ERNESTO | NÚÑEZ ALBARRÁN
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La instrucción que dejó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, el pasado lunes 12 de diciembre, fue muy clara.

“Hay que destazar al INE”, dijo ante decenas de morenistas y senadores de las bancadas aliadas (PT, PVEM y PES), que escuchaban atentos las instrucciones del enviado del presidente para concretar el “plan B” de la reforma electoral.

El funcionario acudió a la Cámara alta para apretar tuercas y garantizar un cierre de filas en torno a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, pero se encontró con la resistencia del coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, quien en ese momento preparaba un documento en el que señalaba 21 vicios de inconstitucionalidad contenidos en la reforma, y con la inconformidad de los partidos aliados, PT y Partido Verde, quienes habían perdido en el dictamen a discusión en Comisiones de la Cámara Alta lo que sus “duendes” habían ganado una semana antes en San Lázaro, en la madrugada del 7 de diciembre: una cláusula que les daría vida eterna al reintroducir en la ley la posibilidad de transferirse votos en candidaturas comunes.

Un día antes, habían circulado entre los senadores un par de dictámenes que contenían -y modificaban- las minutas enviadas por la Cámara de Diputados tras un polémico y opaco proceso de aprobación que inició el martes 6 de diciembre, mientras se desechaba la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, y culminó en la madrugada del miércoles 7 en medio de vítores de una mayoría que ni siquiera se había enterado de lo que estaba votando.

En el primer dictamen estaba todo aquello que modifica de fondo la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y el Tribunal Electoral: más de 300 cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General del Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), así como la expedición de una nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LMIME).

En el segundo dictamen estaban los cambios al modelo de comunicación política que, de 2008 a la fecha, han permitido al INE sancionar a funcionarios públicos por violar el principio de imparcialidad al que los obliga el artículo 134 constitucional. Las más de cien reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas reinterpretan el concepto de propaganda gubernamental y amparan en el derecho a la libertad de expresión la posibilidad de que los gobernantes emitan opiniones y comentarios durante los procesos electorales.

Se supone que el Senado corregiría los errores de procedimiento de la Cámara de origen, limpiaría las disposiciones contrarias a la Constitución, y eliminaría las concesiones a los aliados de Morena que el propio presidente criticó en la mañanera del viernes 9 de diciembre.

Pero no fue así.

Con el tiempo encima, pues el periodo ordinario culminaba en el último minuto del jueves 15, el secretario de Gobernación instruyó a las bancadas oficialistas apurar el proceso legislativo y, aunque habría admitido que Monreal tenía razón en seis de sus 21 advertencias sobre la inconstitucionalidad de la reforma, su instrucción fue directa: concluir a tiempo para que la Cámara de Diputados pudiera procesar las modificaciones que eventualmente harían en el Senado.

Las Comisiones dictaminadoras se reunieron por separado y no en sesión de Comisiones Unidas como habían sido citadas, y el mismo lunes aprobaron los proyectos de dictamen, con la notoria abstención del Partido Verde.

Al día siguiente, martes 13, el pleno sólo corrió el trámite de Primera Lectura a los dictámenes, pues la rebeldía había aflorado en los partidos satélite de Morena, cuyos dirigentes y legisladores pidieron una cita al secretario de Gobernación en su oficina de la calle Bucareli.

Según reportes de prensa, en esa reunión se decidió incorporar nuevamente la cláusula de vida eterna, al permitir que los partidos firmen un convenio de distribución de votos en candidaturas comunes, que impediría quitarle el registro a aquellos partidos que por sí mismos no obtengan el 3 por ciento de la votación.

Con los votos de sus aliados amarrados, Morena se fue a pleno para votar los dictámenes, con dos acuerdos sobre la mesa: la mayoría aprobaría la reserva del Partido Verde para incorporar la nueva cláusula de vida eterna y Ricardo Monreal, coordinador parlamentario, votaría en contra por considerar inconstitucional la mayor parte de la reforma, pero dejaría a su grupo decidir en libertad.

Ambas cosas ocurrieron: el senador del PVEM Israel Zamora inscribió la reserva y, tras un ríspido debate en el que la oposición censuró la prostitución de la política, la cláusula de vida eterna fue incorporada al dictamen aprobado en la Cámara alta.

Monreal, por su parte, explicó en tribuna sus razones para votar en contra -y así lo hizo-, pero sólo convenció a un compañero de bancada de hacer lo propio: Rafael Espino.

Morena, PT, PVEM y PES concretaron la aprobación de la reforma con más de 60 votos durante la mañana del jueves 15, y la enviaron a la Cámara de Diputados con las modificaciones hechas en el proceso.

Esa misma mañana, el presidente volvió a censurar el acuerdo con la chiquillada y, molesto, advirtió que si la Cámara no corregía eso él vetaría la reforma.

La advertencia presidencial resonó fuerte en San Lázaro, donde la sesión pudo iniciar hasta las seis de la tarde, pues el Partido Verde se resistía.

Finalmente, fue el propio coordinador del PVEM, Carlos Puente, quien anunció en rueda de prensa la renuncia de su partido a esa cláusula, con tal de darle viabilidad al plan B, que más allá de las modificaciones propuestas por los aliados de Morena, conservaba todas y cada una de las reformas que para el presidente eran prioritarias y que Adán Augusto resumió en su consigna de “destazar al INE”.

La reforma fue votada por la Cámara de Diputados durante la noche del jueves.

El dictamen que no sufrió modificaciones (Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas) pasó directamente al Ejecutivo, para que éste lo publique y entre en vigor.

El dictamen más robusto, que modifica cuatro leyes, fue devuelto al Senado, tanto para revisar la reserva que de última hora metió el PVEM para desistirse de la cláusula de vida eterna, como para procesar el envío de lo no modificado al Ejecutivo.

Al final de cuentas, la parte sustancial de la reforma no pudo concluir su trámite legislativo, pues a la hora en la que la Cámara aprobaba los dictámenes el Senado ya había bajado la cortina.

Será hasta febrero, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones -o en un periodo extraordinario en enero-, cuando se concluya todo el proceso legislativo.

Vendrán entonces las controversias constitucionales, los amparos y toda una batería de acciones legales anunciadas por la oposición y por el propio Instituto Nacional Electoral.

Pero, al margen de los recursos legales que se enderecen en contra del plan B, el escenario de su implementación luce complicado.

En primer lugar, para el mes de febrero la Cámara de Diputados ya estará metida de lleno en el proceso de designación de cuatro nuevos consejeros del INE.

La salida de Lorenzo Córdova de la presidencia del Consejo General, de la consejera Adriana Favela y los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña está programada para el 3 de abril.

La reforma conocida como plan B entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y contiene 31 artículos transitorios que obligan al INE actual a iniciar una modificación de fondo, con plazos de tres meses que ya será imposible cumplir, pues la reforma fue redactada para entrar en vigor en diciembre, no en febrero.

Esas adecuaciones implican, entre otras medidas radicales, disolver la Junta General Ejecutiva, crear una Comisión de Administración, compactar siete direcciones ejecutivas del INE en tres, cesar al actual secretario ejecutivo, prescindir de mil 500 vocales ejecutivos en las 300 Juntas Distritales, modificar reglamentos internos y crear un plan de revisión, redimensionamiento y compactación en todo el instituto y sus órganos desconcentrados, lo que podría implicar el despido de miles de funcionarios, entre ellos más de dos mil del Servicio Profesional Electoral.

Para todo ello, los redactores del plan B establecieron plazos de tres a seis meses contados a partir de diciembre, los cuales ya no cuadran al entra en vigor hasta el mes de febrero.

Si alguien en la 4T buscaba que fuera el propio Lorenzo Córdova quien cumpliera la orden de “destazar” al INE antes de dejar el cargo, ya no conseguirá ese objetivo, pues entre febrero y abril seguramente se estarán procesando los recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El futuro del plan B es incierto, pues el proceso electoral de 2024 inicia formalmente en septiembre de 2023 y la Constitución (artículo 105) establece que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes y no pueden modificarse en el mismo periodo.

Eso implica que para el último día de mayo de 2023 las leyes reformadas deberían ser promulgadas y deberían estar resueltas todas las controversias.

Para ese entonces, ya habrá una nueva presidencia y tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, que requerirán de claridad normativa para cumplir con su función.

Si el plan B está firme para entonces, les tocará la ardua tarea de “destazar” una institución que lleva ocho años aplicando un modelo de por sí complejo e imperfecto en 330 procesos federales y locales, con altos grados de alternancia política y mínima conflictividad postelectoral.

Deberán reconstruir a partir de lo que quede; organizar y arbitrar las elecciones más grandes y complejas de la historia (las de 2024) en medio de una gran incertidumbre.

Y lo que es peor: si el plan B se confirma, se habrá roto la máxima de “certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado” -propio de las democracias funcionales-, y se habrá sembrado la semilla del conflicto para el 2024.

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