Urgen nacionalizar Ley 3 de 3 para que agresores no ocupen cargos públicos en 2024
CCIUDAD DE MÉXICO * 23 e junio de 2023.
) Senado de la República
La senadora Mónica Fernández Balboa aseguró que es necesario que las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se homologuen con las leyes de todas las entidades federativas del país, a fin de evitar cualquier tipo de impunidad.
“No basta con que se hayan aprobado en los congresos estatales, necesitamos su homologación en todas las leyes”, expresó la legisladora durante el foro “3 de 3 contra la violencia, en el marco de la reforma constitucional”, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
La presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que el INE tiene el gran reto de adecuar sus lineamientos a dicha legislación, para armonizar y conciliar todas las lagunas que pueden darse sobre las reformas.
Señaló que las modificaciones constitucionales también deben incorporarse en los códigos de ética de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y municipales, y de todas las instancias correspondientes, así como de los estatutos de los partidos políticos.
Las reformas constitucionales tienen el objetivo de lanzar un mensaje muy claro: “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público”, apuntó.
Se busca, dijo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección, a través de la suspensión de los derechos de las personas que incumplan su responsabilidad.
“Queremos mejores gobernantes, mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles, así como mejores legisladoras y legisladores, funcionarios públicos congruentes y con ética”, indicó.
Agregó que, para evitar la impunidad, también es fundamental crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así como insistir que los tribunales locales y las entidades procuradoras de justicia apliquen las sentencias.
“Necesitamos que estos tribunales alimenten a este padrón que va a construir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y tener la información de quiénes son los que están inscritos o los que no cumplirían con este requisito para poder ser elegibles”, puntualizó.
En su oportunidad, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, aseguró que la reforma “3 de 3” tiene el claro objetivo de romper el pacto patriarcal, pues con su aprobación se dio un gran paso hacia la construcción de un entramado jurídico que permite erigir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos.
“Consideramos que estamos estableciendo límites legales para que nunca más un agresor llegue al poder público, anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés”, manifestó.
El poder público, consideró, debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres, por lo que no se debe perder de vista que las decisiones que se toman tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, de tal forma que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra.
Destacó que la entrada en vigor de dicho ordenamiento, coincidirá con el próximo proceso electoral de 2024, por lo que es necesario revisar en qué forma se realizarán las contrataciones, a quiénes se les otorgan las candidaturas y a partir de ello, ver las determinaciones y posturas que toman las personas juzgadoras.
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Avala Congreso Ley 3 de 3 contra la Violencia
CHILPANCINGO * 18 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero
Diputados de la LXIII Legislatura avalaron la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios (Ley 3 de 3).
En el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos se menciona que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que cada día se hace más patente en la sociedad, hecho por el cual diversos movimientos organizados demandan una actuación firme y contundente por parte del Estado, evitando el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras.
Refiere que estas manifestaciones de violencia, en particular contra las mujeres, se presentan en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos por parte, y entre los agresores están servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
En ese sentido, se considera necesario reforzar la legislación para que quienes ocupen cargos públicos en cualquiera de los tres poderes u otros órganos del estado no cuenten con antecedentes de violencia ni sean deudores alimentarios morosos.
“Se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”, subraya.
Con estas reformas se garantiza que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Intervino para fijar postura la diputada Patricia Doroteo Calderón, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, manifestando que esto es de suma trascendencia para la vida democrática del país, ya que contribuye a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Abundó que en un Estado democrático no puede permitirse el otorgamiento de candidaturas a personas involucradas en la comisión de delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexual.
También fijó postura la diputada Angélica Espinoza García por el Grupo Parlamentario de Morena, señalando que la Ley 3 de 3 cumple un propósito redondo, al proteger la integridad física y psicoemocional de las mujeres y limitando la incursión de agresores en cargos de elección popular y empleos de gobierno, lo cual será crucial en el actuar político y distinguirá la ética de quienes aspiren a los mismos.
Mientras que por el Grupo Parlamentario del PRI participó la diputada Julieta Fernández Márquez, lamentando que las mujeres de todos los partidos políticos siguen sufriendo violencia política de género.
Por lo anterior, dijo que es de gran relevancia que el Congreso de Guerrero se sume a los más de 17 estados que han avalado la reforma a la Constitución Política en materia de suspensión de derechos políticos, ya que coadyuvará al respeto y salvaguarda de la integridad de las mujeres en el proceso electoral de 2024.
Iniciativas El diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere mayor gobernabilidad en la entidad. Por su parte, la diputada Leticia Mosso Hernández, a nombre de la comisión legislativa de Derechos Humanos, presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de circunstancias. Asimismo, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente. Por último, el diputado Osbaldo Ríos Manrique (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado para que se supriman de este ordenamiento los vestigios de normas aplicables a trabajadores al servicio de los municipios, puesto que dicha ley solo es aplicable a los servidores de base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial
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