a los ‘ayotzinapos’, todo mundo sabe cómo son sus mítines y cómo terminan!

(Entre paréntesis quiero preguntar enérgicamente, sin ambigüedades: ¿Dónde han estado los padres de estos jóvenes que hoy exigen justicia pero que  nunca han sabido disciplinar a sus hijos o, mínimo, aconsejarlos, para que se alejen del peligro o de actos beligerantes, delincuenciales? ¿Qué no la educación comienza en casa?).

Leí también, con atención y buen juicio, la serie de comentarios, reportajes y reflexiones de todo tipo en torno a la ya conocida «Barbarie de Iguala». La mayoría está cargada de odio y rencor contra el gobernador Ángel Aguirre y unos pocos se rasgan las vestifuras a favor, no de la Escuela Normal «Isidro Burgos», de Ayotzinapa, cuna del guerrillero legendario atoyaquense Lucio Cabañas Barrientos, sino de sus estudiantes, a quienes casi tratan de beatificar pese a su accionar delincuencial, totalmente alejado del perfil de un verdadero estudiante, en el estricto sentido de la palabra.

Desde el inicio de la presente administración, los normalistas de Ayotzinapa hicieron saber a Ángel Aguirre su modalidad de diálogo y peculiar estilo de exponer sus demandas, muchas de las cuales, por cierto, les fueron escuchadas, aunque con un condicionamiento justo: que se portaran bien y que se pudiera a estudiar, cosa que pareció no ser del agrado total de los normalistas, que exigían canongías, plazas y privilegios, pero sin dejar sus actos delictivos.

Quizá exagero al hacer uso de palabras no propias tanto de una como la otra parte, pero en suma, para un periodista que ha seguido con especial atención el «Caso Ayotzinapa», puedo dar fe de que buen porcentaje de las exigencias de los estudiantes de esa escuela rural fueron correspondidas.

Con los «ayotzinapos» ocurre lo mismo que con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que quieren incrementos salariales, privilegios, pero no someterse a una actualizacion educativa que benefecia a todos: a Guerrero (en el aspecto de los honrosos índices de analfabetismo que nos sitúan en los primeros lugares a nivel nacional), a los guerrerenses y a ellos mismos, en su prestigio de mentores, principalmente.

Pese a lo que argumenten quienes defienden a los nornalistas de Ayotzinapa, cuando referí que «cada quien busca su propio bien o su propio mal» no significa que concuerdo con el doble «escarmiento» que se le ha dado a los normalistas de la «Isidro Burgos» desde diciembre de 2011, no, ni de broma.

Solo aludo al hecho de que es posible que alguien en Iguala –y no precisamente la sociedad igualteca–, haya llegado al clímax de su tolerancia y, a falta de iniciativa municipal o estatal, decidió hacer justicia por su cuenta, salvo que se equivocó y se llevó entre su «justiciera» decisión a almas inocentes, dicho con toda claridad, tal y como fueron los hechos.

Al respecto, no hay argumentos para aceptar la estúpida excusa del procurador Iñaki Blanco Cabrera al pretender responsabilizar al crimen organizado de dicho crimen, aunque no ande tan errado. No obstante, si lo asegura es porque tiene pruebas. De ser así, ¿por qué sigue tan obcecado el gobierno de Ángel Aguirre en omitir sus responsabilidades para combatir las «fuerzas del mal»?

¿Miedo, impotencia, complicidad?  Si es así, ¡entonces sí, Señor Gobernador, usted debe renunciar!

El contrato del 1 de abril del 2011 con usted incluía seguridad, paz social y progreso, no miedo, impotencia, complicidad, corrupción, injusticias, enriquecimiento ilícito, ni descarado nepotismo.

Iguala deja claro que tanto autoridades estatales como municipales son culpables de omisión, al suponer y/o conjeturar que la prevención del delito es exclusiva de la Federación, cuando la Constitución Política delega en las autoridades estatales y de los municipios la prevencion del delito y el resguardo de la seguridad de sus gobernados, jamás dice que en el apartado de seguridad pública al estado y municipio solo corresponde la cacería de «delincuentes menores», «borrachos que atenten contra la moral y las buenas costumbres» o la «persecución de periodistas ‘non gratos’ para el huéspede de ‘Casa Guerrero’ y sus esbirros».

¿DELINCUENTES ANORMALES O ALMAS EN PENA?

El 12 de diciembre del 2011, desde Casa Guerrero se emitió la orden de «limpiar» la Autopista del Sol de estudiantes que bloqueaban ambos carrilles de dicha arteria federal en demanda de una «audiencia con el gobernador».

Ángel Aguirre sabía que utilizar la palabra «detener» conllevaría a una matanza. «Aguas Blancas» le había enseñado que no era buena idea mandar a detener a ningun manifestante, pues si los campesinos de la OCSS «sacaron sus machetes y comenzaron a disparar» y así fueron abatidos, corría el peligro de que los normalistas sacaran sus   piedras y se pusieran a disparar a las fuerzas del orden, por ello la palabra para desalojarlos de la autopista fue «limpiar», olvidando que en el léxico del crimen organizado, del cual forman parte muchos de los policías bajo su mando, limpiar significa «levantar», «asesinar», «no dejar huellas ni testigos», cosa que hicieron — al pie de la letra– los muchachos comandados por Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia, y Ramón Almonte Borja, ex secretario de Seguridad Pública, quienes sirvieron de chivos expiatorios en el experimento de la orden «limpiar», mientras los super asesores del gobernador, Humberto Salgado Gómez y Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez se lavaban las manos, en tanto Ángel Aguirre sorteaba también fuertes críticas y regaños, tras la muerte de dos estudiantes que proyectaron gratuitamente al gobernador guerrerense a nivel mundial como ninguna campaña mediática lo había hecho antes, hasta ahora.

Desde entonces, Ángel Aguirre se convirtió en el villano de la tragicomedia «Ayotzinapa».

Los normalistas son los héroes, las víctimas, todo lo que les pase tiene un autor: Ángel Aguirre Rivero… desafortunadamente, nadie es más culpable que el mismo gobernador de ser rehén de los caprichos de estos «estudiantes» que solo manifiestan sus «inconformidades» porque «el estado no les hace caso», aún cuando el estado mismo les ha condonado órdenes de aprehensión, les ordenó una dieta mensual para la atención de sus necesidades básicas, les dotó de transporte propio para que no siguieran robando los autobuses del tranporte público, además de plazas y otras canongías que parece no sacian la naturaleza vandálica de estos estudiantes de «cuna humilde».

Alguna vez escuché decir a unos de los asesores del ex director general de Comunicación Social, Pedro Julio Valdez Vilchis, «El Litentiado», que al «Jefazo» le habían sugerido no actuar contra los peyorativamente llamados «ayotinapos» porque estos tenían el respaldo de la sociedad, y que lo mejor era ser «apapachador», «conciliador», sobrevellarlos con «píldoras» en tanto terminaba su mandato, no obstante que Ángel Aguirre tenía intenciones de tomar acciones en  la famosa Escuela Normal Rural «Isidro Burgos».

Es posible que hoy más que nunca Aguirre Rivero lamente hacer tanto caso de los sabios consejos de sus flamantes, desquiciantes y despampanantes súper asesores, pero es tarde. Hoy los ojos de la Presidencia de la República, además del orbe, están puestos en Guerrero. En el aspecto político, la gubernatura del 2015 se halla en manos de Enrique Peña Nieto, de nadie más.

Es posible que Aguirre lamente como nunca antes haber dicho que aunque sabía de las latrocinades de su pandilla no podía hacer nada porque son sus «amigos, parientes y compadres». Ese paternalismo caciquil tiene hasta Ángel Aguirre Herrera, su heredero, hasta fuera de la silla presidencial de Acapulco.

Ayotzinapa, versión 2.0, fortalece a los enemigos de Ángel Aguirre y debilita a todos sus aliados congregados en la llamada Izquierda Progresista de Guerrero (IPG).

En tres años, los «ayotzapos» han ganado 2 de 2, pese a que sus actos delincuenciales del orden federal son suficientes para actuar con eficacia y plena actuación de la ley contra este nuevo «Cártel de los Ayotzinapos» que no decapita, no trafica con drogras, pero sí tiene a Guerrero y a su gobernador desde donde se controla la virilidad del más bronco sobre la faz de la tierra: los testículos.

De sobra se sabe que para tal efecto el gobernador en turno nombra un procurador de Justicia y a un secretario de Seguridad Pública para que pongan orden en el estado, pero pareciera que Ángel Aguirre buscó en la serie televisiva ochentera «Aventuras en Pañales» a los más inberbes «rugrats» para comisionarlos al resguardo del orden público y las áreas estratégicas de su administración. El único que actúa, dirige, exige y manda es el «rugrat» mayor, Ernesto Aguirre Gutiérrez, el usurpador consentido de Casa Guerrero, a quien Ángel Aguirre ha nombrado amo de todos sus bienes, incluído el Poder Ejecutivo del estado, lo que le ha llevado a tropezar con la misma piedra puesta en su camino –como a propósito– por su mismo séquito de testaferros.

Según los artículos 160 a 172 del Código Penal Federal, inclsuive, y 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los «Ataques a las vías de comunicación«, el «Secuestro» y la «Delincuencia Organizada«, son delitos federales sancionados con cárcel (olvidémonos un momento de las sanciones económicas). Los muchachos de Ayotzinapa son culpables de estos tres delitos federales. Los abnegados estudiantes de Ayotzinapa, que en estos momentos tienen los reflectores y la solidaridad de medio México y el mundo a sus pies, sólo han sido víctimas pero de la compasión de un gobernador perdido entre el populismo y las cuotas de poder, pues en otras condiciones, en otro estado, bajo otro régimen, tantos los maestros de la CETEG como los normalistas de Ayotzinapa, incluido el «Forajido Justiciero» de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, estarían pintando las paredeces de algun penal de máxima seguridad, porque los delitos consumados de todo estos llegarían casi a la cima del cielo, irónicamente hablando, desde luego.

Desde que se tiene noción de ellos, los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» han sido estigmatizados como vándalos, delincuentes juveniles y hasta terroristas, y no por el estigma o prejuicio de provenir de cunas humildes o la pobreza extrema y estudien en Ayotzinapa, no, sino porque sus actos delictivos han eclipsado sus buenas intenciones –que deben ser muchas, hay que darles crédito–, pero por algo dice el dicho que «quien con lobos anda a aullar se enseña».

Quizá necesiten guía, quizá necesiten comprensión, quizá necesiten orientación, pero quienes exaltan sus actos vandálicos, quienes los ven como víctimas, aunque porten con honor el ropaje de lobos, solo están fomentando sus actos delictivos, solo están incitándolos a mejorar sus tácticas delincuenciales.

Quienes les aplauden y vitorean solo están diciéndoles «¡van bien, que les valga madre el hartazgo de la sociedad por sus actos vandálicos, secuestros de unidades, robos a pasajeros y la toma de las vías de comunicación!». ¿Pero a la sociedad quién la respalda? ¿Quién se solodariza con quienes pierden sus empleos por llegar tarde? ¿Quién reemplaza el bebé que una madre pierde en un bloqueo? ¿Quién devuelve la vida al niño que muere en medio de un bloqueo, por no llegar a tiempo a que le apliquen el suero contra un piquete de alacrán? ¿Estas víctimas no cuentan?

Los «ayotzinapos», como el crimen organizado, mientras encuentren eco a sus fechorías, mientras haya medios que difundan sus ‘hazañas’, mientras haya periodistas ‘solidarios’ con sus ‘causas’, seguirán haciendo lo suyo.

En Iguala murieron varios jóvenes deportistas, ¿ya no cuentan?

¿Será porque no estudiaban en Ayotzinapa que no merecen voces extras para demandar justicia? ¿Será porque Ayotinapa genera más morbo, más audiencia, más golpeteos para el gobernador del estado?

Cual fuere el caso, Ángel Aguirre está a tiempo de sacudir el viejo traje Hugo Boss que le da clase, pero no lo exime de generar una imagen de nobleza excesiva que lo tiene al borde del cataclismo político y el ocaso de su carrera. Está a tiempo de ‘ponerse las pilas’, equiparse de valor civil, detectar el peligro y actuar, no dejar que germine.

Tras el escándalo del presidente de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares Salgado, acosado por La Familia Michoacana, Ángel Aguirre había dicho que se investigaría a todos los presidentes municipales y que quien resultara con vínculos al crimen organizado o el narcotráfico sería sujeto a investigaciones.

Pero aunque se desataron fuertes ‘especulaciones’ (entre comillas) en torno a los nexos con el crimen organizado de los alcaldes de Iguala (José Luis Abarca Velázquez) , La Unión (Crecencio Reyes Torres), Tierra Colorada (Elizabeth Gutiérrez Paz) y hasta Chilpancingo (Mario Moreno Arcos), el gobernador bajó la guardia, se hizo el desentendido y optó por llevarsela tranquilo… y aquí están las consecuencias.

Muchos especularon sobre la tibieza de Ángel Aguirre ante las denuncias fundamentadas contra alcaldes vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. En respuesta, el gobernador contrató los servicios de un  forajido al que le dio una dieta mensual de 380 mil pesos para encabezar una camarilla de «justicieros» rurales y se avocara a la supuesta cacería de delincuentes del orden federal y, de paso, desviaran las ‘especulaciones’ sobre tu omisión de combatir a los grupos criminales asentados en el estado. Bruno Plácido Valerio, el «Forajido Justiciero», empero, se tomó las cosas muy a pecho y desató los demonios por todas partes; ahora es el enemigo número uno de quien lo creó.

A la luz de los hechos, Ángel Aguirre sabía, sabe, que compromisos muy fuertes le impiden meterse con el tema del narcotráfico y el crimen organizado, más cuando insistentemente se le ha acusado de proteger a uno de sus primos, Víctor Aguirre Grazón, jefe del denominado Cartel Independiente de Acapulco y de los grupos criminales «Comando del Diablo» y «La Barredora».

Peor aún, en noviembre del 2012 la dirección general de Comunicación Social del Gobierno del Estado fue alertada sobre un video donde la supuesta suegra del alcalde de Iguala, Leonor Villa Ortuño, acusaba a Ángel Aguirre de haber recibido financiamiento ilícito del Cártel de los Beltrán Leyva para su campaña  para gobernador del estado en el 2011.

Personalmente aún recuerdo la reacción de Pedro Julio Valdez Vilchis, entonces vocero oficial del estado: «Son puras mamadas».

Esas «mamadas», lamentablemente para quienes malaconsejan al mandatario estatal, le están saliendo caras al gobernador de Guerrero, con severos daños colaterales para su grupo en el poder.

¡Que no diga que no tuvo amigos que le advirtieron de lo que sus fieles amigos, compadres, parientes y flamantes asesores no le decían para no «incomodarlo».

El «Caso Iguala», insisto, no criminaliza a a Ángel Aguirre, pero sí exhibe las verdades que Aguirre sabía y que no quiso admitir como fundamento para dar inicio a las investigaciones correspondientes contra los alcaldes con presuntos nexos con el narcotráfico, y eso lo hace culpable de omisión y desde esa óptica, como gobernador, sí es corresponsable de lo ocurrido a los estudiantes y deportistas acribillados en Iguala.

No obstante, no debemos perder de vista el hecho de que el responsable directo de esta barbarie tiene nombre: José Luis Abarca Velázquez, alcalde prófugo de Iguala, a quien el procurador Iñaki Blanco Cabrera evade involucrar por obvias razones que revela la suegra del edil igualteco, Leonor Villa, durante el interrogatorio presuntamente realizado por la Policía Federal, tras el arraigo que la PGR le hizo para profundizar las investigaciones, tras la captura de la familia política completa de Abarca Velázquez en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, el 5 de mayo del 2009,  en su búsqueda de unos de los integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, Alberto Pineda Villa, «El Borrado», uno de los narcotraficantes más buscados por el Gobierno de México.

En un comunicado, la dependencia federal informó, sin embargo, que la captura de «El Borrado» había sido fallida, pero que el detenido era nada menos que hermano de Alberto, y respondía al nombre de Salomón Pineda Villa, «El Salo», hijo de Leonor Villa y cuñado del alcalde de Iguala, «El Salo», quien se hacía llamar Juan Carlos Hernández González a fin de evadir la justicia

«El Salo», junto con sus padres, Salomón Pineda Villa, «Don Salo» o «Don Salomón», y Leonor Villa Ortuño, suegros del José Luis Abarca Velázquez, fueron arraigados por la PGR por su presunta responsabilidad en los delitos de «delincuencia organizada, contra la salud, portación de armas de fuego sin licencia, y los que resulten».

LA PGR añadió que «también fueron sometidos a la medida cautelar de 40 días librada por el Juzgado Primero Federal Penal especializado en Cateos, Arraigos, e Intervención de Comunicaciones, otros 11 detenidos, entre ellos Conrado González Moreno; Luis Javier Torres González, «Ponchito»; Rafael Segovia López, «Don Rafa»; Quintín Diego Rogel y Humbertina Villa Ortuño, hermana de Leonor Villa», entre otros.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) señaló que esta célula de los Beltrán Leyva en Cuernavaca se encargaba de enviar armas a otros miembros de la organización delictiva que operan en Guerrero y Michoacán.

¡Así nomás!

Ahora comprenderán por qué quienes se metían con las personas equivocadas –léase José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa— le tocaba ‘levantón o ‘piso’.

Ahí está el caso de Arturo Hernández Cardona y los tres miembros restantes de la organización Unión Popular de Guerrero (UPG) que amanecieron muertos tras hacerle la vida «imposible» al alcalde de Iguala.

El Gobierno del Estado se rasgó las vestiduras y advirtió que realizaría investigaciones exhaustivas para dar con el paraderos de los asesinos de los luchadores sociales de la UPG.  No obstante, ¿cual fue el veredicto? «Que lo mató el crimen organizado», concluyó también la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tras recibir la ‘ayudadita’ de los asesinos de Cardona, quienes dejaron una cartulina responsabilizando al bando contrario de su muerto: Los Rojos, enemigos acérrimos del cártel supuestamente comandado y protegido por el alcalde Abarca Velázquez, «Guerreros Unidos», el mismo a quien la PGJE ahora sí directamente responsabiliza del homicidio de los deportistas de Los Avispones de Guerrero y los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes «voces desconocidas» ordenaron «frenar» para que no interrumpieran un acto de la presidenta del DIF, María delo Ángeles Pineda Villa, celebrado en la Plaza de Las Tres Garantías.

Siendo así los hechos, no veo al «Aguirre asesino» que proclaman los fervientes seguidores de los ‘buenos muchachos’ de Ayotzinapa, sigo viendo al Aguirre ausente, al gobernador suplantado, que pende de un hilo pero que puede salir avante si se pone las pilas y se quita los hilos de sus nefastos titiriteros, aunque una cosa sí es cierta: A Ángel Aguirre la hace falta una buena limpia con huevos de guajolote o una  exhaustiva peregrinación de rodillas a la Basílica de Guadalupe, porque cada vez que detenta el poder le toca una masacre (El Charco, 7 de junio de 1998, Ayutla; Iguala, 27 de septiembre)… ¿será que una masacre apadrinó su suerte de ser dos veces gobernador de su estado?

LIMPIEZA SIN MALINTERPRETACIONES EN AYOTZINAPA

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa amerita una limpieza desde raíz, pero no una limpieza malinterpretada, sino real; devolverle la esencia de cuna noble de una generación de mentores preocupados por su patria sería el mejor legado que puede dejar Aguirre en la «Isidro Burgos». Pero ya la mision no es fácil, aunque tampoco imposible. Cuestión de enfoque, cuestión de valores, mejor dicho, de valor civil apegado a derecho.

Es válido el trasfondo de las exigencias de los normalistas, pero hay formas de exigir justicia. «En el pedir está el dar». Los muchachos de Ayotzinapa piden, exigen, demandan desde el  ángulo opuesto del buen pedir: la anarquía, el caos, la coacción, el terrorismo, el secuestro, el vandalismo, la delincuencia organizada.

No es lo mismo pedir por favor que «a huevo».

Secuestrar, injuriar, amenazar, aterrorizar a inocentes, no es de luchadores sociales, de aspirantes a docentes o promotores del progreso, es de cobardes, de delincuentes organizados.

Cuando la exigencia se mezcla con amenazas, golpes, sometimiento, vandalismo y violencia extrema, se convierte en delito grave.

Los mentores de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lo saben, muchos estudiantes de esa escuela deben saberlo.

Si Lucio Cabañas viviera estaría avergonzado de sus congéneres normalistas, pues aunque su lucha de justicia social y progreso no prosperó, al menos no murió en vano ni en el intento ni en un «accidente» orquestado entre el crimen organizado con el patrocinio del propio gobierno, tal como ‘sospechan’ que pasaron las cosas en Iguala.

A Lucio lo quería su pueblo, lo admiraba la gente y lo respetaba el gobierno, pero porque Lucio de veras ansiaba un cambio, detestaba las injusticias; Lucio Cabañas no solo simulaba ser un luchador social, actuaba como tal y murio como tal. Lucio actúo, luchó, murió sin poner en riesgo a inocentes. La sangre inocente fue derramada por el gobierno a modo de justificación para acabar con la insurgencia promovida por Cabañas contra la opresión guberamental contra los pobres.

¿Por qué idealismo luchan los ‘ayotzapos’, en honor a qué han ofrendado sus vidas, qué legado pretenden dejar a sus congéneres?

Mejor aún, ¿se han ganado el respeto de la sociedad? ¿Los respeta el gobierno, los admira la gente?

Por eso insisto, muy a título personal, que secuestrar, injuriar, amenazar, aterrorizar a inocentes, no es de luchadores sociales, de aspirantes a docentes o promotores del progreso, es de cobardes, de delincuentes organizados. Ángel Aguirre lo sabe, su caricaturesco procurador Iñaki Blanco también lo sabe, ¡pero sólo Dios sabe que esperan para actuar conforme a derecho y poner orden en casa!

Y antes de que se desrienden las disfónicas voces de los defensores de los ángeles de la «Isidro Burgos» confundidos con demonios, aclaro: este artículo es mi punto muy personal sobre el caso. Cada quien es libre de emitir sus propios juicios sin recibir de nadie sugerencias ni exigencias para normar sus criterios.

P.D. Sin daños a terceros… y con estricto apego a la libertad de expresión que el mismo gobernador juró respetar, sin represalias de ninguna índole, desde el inicio de su mandato.

A continuación, la noticia que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sacó a la luz pública sobre los nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con el Cártel de los Beltrán Leyva y el grupo criminal Guerreros Unidos, comandados por un cuñado del presidente igualteco con licencia.

El alcalde de Iguala y su esposa, vinculados a los Beltrán Leyva

] MÉXICO * 7 de octubre.
Marco Alberto Pineda Villa y Marco Antonio Pineda Villa, liquidados en 2009, eran integrantes del cártel de los Beltrán Leyva; ambos eran hermanos de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa, indicó el periodista especializado en temas del narcotráfico, José Reveles.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, señaló que los Beltrán Leyva se fueron desperdigado en pequeños grupos.

De los Beltrán Leyva surgieron Guerrero Unidos y Los Rojos, que entraron a una constante disputa por territorio.

La hermana de los Pineda Villa, indicó, “estaba en campaña para quedarse con la presidencia municipal”, después de Abarca. Pero la violencia escaló a niveles insospechados en el municipio, el alcalde pidió licencia para separarse del cargo y hasta ahora no es localizado ni él ni su esposa.

“Aquí pareciera que la toma de la alcaldía se da por personas vinculadas a este cártel”, señaló Reveles.

Esta red incluye joyerías en Taxco y otros lugares; “son gente poderosa que habría obtenido sus recursos por acciones ilegales”, apuntó.

Respecto a las narcomantas que dicen que “ya empezó la guerra” en Iguala, el periodista las consideró “demasiado obvias, estridentes, como para que tengan un origen real”.

Lo que ocurre en Iguala, advirtió, podría extenderse, encontrando más fosas.

Lamentó que “todo mundo está llegando tarde”: la PGR, la Gendarmería, el gobernador…

“Esto se viene dando a conocer desde el 26 de septiembre… (ahora) se están tapando agujeros, valdría la pena una política integral, no se trata de Iguala, sino de todo el país”, sostuvo Reveles.

Los vínculos de la “primera dama” y el alcalde

En el mismo sentido, este martes El Universal dio a conocer un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) el cual confirma que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala con licencia, tiene estrechos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la zona norte del estado de Guerrero.

Gracias a los nexos de su esposa, suegra y cuñados con el extinto Arturo Beltrán Leyva, Abarca Velázquez, “quien sirvió a este capo de lavador y prestanombres, pudo levantar en pocos años una fortuna considerable”, dice el documento en poder del diario.

El informe está titulado “Avances en la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero”, fechado el 1 de octubre pasado.

El documento apunta que el alcalde logró sobornar a las dirigencias estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de diversos mecanismos, como la entrega de dinero en efectivo y apoyos en especie destinados a la operación de dichos comités.

Además, uno de sus cuñados, de nombre Salomón Pineda Villa El Molón, estuvo preso en el Cefereso de Matamoros, Tamaulipas, cumpliendo una condena por delitos contra la salud. Fue liberado en junio de 2013 y de forma inmediata retomó sus actividades criminales y se convirtió en el jefe de plaza en Iguala para el cártel Guerreros Unidos.

María Leonor Villa Orduño, la suegra de Abarca Velázquez, también se encuentra relacionada con Arturo Beltrán Leyva, dado que fungió como su operadora y prestanombres.

Sobre los hechos violentos del pasado 26 de septiembre, el documento establece que luego de realizar una movilización en Iguala, un grupo de alrededor de 100 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos pretendía trasladarse a la Plaza de las Tres Garantías, ubicada en zócalo de esa población, donde a las 18 horas la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa, rendiría su segundo informe de labores como presidenta del DIF Municipal.

Por ello, señala que Pineda Villa le ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, que no debía permitir que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual debía de implementar un operativo que frenara su avance y los replegara.

Por ello, el jefe policiaco exigió el traslado de decenas de policías municipales con la tarea de frenar a los estudiantes, lo que cual derivó en un ataque directo, que hasta ahora deja 6 asesinatos y 43 desaparecidos. Y 28 cuerpos enterrados en fosas, cuyas identidades están por confirmarse. ] Aristegui Noticias

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