CHILPANCINGO * 23 de junio de 2022.
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La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, para que las Comisiones Legislativas Para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por sus enfoques interseccionales, formen parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

En su exposición de motivos, la diputada del PT plantea que estas comisiones contribuyan a mantener la estabilidad del sistema político y a fomentar la fluidez en la toma de decisiones, así como servir como foros oficiales de interlocución que permitan que distintas posturas del partido oficial negocien alrededor de temas específicos, en este caso tratándose de temas relevantes como los derechos humanos, asuntos Indígenas y afromexicanos y los derechos de las niñas y niños del estado.

“Estamos en una época en que se están vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia de manera flagrante en nuestra entidad federativa, reduciendo así cualquier posibilidad de conflicto o desavenencia en estos temas”, subrayó la diputada.

Mosso Hernández recordó que en el año 2006 se creó en México la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a partir de lo cual se estableció el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con unidades responsables de género en las dependencias y entidades de la administración pública federal, y durante el año 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Agregó que a partir de la Ley de Acceso y su Reglamento, se creó también el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual se logra conjuntar a los titulares de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Mencionó que a partir de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los próximos 20 años nuestro país habrá conformado las condiciones, tanto institucionales como sociales y culturales, para que las mexicanas ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de mayor riesgo, ya sea por su edad, su pertenencia étnica, el color de su piel, su estrato socioeconómico, el lugar geográfico en el que viven o su preferencia sexual y afectiva.

En ese sentido, Mosso Hernández subrayó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y no puede entenderse como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de las sociedades en general, y de la mexicana en particular, cuya finalidad es el control de sus cuerpos y sus vidas.

Por todo lo anterior, la legisladora señaló la necesidad de que esta política promueva, en conjunto con las instituciones del Estado Mexicano, una transformación cultural que logre la construcción de relaciones no violentas entre mujeres y hombres en todos los espacios; que reconozca y valore los nuevos arreglos familiares; que los dote de la legitimidad social que hasta ahora se les ha negado, y se desnormalicen las relaciones violentas como una forma de convivencia aceptada e incluso valorada.

La propuesta plantea reformar la fracción XIII del artículo 40 de la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, misma que es analizada en la Comisión Para la Igualdad de Género, para su respectivo dictamen.

CHILPANCINGO * 20 de junio de 2022.
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El diputado Raymundo García Gutiérrez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que la aplicación de multas dictadas por el Tribunal Laboral sea con base a la Unidad de Medida y Actualización y con cargo a las administraciones municipales, no a los representantes legales o síndicos.

Además, para que los ayuntamientos destinen una partida presupuestal de por lo menos el tres por ciento de los ingresos autorizados por el Congreso del Estado en el Ejercicio Fiscal del año anterior inmediato, que sirva para el cumplimiento del pago de indemnizaciones a trabajadores, conforme a la prelación que corresponda.

García Gutiérrez externó que sus propuestas pretenden definir el procedimiento de ejecución de los laudos laborales para que no sean los síndicos procuradores de las administraciones municipales en quien recaiga la responsabilidad de la multa por el no cumplimiento de los laudos dictados en otras administraciones, sino que sea a cargo del municipio, ya que dichos funcionarios no tienen facultades para ejercer el gasto público. Es por esto, precisó el legislador, que se hace necesario modificar los citados ordenamientos legales, sin que ello signifique afectar el derecho de las y los trabajadores.

García Gutiérrez explicó que los ayuntamientos enfrentan serios problemas económicos por laudos laborales, ya que según datos

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del año 2000 hasta agosto del 2018 se han recibido un total de cinco mil 641 demandas laborales de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 municipios, lo que representa adeudos estimados por el orden de los 3000 millones de pesos, situación que pone en riesgo la estabilidad de los municipios y que debe ser atendido de manera oportuna; de lo contrario, repercute en la ejecución de obras y servicios, afectando a la población.

Abundó que dicha problemática ha sido de conocimiento del Congreso del Estado porque los ayuntamientos municipales le solicitan constantemente una ampliación presupuestal o partidas especiales de presupuesto, préstamos o contratación de empréstitos, mismos que se les han negado por cuestiones legales.

Las reformas mencionadas pretenden regular los salarios caídos en base a la Unidad de Medida y Actualización, y que las administraciones municipales cuenten con el financiamiento necesario para cubrir adeudos, sin afectar las finanzas de los ayuntamientos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su respectivo análisis y dictaminación.