Con AMLO, época más letal para la prensa
CIUDAD DE MÉXICO. * 11 de febrero de 2022.
) AP
Mientras los mexicanos atestiguan un incremento de los ataques contra los periodistas y el presidente ha hecho blanco de severas críticas a algunos medios por cuestionar a su gobierno, los ojos de muchos miran hacia el programa federal que tiene como mandato proteger a los miembros de la prensa y cuya eficacia ha sido cuestionada por algunos.
México cuenta desde hace diez años con el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque las agresiones y asesinatos no se han detenido. Sólo en las primeras seis semanas de 2022, cinco comunicadores fueron asesinados, el último este jueves, cuando Heber López, director del portal Noticias Web, fue acribillado en el estado sureño de Oaxaca.
Organizaciones internacionales siguen considerando al país como el más peligroso en el continente para ejercer el periodismo y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que las primeras semanas del año han sido “las más violentas para la prensa mexicana en mas de una década”.
Enrique Irazoque Palazuelos es el titular de dicho organismo y dice estar consciente de que su oficina está bajo el escrutinio de varios, pero defiende la labor del programa y asegura que ha permitido salvar muchas vidas.
Una vez incorporados en el programa, los periodistas y defensores pueden recibir algunos apoyos, como dispositivos electrónicos o “botones de pánico” para alertar a las autoridades ante alguna amenaza, sistemas de monitoreo en sus casos o incluso escoltas.
Irazoque, además, no cree que las críticas de López Obrador alimenten los ataques contra la prensa. En los diagnósticos del mecanismo, dijo en entrevista con The Associated Press un día antes del asesinato del quinto periodista, los atentados contra los miembros de la prensa son resultado de otros factores, como la impunidad y la corrupción, y provienen sobre todo de autoridades locales y el crimen organizado.
— ¿Definitivamente no crees que las críticas del presidente contribuyen a que se fomenten las agresiones a periodistas?
— Yo no veo un nexo causal con lo que observamos desde el mecanismo para poder ligar esas expresiones desde el gobierno de México a una agresión real o específica en cualquier territorio de nuestro país.
Hasta antes del asesinato de Heber López, el gobierno contabilizaba 54 periodistas asesinados desde el inicio de esta administración, y según los propios análisis del mecanismo, los ataques provienen principalmente de las autoridades municipales (un 40%) y del crimen organizado (alrededor del 30%). La cifra de asesinatos es mayor a la de algunas organizaciones, como el CPJ, que la ubica en 33.
Además, dijo, el mecanismo no puede hacer su tarea de protección sin la colaboración de las autoridades locales. Y asegura que eso no siempre ocurre: “desde que se crea el mecanismo, pareciera que los municipios y los estados, o dan un paso hacia atrás o hacia el lado, y el mecanismo se va quedando solo”.
Para implementar las medidas de protección —por ejemplo, proporcionar escoltas— se tiene que hacer con la colaboración de las policías locales.
Cuando entró el gobierno de López Obrador, en diciembre de 2018, el mecanismo tenía incorporadas a 798 personas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, son 1.518: 495 periodistas (135 mujeres y 360 hombres) y 1.023 defensores (551 mujeres y 472 hombres).
“Evidentemente el mecanismo no tiene capacidades para cambiar la violencia, a veces generalizada, en ciertas zonas de varias entidades federativas”, comentó Irazoque. “Para eso no fue hecho el mecanismo.”
Jan-Albert Hootsen, representante en México del CPJ, coincide en que el mecanismo no puede por sí sólo resolver el tema de la violencia. “La impunidad sigue siendo el factor de México que incentiva esos crímenes, y por lo tanto cualquier acción debe ir de la mano con el combate a la impunidad, mejorar a las fiscalías a las policías”, dijo a la AP. Dijo que si bien ha habido muchos casos en los que sí se ha hecho una buena labor de protección, también ha habido errores.
“Fallas que incluso pueden haber aportado a la pérdida de vida de periodistas”, comentó y refirió el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, un periodista asesinado en junio de 2021 en el estado sureño de Oaxaca y quien había pedido protección al mecanismo. Hootsen dijo que Sánchez fue aceptado en el programa y que iba a recibir escoltas, pero la coordinación entre las autoridades federales y estatales falló.
“La protección policiaca… nunca llegó”, dijo. “Claramente la situación era crítica porque terminó acribillado”.
“Conozco casos de beneficiarios que no tienen ninguna crítica hacia el mecanismo, pero también hay periodistas que simplemente no recibieron una respuesta”, añadió.
El viernes, López Obrador se concentró más en sus quejas hacia los medios que en la violencia contra los periodistas. En una de sus críticas más largas contra los periodistas, cerca de media hora de su rueda de prensa diaria, el presidente se preguntó: “¿Cuántos están en contra de nosotros?”, y el mismo respondió: ”¡La mayoría!”. Su enojo se concentró en el columnista y periodista de radio y televisión Carlos Loret de Mola, a quien llamó “mercenario, golpeador, corrupto”.
Loret de Mola es uno de los periodistas que reveló que un hijo de López Obrador había vivido en una casa de lujo en Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una empresa que obtuvo contratos de la petrolera estatal mexicana. El presidente mostró un gráfico, sin decir de dónde provino la información, de cuánto supuestamente ganó el periodista en 2021. Loret de Mola respondió al ataque en Twitter: “Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista”, y aseguró que la información del presidente es falsa.
El mandatario no mencionó el asesinato del quinto periodista sino hasta que un reportero le preguntó. López Obrador se limitó a decir que era “lamentable” y aseguró que el mecanismo de protección a periodistas “se está mejorando”.
Hootsen, del CPJ, coincidió en que sería incorrecto decir que la violencia que ha afectado a los periodistas en los distintos estados del país es resultado directo de las críticas del presidente a la prensa. Sin embargo, consideró que sus palabras sí dividen a la opinión pública y contribuye a que cuando ocurre un ataque, la gente no siempre vea que eso representa un atentado también a una de sus libertades.
Irazoque mencionó que el mecanismo ha dado 1.300 dispositivos electrónicos de seguridad, además de que ha asignado a más de 200 escoltas a distintas personas, ha instalado alrededor de 75 refugios para quienes están bajo su protección y en ocasiones su familia. Además, dice que han ayudado a reforzar la seguridad en unos 400 inmuebles donde viven las personas.
“El mecanismo, que no quede duda, ha salvado vidas”, subrayó. Y puso como ejemplo que de los más de 140 asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas que contabilizan sólo en este gobierno, “solamente seis personas estaban en el mecanismo”.
Sin embargo, algunos periodistas tienen una opinión diferente.
Hace unos días, poco después del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en la ciudad fronteriza de Tijuana, el reportero local de radio y televisión Odilón García, criticó al mecanismo, el cuál conoce bien después de haber estado tres años bajo su protección.
“Te dan un pequeño teléfono y si pasa algo, puedes llamar y la llamada sale a una oficina central que notifica a la policía, que después te va a ubicar, y mientras, ya estás muerto”, dijo en Tijuana.
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‘Violencia e impunidad nacen en Palacio’
* 68 activistas y 43 periodistas asesinados en el gobierno de López Obrador
* México, el cuarto país más peligroso para defensores de derechos humanos
CIUDAD DE MÉXICO. * 13 de julio de 2021.
) Comunicado.
“Es dolorosa, creciente e inocultable la violencia que se adueña de nuestro país, mientras López Obrador se recluye en un discurso falso e hipócrita. ¡Ya basta de mentir, basta de disfraces! Las y los mexicanos estamos reclamando paz y seguridad y el presidente no hace nada más descalificar y culpar a sus “adversarios” de inventar las cifras -que son reales- de asesinatos de activistas y periodistas en nuestro país. Es una desvergüenza del Gobierno Federal: el presidente arremete contra los medios de comunicación, fomenta la violencia y desprotege a las personas defensoras de los derechos humanos. Es un acto criminal”, expresó Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Después de que se le cuestionara a López Obrador sobre los 56 activistas asesinados durante su sexenio y afirmara que era “propaganda” de sus adversarios, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que son 43 periodistas y 68 activistas asesinados, 12 más de la cifra que se dio a conocer en un medio de comunicación.
Ante esta situación, el líder perredista aseveró que el presidente de la República debe dejar de polarizar y seguir culpando a sus “adversarios” e implementar una estrategia que proteja de manera efectiva a defensores de los defensores de los derechos humanos, además de dejar de estigmatizar a periodistas.
“La estigmatización de periodistas y personas defensoras, así como la impunidad en la mayoría de los casos de violencia en su contra, está violando sus derechos humanos. Se está reprimiendo a las mexicanas y mexicanos que luchan por un país mejor. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas necesita más fondos; la llamada austeridad del presidente está siendo criminal y está hundiendo al país”.
Por último, el líder perredista exigió a López Obrador que “deje su soberbia a un lado. No puede seguir polarizando a la población; debe cumplir las exigencias de la sociedad y no sus caprichos. Nosotros desde el PRD no vamos a permitir esta indiferencia e indolencia hacia las personas que luchan por un mejor país; seguro estoy de que en la próxima legislatura, junto con la coalición legislativa, se impulsarán iniciativas para proteger a periodistas y activistas”.
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Comisión de Estudios Legislativos aprobó dictamen de extinción de fideicomisos
] CIUDAD DE MÉXICO. * 20 de octubre de 2020.
| Forbes / Efe.
El final de múltiples fideicomisos por parte del gobierno mexicano sigue avanzando en el Senado.
La Comisión de Estudios Legislativos Segunda aprobó el dictamen en materia de extinción de fideicomisos públicos.
“Con seis votos a varo y tres en contra, el dictamen será discutido en el Pleno”, informó el poder legislativo en su cuenta de Twitter.
El Senado vive unas horas convulsas, con todas sus puertas cercadas por manifestantes que intentan evitar la extinción de 109 fideicomisos mientras los legisladores buscan un modo y un lugar, que parece ser la antigua sede de la Cámara alta, para aprobar esa suspensión.
El caballo de batalla son 109 fondos por un valor conjunto de más de 68.000 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares) que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quiere centralizar con la aprobación ya otorgada de la Cámara de Diputados, por lo que solo falta la ratificación de los senadores.
La medida ha causado gran polémica en México, ya que los fideicomisos a suprimir abarcan temas tan diversos y críticos como la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas o la financiación de proyectos científicos y culturales.
ÚLTIMO PASO
Mientras, López Obrador argumenta que en “casi todos” estos fondos “impera la corrupción” y que centralizar los recursos -aunque no haya presentado todavía un plan sobre cómo los manejará- contribuirá al ahorro del erario.
“Estoy esperando, porque nos hace falta que se apruebe, lo de la desaparición de los fideicomisos y de los fondos que son focos de corrupción”, insistió este lunes.
Quienes también estaban esperando eran los afectados por la extinción de los fondos, que acampados a las diversas puertas del Senado impidieron la entrada este lunes a los legisladores.
Así, las dos comisiones que tenían que enviar el dictamen procedente de la Cámara de Diputados al pleno del Senado tuvieron que reunirse en un céntrico hotel; una de ellas lo aprobó, pero en la otra no hubo quorum para ello.
Es por ello que este martes el texto no pudo ser discutido por el pleno, pero la comisión tampoco pudo buscar acuerdo y la aprobación del texto en las instalaciones de la Cámara Alta, todavía cercadas por manifestantes.
“Durmieron (los manifestantes) en las pocas entradas que hay. Ya se intentaron todas las vías alternativas para entrar y la realidad es que no hay paso”, confirmó este martes a Efe el asesor de un senador.
Varias organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, se quejaron de la fuerte presencia policial durante la noche en el Senado.
El mismo asesor indicó que habrá una sede alterna para que la última comisión, la de Estudios Legislativos, apruebe el dictamen a discutir.
Reveló que el pleno no puede buscar un lugar alterno ya que la Constitución no le permite sesionar fuera de su recinto o del antiguo, situado en el centro histórico, adonde previsiblemente se traslade la sesión.
REIVINDICACIONES FIRMES
El actual Senado de México, ubicado en el corazón de Ciudad de México, ocupa toda una manzana y tiene entradas por diferentes calles que los afectados se han dividido para acampar y protestar.
La parte trasera la ocupan familiares de desaparecidos y personas desplazadas, como Óscar Bello Pineda, un periodista huido de su natal estado de Guerrero para escapar del narcotráfico y amparado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que desaparecería al pasar esta iniciativa, según explicó a Efe.
El reportero aseguró que tuvo que huir a Ciudad de México en 2017 “debido a una serie de amenazas consecutivas” ya que otra guerra entre cárteles iniciaba en la zona y tras sufrir dos secuestros y una paliza que lo tuvo inhabilitado 20 días.
“Hoy me encuentro en Ciudad de México con medidas cautelares. Y de concretarse el objetivo de diputados y senadores, que es el de extinguir los fideicomiso, yo quedaría en el desamparo completamente”, denunció.
RESISTENCIA ORGANIZADA
En la misma fachada del Senado donde duerme Bello hay familiares de desaparecidos a los que, posiblemente, les quitarán su asignación, y en la calle perpendicular se agolpan los descendientes de braceros que a mediados del siglo XX fueron a trabajar a Estados Unidos y cuyo fondo de ahorros desaparecerá.
En la paralela, junto al Paseo de la Reforma, se encontraban este martes científicos y activistas por el cambio climático, que intentan impedir el recorte de fondos por 24.956 millones de pesos (1.162 millones de dólares) que estaban bajo el amparo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Nuestra causa justa es la defensa de la posibilidad de investigar, de crear ciencia y tecnología en México”, sostuvo Édgar Ramírez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Ramírez advirtió de que no podrán “atraer recursos para investigaciones, docencia y becar estudiantes”, una denuncia anticipada este lunes por más de 700 científicos de las universidades más prestigiosas del mundo en una carta pública.
A su lado, el activista ambiental Noé Sánchez, de la organización internacional Fridays for Future México, alertó sobre la supresión del principal fideicomiso para mitigar el cambio climático, con lo que México no podrá cumplir con el Acuerdo de París.
Pese a las reivindicaciones, no hay ningún signo de que los legisladores del partido en el Gobierno, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), vayan a desoír al presidente y cejen en su empeño de suprimir estos 109 fideicomisos públicos.
📸 Hoy, en sede alterna, se reúne la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, para discutir el dictamen en materia de extinción de fideicomisos. pic.twitter.com/tZOlLE8RCW
— Senado de México (@senadomexicano) October 20, 2020
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