¡Juicio político a Abelina, por omisa!
* Abelina López, un ejemplo de ineptitud e irresponsabilidad
«Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho».
] Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos
» Artículo 6
El mismo caso aplica a todos los integrantes del ‘Honorable’ Cabildo que se han convertido en cómplices de la omisa alcaldesa morenista y en auténticos parásitos del pueblo, porque lejos de defender los intereses populares solo sirven para cobrar sus ‘austeros salarios’ de 62 mil 367.34 pesos mensuales, además de sus ‘jugosos’ gastos de gestorías e infestar de familiares, amigos, recomendados y hasta parejas sexuales, la Nómina Oficial del Ayuntamiento y las listas de rayas secretas donde estos ‘aviadores’ o ‘empleados extemporáneos’ cobran por separado o en secreto pero con cargo al mismo erario de los acapulqueños.
BASES SUSTENTABLES PARA EL JUICIO POLÍTICO
* Nepotismo
* Falta de Agua potable
* Inseguridad pública
* Falta de Saneamiento de la Bahía
* Playas Contaminadas
* Falta de Tratamiento de Aguas Residuales
* Falta de Alumbrado Público
* Falta de Recolección de Basura
* Insalubridad pública general
* Desgaste asfáltico de las vías públicas
* Etc.
«El buen por su casa empieza», dice un dicho popular. Por eso, para exigir y amenazar a sus gobernados con remitirlos a buró de crédito por morosos y suspenderles algunos servicios básicos que por mandato constitucional tienen derechos los ciudadanos, Abelina López Rodríguez primero tiene que cumplir con sus responsabilidades para las que fue electa presidenta de Acapulco el 6 de junio de 2018, entre ellas dejar de ser una alcaldesa omisa y nepotista.
¡Es inadmisible que una abogada con maestría y doctorado (por el Colegio Nacional de Matemáticas, Conamat) incurra en actos de flagrante omisión jurídica e irresponsabilidad constitucional!
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PRD pide a Morena presentar denuncias ante FGR contra expresidentes
] CIUDAD DE MÉXICO. * 18 de junio de 2021.
) Notilegis.
La diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) pidió a Morena presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a juicio a los expresidentes de México, y evitar el oneroso gasto de una consulta popular.
En un comunicado, la también consejera del Poder Legislativo del PRD ante el INE señaló: “no me cabe duda que la Consulta Popular es un mecanismo de participación de democracia directa por el cual la ciudadanía ejerce uno de los derechos humanos en materia política, a través del cual expresa su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional; pero esta consulta, no es de trascendencia nacional y sólo responde a un capricho de López Obrador”.
Durante la sesión del Consejo General del INE la legisladora reconoció el trabajo de dicho Instituto, que ha ajustado el modelo para la consulta, a parámetros mínimos necesarios que, por un lado, permitan la garantía de los derechos de la ciudadanía y su involucramiento en estos mecanismos de participación ciudadana, y, por otro, desahogar los trabajos de la consulta, al no contar con un presupuesto asignado para ello por parte de la Cámara de Diputados, y al contrario haber sufrido un recorte a su presupuesto.
“Las mexicanas y mexicanos queremos y exigimos se aplique la ley sin distingos, no queremos que nos pregunten si las autoridades deben o no cumplir con sus obligaciones y cumplir la ley”, sostuvo.
Expresó que esta consulta desde un principio “ha sido una más de las banderas política que ha utilizado el presidente López Obrador como parte de un discurso de combate a la corrupción y a la impunidad, que en la práctica su gobierno no ha combatido y al contrario ha reproducido”.
Almaguer Pardo también se manifestó en lo relativo a los temas de procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por el PVEM y el PT, así como de su candidato a la gubernatura, José Ricardo Gallardo Cardona.
“Una servidora vive en el Estado de San Luis Potosí y fui testigo de una elección desaseada en mi entidad, donde se perdió el principio de certeza, ya que se vivieron actos como: el que no se permitiera una copia de acta a los representantes de los partidos, la detención arbitraria e ilegal de representantes generales, la suspensión de cómputos, y sobre todo la inequidad en la elección por diversos hechos, pero el más llamativo fue la intromisión de ´influencers´, el día de la elección, llamando a votar por el Partido Verde”, aseguró.
La perredista sostuvo: “esperamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva conforme a derecho y se impongan las sanciones correspondientes. Asimismo, pedimos se resuelva sobre el presunto financiamiento ilícito en la campaña de Ricardo Gallardo Cardona”.
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Congreso peruano rechaza adelantar juicio político contra Vizcarra
] LIMA, Perú. * 4 de noviembre de 2020.
– » Actualidad « –
El Congreso de Perú rechazó adelantar para el próximo viernes el debate sobre el pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, como solicitó previamente el Ejecutivo argumentando que la espera generaba inestabilidad y «zozobra permanente» en el país.
En un oficio dirigido a Vizcarra, la Mesa Directiva respondió que la Moción 12684, admitida y aprobada por mayoría el pasado lunes 2 de noviembre, «se ha ceñido estrictamente a lo contemplado en el artículo 89-A y las disposiciones pertinentes del Reglamento del Congreso».
En consecuencia, después de haber resuelto el acuerdo en el Pleno del Congreso y dirigido la citación al Despacho de la Presidencia, la Mesa Directiva manifestó la «imposibilidad» de atender la solicitud del Ejecutivo.
Por lo tanto, el debate y la votación del pedido de vacancia se realizará el próximo lunes 9 de noviembre, como estaba previsto.
Durante un mensaje televisado, Vizcarra pidió al Congreso adelantar el juicio político en su contra, por considerar que estaba en juego la «estabilidad» y «la gobernabilidad» del país.
«El Perú no se merece estar en zozobra permanente», dijo este miércoles.
El mandatario enfrentará una nueva moción de censura, ahora por presuntamente haber recibido sobornos para otorgar contratos de dos obras públicas cuando fue gobernador regional en Moquegua, entre 2011 y 2014.
El pasado 18 de septiembre, Vizcarra afrontó un pedido de vacancia, tras ser vinculado con la presunta contratación irregular del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, aunque finalmente el Congreso rechazó destituirlo.
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¿A qué juega #Frenaa con sus ‘caravanas’ anti-amlo?
Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
| Acapulco Press
Dos acciones podrán derrocar a AMLO del poder: un #GolpedeEstado o un #ProcesoPenal. Todo lo demás, será desgaste, exhibicionismo o un mal show dominguero de barriada… guste o no a quien argumente lo contrario.
Lo primero se ve remoto, pues el Ejército tendría que estar limpio de cuestionamientos para rebelarse contra su Jefe Supremo.
Que la milicia se ponga del lado del pueblo se ve complejo: la lealtad al poder siempre será más fuerte, porque el pueblo no garantiza los privilegios o inmunidad que ofrece el poder político emanado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Lo segundo es viable, pero parece que tampoco hay valientes que quieran asumir la responsabilidad de aventurarse a darle continuidad a la denuncia de hechos presentada por el PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.
Cierto, no hay ninguna prueba por escrito que pueda perseguirse usando como base el Artículo 150 del Código Penal Federal —por el cual el Presidente de México podría ser inhabilitado de 9 a 12 años de su cargo y ser sancionado con cárcel de 15 a 20 años años por el delito de ‘evasión’, si el inculpado estuviera acusado por ‘delitos contra la salud’ (tal cual es el caso de Ovidio Guzmán)—, tal cual detalla Rodolfo Becerra, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, pero Andrés Manuel López Obrador confesó de manera voluntaria y abierta ante México haner sido el autor directo de la orden de liberación del narcotraficante en cuestión, lo que lo convierte en un ‘criminal confeso’, hecho por el cual jurídicamente amerita ser sometido a proceso por ‘asociación delictuosa’ y ‘evasión’ de un crininal de alta peligrosidad ya que, según el concepto penal, “la confesión es el reconocimiento que una persona contra sí misma de la verdad de un hecho”.
Cierto, AMLO se cobija en la ‘jerarquía de valores’ jurídicos para argumentar que salvó vidas al dejar en libertad al ‘peligroso criminal’ de la dinastía Guzmán, capturado y liberado el 17 de octubre de 2019, pero la denuncia de hechos de AN ante FGR detalla que, si bien su argumento es válido, no debe pasare por alto el hecho que López Obrador accedió a cooperar con la justicia y se dispuso a comparecer ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.
¡Debería tomársele la palabra y aceptar los resultados!
Solamente se debe vigilarse que el proceso no sea amañado, para que la justicia actúe con imparcialidad y apegada a derecho.
¿ESTADO DOBLEGADO U OMISO?
Una investigación jurídica de Surya Palacios para el portal Alto Nivel precisa que, si bien la ‘jerarquía de valores’ a que apelan los defensores de AMLO es válida también tiene una vertiente peligrosa: “(la declaración de AMLO para pretender exonerarse de la liberación del narcotraficante) prácticamente es (un) “reconocimiento unilateral de la voluntad del Presidente de permitir que quienes trasgreden las normas sigan haciéndola”. Caso contrario, se hubiera detenido o, al menos, “se hubiera intentado detener a todos aquellos que, portando armas exclusivas del Ejército, amenazaron y pusieron en verdadero riesgo las vidas de la población de Culiacán”. En pocas palabras, era responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de la sociedad, no someterse a los designios de los criminales por amenazas contra inocentes que también pudieron evitarse si el Presidente hubiera hecho acatado su responsabilidad desde el inicio de su mandato, que es “garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos”, como prometió en campaña, en lugar de incitar a departir abrazos a los delincuentes.
Según la investigación, López Obrador violó deliberadamente la Constitución, la cual en su Artículo 16 precisa que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez sin dilación alguna, y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.
Con base a este ‘numeral’ de nuestra Constitución, “los que ejecutaron de manera fallida el operativo de detención de Ovidio Guzmán —para capturarlo debió haber una orden, para eso se montó un operativo; no fue obra de la casualidad ni de la suerte o la flagrancia su captura, tal como revela un video que se hizo viral en las redes sociales, el cual evidencia eso: una captura, no un simulacro—, junto con sus mandos superiores y sus respectivos jefes inmediatos, deben ser aprehendidos y acusados por cometer un delito en contra de la administración de la justicia, en conformidad con el Artículo 225
del Código Penal Federal vigente en México.
Respecto a la “responsabilidad jurídica” del Presidente, el Artículo 89 de la Carta Magna establece que son facultades y obligaciones del Presidente “promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso”.
En el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, el Presidente omitió todas sus responsabilidades y obligaciones de priorizar la seguridad de la población.
Las excusas del presidente son graves, pues sus obligaciones no son “optativas”, sino de “obligado cumplimiento”.
Por ello es que las marchas y caravanas anti-amlo han sido el hazmereír de los amlovistas, ¡y con facultada razón!
Para que las manifestaciones contra el Presiden surtan efecto deberían ser menos exhibicionistas y más congruentes.
Ahí el PAN dejó un precedente en la FGR desde el mismísimo 18 de octubre de 2019, día después de la liberación de Ovidio Guzmán.
El Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaa), Gilberto Lozano, todas aquellas organizaciones y personas que anhelan con fervor el derrocamiento de AMLO, deberán ser más inteligentes para lograr su propósito. Su gran logro, digno de elogio, es movilizar mayoritariamente a la sociedad, en vista que la oposición prácticamente no existe. Con excepciones honrosas del PAN, que señala donde debe señalar, el PRI, el PRD y resto de partidos de supuesta izquierda, disfrutan la siesta mientras el país se cae a pedazos a manos de Morena, la Cuarta Transformación y su instrumento de destrucción.
Habiendo suficientes elementos jurídicos y constituciones, prefieren hacer caravanas para lanzar consignas que, si bien tienen eco entre los no simpatizantes del Presidente, carecen de argumentos de peso que cimbren los cimientos sobre los que se pavonea López Obrador.
Se desconoce el por qué, pese a contar con personas inteligentes y versadas en leyes, el #Frenaa le apuesta más al exhibicionismo que a las leyes, a copiar las mismas acciones del Presidente de acusar y señalar, pero sin traspasar la línea de las acciones jurídicas que todos esperan contra los imputados del supuesto ‘cochinero’ heredado.
Ese curso poco a poco no solo irá desgastándose. Mientras se continúe con ese método de señalar y vituperar al mismo estilo de quienes aplauden y defienden a AMLO, el Presidente irá recuperándose de los ataques y cobrará fuerza no solo de cara cara a las elecciones del 2021, sino rumbo a la Consulta de Revocación de Mandato en el 2022… ¡y entonces los amlover tendrán razones de sobra para festejar ‘felices, felices’!
Estas líneas, finalmente, son una percepción personal desde una perspectiva imparcial, neutral, apegada a la lógica y coherencia de los hechos y realidades.
Los ‘anti-amlo’ saben lo que hacen…
Las pruebas no son eternas, caducan; si no se aprovechan, favorecen a los inculpados o señalados de algún ilícito.
Que quede claro: no es que el #Frenaa vaya mal, solo parece que no ha querido, no ha podido o no ha hallado cuándo y cómo priorizar el verbo del sustantivo.
Sin daños a terceros…
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