CHILPANCINGO, Gro. * Mayo 1, 2024.
) Congreso de Guerrero
La diputada Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para establecer un plazo específico de 10 días para que la autoridad electoral administrativa del estado dicte medidas cautelares ante quejas y/o denuncias presentadas por violencia política en razón de género contra las mujeres.

Al exponer desde tribuna los motivos de su iniciativa, la legisladora refirió que lo que se pretende es establecer un plazo en la etapa de instrucción, con la finalidad de que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero tenga la oportunidad de emitir una resolución en breve, garantizando con ello una tutela jurisdiccional plena.

Lo anterior, precisó, es porque la violencia política en razón de género contra las mujeres es un problema social que violenta los derechos políticos electorales, que se manifiesta de diversas maneras, desde la intimidación hasta la exclusión deliberada de espacios de decisión, lo que impide la igualdad sustantiva y atenta contra la democracia paritaria.

“Es importante establecer un plazo para la implementación de medidas cautelares porque con esto se garantiza la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, con el objeto de conservar la materia del litigio y evitar un daño irreparable a las partes y a la misma sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento”, abundó.

Mencionó que si bien es cierto ya existen mecanismos para erradicar la violencia política de género, las autoridades administrativas-electorales no actúan de manera oportuna, e incluso hay casos en los que tardan meses en admitir las quejas presentadas, excusándose en que se realiza la investigación para tener más elementos y poder admitir las denuncias, y con ello dictar las medidas cautelares correspondientes.

García Lucena agregó que el hecho de no dictarse medidas cautelares de manera inmediata en un proceso legal por violencia política de género, conlleva serias repercusiones en la seguridad de las mujeres, desincentivos para su participación política, perpetuación de la impunidad, deterioro de la democracia, daño a la reputación de las instituciones y violación de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, reiteró que es importante modificar la ley en mención para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, y favorecer su mayor participación en espacios de poder y toma de decisiones.

Esta iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Iniciativas

La Mesa Directiva dio lectura a oficio suscrito por Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, por la que remite iniciativa de reforma, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Premios Civiles del Estado, con el objeto de que el Premio Estatal al Mérito Indigenista «Cuauhtémoc» se convierta en la Condecoración «Cuauhtémoc», distinción con la que se reconocerán los méritos en la defensa social, estudio y manifestaciones intelectuales o culturales de los pueblos originarios indigenistas y afromexicanos. Fue turnada a la Comisión de Cultura.

Dictámenes

El Pleno del Congreso del Estado aprobó las solicitudes de licencia de Yareth Saraí Pineda Arce, Andrei Yasef Marmolejo Valle e Hilda Sofía Corona Mijangos, para separarse de los cargos de presidenta, primer síndico procurador y regidora de los ayuntamientos de Tlacoachistlahuaca, Chilpancingo y Acapulco, respectivamente.

También se aprobaron dictámenes por los que se autorizan las reincorporaciones a sus cargos de Jesús Yasir Deloya Díaz, presidente de Tecpan de Galeana, y de Álvaro González Maldonado, Jeicy Anaís Ríos Serna, Diana Areli Arias Gutiérrez, Sebastián Gómez González y Samir Daniel Ávila Bonilla, regidores y regidoras de los ayuntamientos de Alcozauca de Guerrero, Benito Juárez, Cuautepec, Tlapa de Comonfort y Chilpancingo, respectivamente.

Intervenciónes

La diputada Cynthia del Carmen Corona García intervino en relación con los 100 años de la celebración del Día del Niño en México, resaltando la importancia de hacer una reflexión sobre la inseguridad que priva en el estado y afecta a la infancia. En ese sentido, hizo un llamado a sus homólogos para renovar su compromiso con el bienestar, la educación y el futuro de las niñas y niños, partiendo de sus responsabilidades como representantes populares, y haciendo suma con todos los poderes del estado, organismos autónomos, dependencias de gobierno e instituciones, para garantizar seguridad, protección y el pleno ejercicio de sus libertades a todos los menores.
) acapulcopress.com

CHILPANCINGO * 16 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero
Para que al momento de registrar a una hija o hijo los progenitores puedan decidir libremente el orden de los apellidos, y que el juez del Registro Civil lo especifique de forma expresa, la diputada Jennyfer García Lucena presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado.

En la propuesta que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD expone que una de las decisiones más importantes para los padres es determinar el nombre de sus hijos e hijas, situación que es considerada como un momento personal y emocional que queda circunscrito en su esfera privada.

Detalló que, con respecto al nombre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el contenido de este derecho, señalando que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad.

Destacó, asimismo, que la elección del nombre está regida por el principio de autonomía de la voluntad, y en consecuencia, debe ser elegido libremente por la persona misma, sus padres o tutores, según sea el momento del registro, y que esto no puede quedar sujeto a ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima.

También abundó que la Corte Interamericana destacó la existencia de una obligación de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de garantizar que las personas sean registradas con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el caso, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la decisión de la elección del nombre.

“Una vez establecido que la decisión de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos se encuentra protegido por el derecho a la vida privada y familiar, esta iniciativa tiene la finalidad de que los padres, al momento de registrar a su hijo o hija, puedan decidir libremente el orden de sus apellidos, paterno-materno o materno-paterno”, apuntó.

La legisladora explicó que la redacción actual de artículo 323 del Código Civil del Estado no permite o autoriza que la madre pueda registrar en primer lugar su apellido, violando el derecho a la igualdad en razón de género, al señalar que primero debe ir el apellido paterno y luego el materno.

En ese sentido, manifestó que limitar el derecho de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos, a partir de prejuicios o medidas que pretenden perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares, resulta inconstitucional.

Intervenciones

El diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena) intervino con el tema “La Universidad Autónoma de Guerrero y su historia”, y ante la próxima renovación de la Rectoría, dijo que es pertinente saber acerca del modelo de universidad que se va a impulsar, tanto en términos económicos, tecnológicos y su vinculación con el sector productivo, de modo que encaje en la denominada cuarta revolución industrial, y continúe formando profesionistas con sentido humano, ético y crítico, que contribuyan a la consolidación de instituciones fuertes y éticas.

Por último, con el tema “Participación de funcionarios públicos en actos de campaña”, el diputado Héctor Apreza Patrón (PRI) cuestionó que el jefe de Oficina de la Gobernadora del Estado haya asistido en horario y días hábiles a un acto de campaña realizado en el Estado de México, lo que se contrapone a lo manifestado por la mandataria estatal sobre que los funcionarios públicos deben respetar la ley y no utilizar recursos públicos con fines electorales. Sobre este tema debatieron los diputados Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), Ociel Hugar García Trujillo (PRD), Joaquín Badillo Escamilla (Morena) y Jesús Parra García (PRI).

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CHILPANCINGO * 12 de abril de 2023.
) Congreso de Guerrero
La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley de Salud presentada por la diputada Jennyfer García Lucena, a efecto de establecer que las instituciones de salud particulares presten sus servicios de manera gratuita a personas de escasos recursos económicos, en al menos un cinco por ciento de su capacidad de atención.

En la propuesta, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD expone que el derecho a la salud es uno de los principales derechos humanos, elevado a rango constitucional desde 1983, para obligar a la Federación y los estados a garantizar el disfrute de este servicio de asistencia social.

Agregó que es un gran avance que el Estado haya creado leyes en materia de salud y tomado medidas para velar por que los habitantes tengan un acceso real a la atención sanitaria y los servicios relacionados; sin embargo, esto no ha sido suficiente.

Y es que, puntualizó la legisladora, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza en México 2018–2020 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el porcentaje de la población con carencia de acceso a los servicios de salud mostró un aumento a nivel nacional, al pasar de 20.1 a 35.7 millones en el 2020, lo que representa un aumento de 15.6 millones de personas respecto a 2018.

La legisladora refirió que durante este periodo también se observó un mayor incremento en algunos estados, entre los que se encuentra Guerrero, al pasar de 13.8 al 33.5 por ciento, lo que significa que en Guerrero hay un número importante de personas que no tienen acceso a los servicios médicos públicos.

Refirió que una de las causas es que las personas al carecer de recursos económicos no pueden pagar servicios médicos privados, lo que tiene como consecuencia no recibir la atención de manera adecuada ya sea para ellos o para sus familias, o más aún cuando requieren de internamiento o intervenciones quirúrgicas de alto costo, dado que no pueden sufragarlos lo que provoca que su salud se vea expuesta o incluso pierdan la vida por la falta de atención médica.

García Lucena asegura que no basta con la existencia del derecho a la salud como una idea, simple expectativa o como plan de gobierno pendiente de instrumentar, sino que se debe establecer en el marco jurídico que los establecimientos particulares de internamiento deben prestar sus servicios en forma gratuita a personas de escasos recursos, hecho por el cual propone adicionar la Ley de Salud.

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