* Se ‘presume’ amiga de la magistrada con licencia y alcaldesa de Morena en Acapulco, Adela Román Ocampo, y ‘protegida’ del máximo poder del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

Velinda Rodríguez Arizmendi.

] ACAPULCO. * 8 de junio de 2020.
| Acapulco Press.
Amparada en la supuesta protección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Lópz Celis, la juez María Guadalupe Urrutia Martínez incurrió en otro acto de abuso de poder, motivo por el que la agraviada, Velinda Rodríguez Arizmendi, solicitó la urgente intervención del mismísimo gobernador Héctor Astudillo Flores para que no se le despoje de sus bienes materiales y la pensión que su difunto esposo, Roberto Urrutia Martínez (hermano de la juez), dejó a ella y sus hijas.

La quejosa afirmó que Guadalupe Urrutia, quien se desempeña como juez tercero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrto de Tabares, desde el pasado 18 de febrero que falleció su esposo, ha promovido amparos ante diversas dependencias federales para que desconozcan el matrimonio que contrajo con su hermano Roberto, con el cual duró más de 20 años y procrearon tres hijas.

Velinda Rodríguez sostiene que ella y sus hijas heredaron una casa en ciudad Renacimiento, y otra más en el municipio de Cuautepec, además de la pensión que percibe de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero su excuñada,  María Guadalupe Urrutia Martínez, está haciendo hasta lo imposible, a base de engaños y abuso de poder, por nulificar su matrimonio para ‘posiblemente’ quedarse ella con la herencia que por derecho legal les corresponde a sus herederas y esposa, como familiares directos de Roberto Urrutia.

La agraviada refirió que la arbitraria juez, que presume amistades de la talla de Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco por Morena, y Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en una ocasión corrió a sus hijas de una de las propiedades de su exesposo y las amenazó directamente con despojarlas de todos los bienes materiales que dejó su padre, pues argumenta que su hermano murió intestado.

Para reforzar su vícnulo con Roberto Urrutia Martínez, Velinda Rodríguez expuso una Acta de Matrimonio que da fe de su parentesco con el fallecido hermano de la citada juez.

Pide la intervención del mandatario estatal porque asegura vivir una situación crítica, y no cuenta con los recursos económicos como para pelear de manera legal contra María Guadalupe Urrutia Martínez, quien además de las influencias y proteccionismo que ostenta con el presidente del del Tribunal Superior de Justicia estatal, presume ser una ‘jueza’ con poder,

ANTECEDENTES DE ABUSOS DE PODER

María Guadalupe Urrutia Martínez es considerada una ‘fichita’ como servidora pública al servicio de la justicia.

El 25 de agosto de 2015, «el profesor Mariano Laurel Godoy,  jefe de enseñanza en el municipio de Atoyac de Álvarez, y un grupo de abogados, solicitaron la salida inmediata de la entonces juez de lo familiar, María Guadalupe Urrutia Martínez, así como de la actuaria Armanda Araujo Martínez, debido a la mala impartición de justicia que estaban haciendo», se lee en los archivos periodísticos de denuncias, donde también se destaca como nepotista a Gudalupe Urrutia, quien «por sus influencian metió como Actuaria en el Juzgado de Tecpan de Galeana a su sobrina, Nancy Urrutia».

María Guadalupe Urrutia Martínez.

El profesor Laurel fue uno víctima más de las arbitrariedades de la protegido de Alberto López Celis, pues a pesas de que los hijos de este eran mayes de edad, la citada juez maquinó con la madre de estos, Alma Delia Flores Rodríguez, una pensión de 12 mil 600 pesos para tres de sus hijos, de los cuales tan solo el menor rondaba en los 23 años de edad.

El 26 de febrero de 2016, María Guadalupe Urrutia Martínez, entonces  juez del ramo civil, familiar y del ramo penal del Distrito de Galeana,  fue removida de su cargo tras haber sido ‘acusada’ por los delitos de fraude y abuso de confianza… pero como si la protección que ostenta gozar desde lo más encumbrado del #TSJGro fuera cierto, no hubo delito qué perseguir contra Guadalupe Urrutia, quien el 15 de noviembre de ese mismo año (2016), de nuevo volvió a sus ‘andadas’ pero esta vez sí fue acusada penalmente por Amparo Solís Benítez y Mónica Pérez Acevedo, quienes señalaron que Guadalapue había estafado a varias personas a las que pidió dinero a cambio de sentencias definitivas a su favor.

Mónica Pérez dijo que por el 40 por ciento de una pensión alimenticia le había pagado a Gudalupe Urrutia 35 mil pesos de anticipo para una sentencia a su favor, luego le dio 10 mil y, posteriormente, otros 10 mil… pero no le cumplió.

Ambas denunciantes agregaron que la corrupta ‘jueza’ hasta cobraba por separado a las dos partes en conflicto para favorecerlos en la sentencia.

En el Palacio de Justicia de Caleta también cuatros personas más se dijeron víctimas de la corruptelas de la amiga de la magistrada con licencia y alcaldesa de Acapulco por Morena, Adela Román Ocampo, entre quienes se revelan los nombres de Saraí López Santa Cruz, José Castro y Juanito Corona Mercado.

No obstante la denuncia penal, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, nunca pudo hacerle nada porque –supuestamente– María Guadalupe Urrutia Martínez estaba “bien parada”… ¿con quién? ¡Esa sigue siendo la gran interrogante que solo Alberto López Celis podrá despejar, si la petición para que intervenga el gobernador Astudillo le es favorable a Velinda Rodríguez Arizmendi.
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