CHILPANCINGO * 8 de junio de 2022.
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El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado propuso adicionar el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado para que, en el caso del personal de instituciones policiales, no proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación.

Al presentar la iniciativa, el coordinador del Grupo Parlamentario, diputado Raymundo García Gutiérrez, destacó que actualmente la federación, estados y municipios se han enfrascado en un cúmulo de demandas por parte de elementos policiacos que han sido dados de baja, alegando que estos procedimientos son insuficientes y ausentes de las garantías de audiencia y legalidad.

Indicó que esto origina que los tribunales del ámbito administrativo condenen a las entidades policiales a pagar prestaciones laborales que terminan siendo una merma a los recursos públicos, propiamente de los destinados a la seguridad pública.

Explicó que a los miembros de las corporaciones de seguridad pública se les considera como una relación administrativa y no como laboral, por lo que los tribunales a los que les corresponde resolver son diversos, ya que en la mayoría de las legislaciones se establecen deberes y organización de su personal, pero es escasa la normatividad relacionada a los derechos en los casos de terminación de la relación laboral administrativa.

Resaltó que la Constitución Política limita o prohíbe al personal que hubiera sido separado de su cargo, justificado o no, que pueda regresar o ser reinstalado, ni por mandato de los tribunales administrativos que determinaran que fue ilegal o sin justificación dicha terminación de servicio; sin embargo, al reclamar éstos sus derechos o la reparación del daño, es un problema determinar qué conceptos entraban y cuáles no para su cuantificación y pago, al no existir suplencia de ninguna legislación.

Por lo anterior, García Gutiérrez considera que es necesario legislar para la debida regulación de estos procesos de separación, baja y cese de los elementos policiales, y a partir de ello mejorarlos, creando un marco jurídico que ayude tanto a las entidades encargadas de la seguridad pública como a los derechos de los elementos policiacos.

El legislador propone, además, especificar que el estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización correspondiente, que constará de tres meses de salario, 20 días por año laborado, y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso para su correspondiente análisis y dictaminación.

CHILPANCINGO * 7 de junio de 2022.
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Para abonar al proceso de construcción de una sociedad igualitaria, justa y democrática, basada en el reconocimiento, respeto, protección y ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos, la diputada Angélica Espinoza García propuso reformar la Constitución Política del Estado para que se reconozca a la cultura como un derecho humano.

En su propuesta, la legisladora de Morena expuso que en nuestra Carta Magna el derecho a la cultura se menciona de manera marginal y casi desdeñosa, englobándola dentro del derecho a la recreación social y el deporte, lo que no es preciso, dado su importancia y forma de acceso, así como a los mecanismos institucionales que la deben ponderar como un derecho humano.

Indicó que distintos tratados internacionales especifican que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y letras, modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, y donde los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.

Además, refiere que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rescata la esencia del derecho a la cultura, al señalar que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

Sin embargo, Espinoza García señaló que la Constitución local establece el derecho de toda persona a la recreación social, deportiva y cultural, que permita el sano esparcimiento como medida para auspiciar la integración y la convivencia colectiva, disposición que dista en mucho, en cuanto a conceptualización, importancia y alcance, del derecho a la cultura.

Por lo anterior, la legisladora considera necesario establecer el derecho a la cultura como derecho humano, no como una simple expresión retórica de un discurso gubernamental que margina, excluye y niega las bases fundacionales de la construcción social.

Iniciativas

La diputada Ana Lenis Reséndiz Javier presentó un paquete de iniciativas; de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida del Estado, de Reforma a la Constitución Política del Estado y de Reforma al Código Civil del Estado, para establecer y garantizar los derechos de las personas no nacidas, así como la salvaguarda de la maternidad como institución de orden público y el cumplimiento de la paternidad de manera responsable.

Las propuestas fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Justicia para su análisis. La diputada Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para actualizar los términos de «Auditoría General del Estado» a «Auditoría Superior del Estado», «Contraloría General del Estado» por «Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental», y «Procuraduría General de Justicia» por «Fiscalía General de Justicia del Estado».

CHILPANCINGO * 7 de junio de 2022.
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Al anunciar el arranque de las consultas en materia Electoral y Educativa a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, diputadas y diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aseguraron que la LXIII Legislatura cumplió con las acciones de inconstitucionalidad número 81/2018 y 78/2018 mandatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, las y los legisladores recordaron que en días pasados se dio por concluida una de las primeras consultas a los pueblos originarios de la entidad, que derivó en la aprobación de la Ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como reformas y adiciones en materia de Seguridad Comunitaria al artículo 14 y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, todas éstas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Flor Añorve Ocampo, señaló que las y los diputados han estado al pendiente de la entrega de la documentación al máximo órgano judicial del país; además de que han iniciado los trabajos correspondientes a las nuevas consultas, las cuales se harán de manera simultánea, para poder entregar en tiempo y forma los resultados correspondientes a la Corte.

Precisó que las próximas consultas son relacionadas al propio proceso de Consulta, así como en materia de Educación indígena, Afromexicana y Educación Inclusiva y Electoral, que derivarán en reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dando cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad 299/2020 y 136/2020 respectivamente.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Alfredo Sánchez Esquivel, indicó que en próximos días habrá un despliegue del personal del Congreso por todo el territorio estatal, para lo cual pidió el acompañamiento de los medios de comunicación, con el objeto de darle la máxima publicidad a este importante ejercicio de participación ciudadana, y que el estado de Guerrero esté plena y puntualmente enterado de los resultados.

Añadió que se está dando capacitación constante al personal de apoyo de las y los diputados, así como a trabajadores en general del Poder Legislativo, quienes apoyarán en la realización de estas magnas consultas en los 81 municipios de la entidad.

Acompañaron esta conferencia los diputados Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Manuel Quiñónez Cortés, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, secretario y vocales de la Jucopo, respectivamente.

CHILPANCINGO * 6 de junio de 2022.
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Al inaugurar el conversatorio “La transición Política en Guerrero con perspectiva de género”, el diputado Antonio Helguera Jiménez consideró que la transición política y la alternancia en el poder no sólo debe ser el resultado de los votos, sino que debe coadyuvar a la construcción de la paz, la gobernabilidad y el impulso al desarrollo social y económico de Guerrero.

El también presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” recordó que este día, hace un año, por primera vez en la historia de la entidad se dio la transición política con una mujer como gobernadora, 23 mujeres como diputadas y 23 presidentas municipales.

«Este día es un triunfo para las mujeres de Guerrero en todas las facetas de la democracia, por su derecho de votar y ser votadas, por una vida libre de violencia, por la igualdad y la no discriminación, por el derecho de decidir sobre su cuerpo y ser protegidas”, enfatizó.

Refirió que el arribo de una mujer al poder Ejecutivo implica que la victoria de las mujeres guerrerense será para siempre, con el

acompañamiento de los hombres que tienen convicción por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

Por ello, manifestó que la transición política y la alternancia en el poder deben servir para que desde el Gobierno y el poder Legislativo se construya la paz y la gobernabilidad, se fortalezca el Estado de derecho, se garanticen los derechos humanos, se promuevan acciones para reconstruir el tejido social y se impulse el desarrollo social y económico.

En su intervención, la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, consideró que la alternancia no se hubiera podido dar si los gobiernos anteriores no hubieran creado instituciones encargadas de garantizar la democracia.

Aseguró que el hecho de que se haya paridad en el Congreso del Estado y esté una mujer en el gobierno estatal, es gracias a las acciones afirmativas que se han dado por parte de las mujeres a lo largo de los años, y en lo cual han coadyuvado gobiernos abiertos e instituciones fortalecidas que facilitan a la ciudadanía la emisión libre del voto.

También hizo uso de la palabra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien manifestó que se debe reconocer a las instituciones que han visibilizado la violencia contra las mujeres, gracias a lo cual ellas están presentes en todos los espacios políticos y de toma de decisiones de la entidad.

Abundó en que se han dado pasos importantes para que las mujeres accedan al poder, y ejemplificó que por primera vez en el Poder Legislativo de Guerrero la Mesa Directiva y dos de las comisiones más importantes, la de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Políticos y Gobernación, son presididas por mujeres, lo que refleja su gran capacidad para desempeñar este tipo de cargos.

Participaron también en este Conversatorio las diputadas Beatriz Mojica Morga, Gabriela Bernal Reséndiz y Fortunato Hernández Carbajal, además de la secretaria de la Mujer del Gobierno del Estado, Violeta Pino Girón; los presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral del Estado, Luz Fabiola Matildes Gama y José Inés Betancourt Salgado, así como el encargado del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, José Luis Navarro Jaimes.

CHILPANCINGO * 2 de junio de 2022.
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El diputado Fortunato Hernández Carbajal presentó una propuesta de acuerdo parlamentario para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del estado, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, a efecto de que formalice la creación del Instituto de Cambio Climático del Estado de Guerrero.

El legislador expuso desde tribuna que, de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en el 2015, las naciones deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos de impacto negativo en la salud y economías.

Indicó, asimismo, que en el 2012 entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, cuyo objeto es regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, considerando lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático.

Abundó que en el 2013 el Gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional de cambio climático, convirtiéndose en el instrumento rector de la política nacional en mediano y largo plazo para enfrentar sus efectos y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Dijo que esta estrategia describe los ejes y las líneas de acción a seguir en base a la información disponible del entorno presente y futuro, y orienta las políticas de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales está promover una cultura climática para educar, informar y sensibilizar, mediante campañas masivas de comunicación y programas de capacitación, en torno a patrones de producción y consumo sustentables.

Hernández Carbajal refirió que en el 2015 el Congreso aprobó la Ley de Cambio Climático del Estado de Guerrero, que señala que corresponde al titular del Poder Ejecutivo estatal, a través de las dependencias del ramo, formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, además de la creación del Instituto de Cambio Climático, lo que a la fecha no se ha logrado.

Añadió que dicho instituto permitirá conocer el porqué de algunos problemas ambientales que se han registrado en esta entidad en los últimos años, como la reciente muerte de miles de peces en la laguna de Chautengo y en la presa “Andrés Figueroa” de Ajuchitlán del Progreso.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para su análisis y dictaminación conducentes.

CHILPANCINGO * 1 de junio de 2022.
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Por unanimidad, diputadas y diputados integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado aprobaron un dictamen mediante el cual se emiten las bases sobre las cuales los ayuntamientos de la entidad pueden contratar empréstitos o créditos.

En el dictamen emitido por las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el cual fue fundamentado en tribuna por la diputada Alicia Zamora Villalva, se señala que les fueron turnados oficios signados por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Míriam Cortés Cisneros, sobre asuntos relacionados con autos y laudos emitidos para los municipios de Coyuca de Catalán, Atoyac, Coyuca de Benítez, Copalillo, Tepecoacuilo, Cuajinicuilapa, Chilapa, Ajuchitlán, Tecoanapa y Taxco, así como una solicitud del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, donde solicitan se establezcan las bases para contratar créditos o empréstitos en favor de los ayuntamientos.

La legisladora explicó que este Congreso tiene plenas facultades para autorizar a los municipios la contratación de créditos o empréstitos, atendiendo en todo momento a su capacidad de pago y en estricto apego a lo señalado por la normatividad aplicable en la materia.

En ese sentido, abundó que el Congreso tiene la obligación legal de expedir las bases sobre las cuales los ayuntamientos pueden contratar empréstitos o créditos, los cuales deben ajustarse a las disposiciones legales aplicables; y sólo serán procedentes para Inversiones Públicas Productivas, careciendo de utilidad para la concesión de empréstitos o créditos cuyo destino sea el pago de sentencias, laudos, finiquitos u otras prestaciones, lo cual los ayuntamientos deben pagar con sus recursos propios y desde su autonomía.

Respecto a las solicitudes de autorización de empréstitos por parte de los ayuntamientos, indicó que éstos deberán sustentar sus peticiones en razón de lo que dispone nuestra Carta Magna en el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117, que a la letra menciona: “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios”.

Dictámenes

En esta segunda sesión ordinaria, el Pleno de diputadas y diputados aprobó el dictamen relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de los municipios de Cuajinicuilapa, Tecoanapa, Zitlala, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Juan R. Escudero y Taxco de Alarcón, Guerrero, emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, en su calidad de integrante de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, expuso que el Congreso del Estado no tiene la facultad para autorizar las

peticiones de ampliaciones presupuestales o solicitudes de partidas extraordinarias, por ser estrictamente facultad de los municipios formular, discutir y aprobar su Presupuesto de Egresos.

En ese sentido, refirió que de las solicitudes de empréstitos por parte de los ayuntamientos, ninguna reúne los requisitos necesarios para su posible autorización, de acuerdo con lo mandatado por la Ley 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.

También de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda se aprobó un dictamen relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de las Secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Finanzas y Administración y el Consejo de Seguridad Pública, todas de la Administración Pública estatal, realizadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Al fundamentar el documento, el diputado Osbaldo Ríos Manrique explicó que las dependencias antes mencionadas son secretarías que integran la Administración Pública estatal, ante lo cual, para solicitar presupuesto, deberá acatarse lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera.

Reiteró, por lo anterior, que no es aplicable la Ley que enuncia el Tribunal Laboral en la sentencia respectiva, debiendo ajustarse a lo mandatado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y la Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 994.

Asimismo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado.

Al exponer el tema, la diputada Leticia Mosso Hernández, integrante de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, refirió que por ser dicha instancia un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública del Estado de Guerrero, no es aplicable la Ley que enuncia el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el acuerdo referido, por lo que, para ampliaciones presupuestales, el organismo citado deberá ajustarse a lo mandatado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal y la Ley de Planeación, todas del Estado de Guerrero.

En otro punto, se aprobó otro dictamen de las citadas Comisiones Unidas por el que se determinan improcedentes las solicitudes de autorización de partidas presupuestales extraordinarias para el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente presentadas por los directivos del Conalep.

El Pleno del Congreso del Estado también determinó improcedentes las solicitudes de autorización de partidas presupuestales extraordinarias, ampliación de presupuesto, aprobación de presupuesto y autorización de empréstitos presentados por los ayuntamientos de San Marcos, Ometepec, Coyuca de Benítez, Taxco de Alarcón, Tetipac, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo de los Bravo, Juan R Escudero y Teloloapan, con destino al pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente.

CHILPANCINGO * 1 de junio de 2022.
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A la Comisión legislativa de Salud se turnó un exhorto al Gobierno Estatal para que realice un diagnóstico de las necesidades de recursos materiales y humanos que presentan los hospitales del Sistema de Salud del Estado, así como una planeación presupuestal que permita que cuenten con lo necesario para brindar un buen servicio en materia de atención obstétrica.

Dicho exhorto que fue propuesto por la diputada Jennyfer García Lucena (PRD) también contempla exhortar a la Secretaría de Salud para que diseñe e imparta cursos intensivos integrales de capacitación a todos los servidores públicos adscritos a las Unidades Médicas de Primero y Segundo Nivel, que permitan brindar una atención de calidad y con perspectiva de género a las mujeres guerrerenses.

Al presentar el exhorto, la legisladora manifestó que en los últimos meses Guerrero ha sido noticia nivel nacional por las numerosas denuncias contra hospitales del Sector Salud por la indebida atención a las mujeres embarazadas, ante la falta de equipamiento y personal.

Dijo que aun cuando Guerrero es uno de los pocos estados que contempla en su Código Penal la violencia obstétrica como delito, con dos y hasta ocho años de prisión y de 200 a 500 días de salario mínimo a quien la cometa, esta medida ha resultado insuficiente, pues se siguen presentando casos.

Añadió que “la violencia obstétrica es una problemática que se debe atender en todos los niveles de atención a la salud de la mujer, como una forma de eliminar la discriminación, pero sobre todo para evitar que se siga generando cualquier indicio de violencia contra éstas, para lo cual los profesionales de la salud deben estar plenamente capacitados en la atención con enfoque de género”.

En ese sentido, refirió que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella, y toda vez que los datos arrojan que en los Centros de Salud y hospitales existe una atención médica que violenta los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las que se encuentran embarazadas, se hace necesario que se realicen acciones urgentes que tengan como objetivo incidir en la disminución y erradicación de la violencia obstétrica.

Por lo anterior, propuso exhortar a la Secretaría de Salud estatal para que realice un diagnóstico integral de la atención que se brinda a las mujeres embarazadas en las unidades médicas de primero y segundo nivel de atención, observando que exista la suficiencia de recursos materiales y humanos, y para que se diseñen e impartan cursos intensivos integrales de capacitación a todos los servidores públicos adscritos, que permita brindar una atención de calidad y con perspectiva de género a las mujeres guerrerenses.