AMLO achaca a crisis mundial repunte de migrantes
CIUDAD DE MÉXICO * Agosto 16, 2023.
) Apro
El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que luego de la disminución en la cantidad de personas migrantes hacia Estados Unidos, ahora observan un repunte porque hay una crisis mundial que lleva a los gobiernos de países de origen a no tener presupuesto suficiente para atender las necesidades de sus poblaciones.
“Hay una crisis mundial, no están atendiendo los gobiernos las necesidades de trabajo, de bienestar de los pueblos y no es que no quieran hacerlo, es que no tienen posibilidad, no tienen presupuesto”, afirmó.
El ideal, dijo, tiene que ser el que la migración sea opcional y no forzosa, para lo cual es necesaria la solidaridad internacional. “Ese es mi reclamo a la ONU, ellos deberían de estar promoviendo un plan en ese sentido, en esa dirección; no hacen nada, están como florero, de adorno. Atender las causas”.
Ante este repunte, el presidente analizará el fenómeno en las reuniones que sostiene con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca y su gabinete, porque otra de las razones de este repunte, luego de “una disminución considerable”, es que se podría “mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues”.
También dijo que ayudarán a que se aumente la difusión de los trámites que pueden iniciar, desde sus países, las personas migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, “porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden”, en la carta que le envío vía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
El jefe del Ejecutivo mexicano consideró que en México ya se ven los resultados de atender las causas y darle “preferencia a los pobres, por humanismo, pero también para atemperar el fenómeno migratorio y para reducir la violencia. Todo lo que se haga para que haya trabajo, que se consigan mejores salarios, más ingresos, que signifique bienestar para el pueblo, que signifique atender a los jóvenes, todo eso ayuda mucho para serenar al país, a los países”.
Expuso que no es viable que se quiera resolver el problema migratorio sólo con medidas coercitivas, con violencia, con decisiones en el ámbito bélico, militarizando fronteras, con muros. “Eso es arcaico, inhumano, eso sólo para mentes autoritarias y para quienes hacen negocio con la industria armamentista; pero eso no produce paz ni justicia ni tranquilidad”.
El presidente López Obrador reiteró que es una de las razones por las que analiza con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América.
“Se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos, que la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe, lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados; si no, no vamos a poder detener el flujo migratorio”, señaló.
El mandatario federal consideró que las personas que salen de sus lugares de origen no lo hacen por gusto, sino por necesidad. “Si la gente tiene trabajo en su lugar de origen, no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres?”.
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Migrar y morir | La otra cara de la política migratoria
* Mientras López Obrador pide a Joe Biden aumentar las visas de trabajo para mexicanos, su gobierno en México ha cortado presupuesto para atender a quienes migran a nuestro país y a vulnerado sus derechos
» CÉSAR | ALMEIDA CANTÚ
) Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad
Me pregunto si, durante el encuentro entre los mandatarios de México y Estados Unidos el pasado 12 de julio, Joe Biden experimentó esa familiar sensación que uno tiene cuando se le demanda algo sabiendo que quién lo pide nunca ha correspondido. Andrés Manuel López Obrador le solicitó a su homólogo que incrementara la expedición de visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos. Biden prometió 600 mil, el doble del récord emitido el año pasado, bajo una condición: paciencia. Sin embargo, mientras el presidente mexicano mostraba su apoyo contra la crisis migratoria, escondía su reverso: una historia de austeridad que ha diezmado la política migratoria de México.
Antes de discutir el impacto de las medidas aplicadas durante este sexenio en los organismos garantes de derechos y apoyo a migrantes y refugiados en México, tenemos que recordar la promesa que López Obrador hizo en campaña en 2018. El 17 de octubre de ese año, durante una conferencia de prensa en Tamaulipas, el entonces candidato prometió “ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos”. AMLO anunció que el objetivo de su gobierno sería lograr que “la migración sea optativa, no obligatoria, y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació”, así como “enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar en Centroamérica y en [México]”. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el número de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos ha crecido en un 370%. Van cuatro años consecutivos con una tendencia a la alza: en 2019, rondó los 150 mil casos; en lo que va de 2022, la cifra ya supera los 560 mil.
Dejando a un lado el ascenso del número de migrantes mexicanos después de diez años a la baja, el país también ha fungido como el principal corredor de migrantes centroamericanos hacia el norte. Si el gobierno de López Obrador no no ha podido garantizar el bienestar a los mexicanos, su desempeño en materia de migración también ha estado alejado del discurso de la campaña. Según Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, el discurso humanitario del gobierno federal actual no ha venido acompañado del presupuesto necesario para hacer de las palabras una realidad.
Desde 2019 el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha sido continuamente reducido, pese a que año tras año las solicitudes de asilo en México han roto récords. En 2019 se recibieron 70 mil 400 solicitudes; en 2020, 120 mil; y en 2021, 130 mil. Todo parece indicar que en 2022 la tendencia seguirá en aumento. Esto se explica, al menos en parte, por las condiciones políticas, económicas y sociales de muchos países de la región.
Aproximadamente el 70% de las solicitudes cada año son presentadas en Tapachula, en la frontera chiapaneca con Guatemala. La Comar se encuentra rebasada. De enero a agosto de 2021 se resolvieron sólo 23 000 de las 78 000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. A pesar de esto, aquel año la Secretaría de Gobernación otorgó solo 44 millones de pesos a la institución, lejos de las necesidades calculadas en 200 millones de pesos. El titular del organismo, Andrés Ramírez, ha reconocido que la dependencia no tiene suficientes recursos, declarando que “se necesitan alternativas migratorias, como darles documentos [a los migrantes] para el libre tránsito y permisos de trabajo temporal, además de aumentar el presupuesto, pero como no tenemos ni una cosa ni la otra la situación se ha desbordado y tenemos este problema”.
En efecto, el incremento drástico de solicitudes de asilo se ha dado por una ola de migrantes haitianos que han llegado de Brasil y de Chile, pero que no son considerados como refugiados porque buscan mejores prospectos económicos y no escapar a uno u otro tipo de persecución, según la definición de la Declaración de Cartagena. El servicio de atención de la COMAR está colapsando en detrimento de quienes legítimamente buscan refugio y pretenden escapar de la violencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua, por mencionar sólo a los países con mayor migración.
Queda entonces sólo otra institución, el Instituto Nacional de Migración (INM), que históricamente se ha visto plagada de escándalos de corrupción. De acuerdo con información proporcionada por el propio INM, se han interpuesto un total de 68 denuncias penales por cargos de corrupción ante la Fiscalía General de la República desde el comienzo de la actual administración. Durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en contraste, se presentaron apenas 56. Este incremento de más de 20% —y con dos años del sexenio aún por venir— ha tenido lugar a pesar de que el 19 de junio de 2019 López Obrador aseguró estar “limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder [,,,] una de estas instituciones es Migración”. Sin embargo, Human Rights Watch ha denunciado que las mismas condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación y carencia de servicios médicos que presentaban las estaciones migratorias durante la administración de Peña Nieto prevalecen en la actualidad.
El manejo deficiente de los fondos destinados al INM, aunado a más recortes presupuestales, sólo agrava la situación de una dependencia que lleva diez años como una de las cinco instituciones más señaladas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías individuales. AMLO dice que “necesitamos cuidarlos [a los migrantes]” a través de intervenciones del instituto, pero sólo en 2020 se registraron 1044 quejas en materia de derechos humanos contra el INM. Las denuncias van desde robo y extorsión hasta abusos sexuales en los campos migratorios.
¿Cómo ha respondido López Obrador a la crisis migratoria actual, si no es destinando más y mejores recursos a la Comar y al INM? En el artículo “Guardia Nacional y detención de personas migrantes” de Felipe Sánchez Nájera y Daniela Osorio Reyes, señalan que el presidente ha de-facto “criminalizado la migración al dejar la gestión migratoria en manos de una institución de seguridad pública, asimilando el ingreso irregular a un crimen.”
Las corporaciones de seguridad pública no tienen la capacidad de implementar las medidas de protección a personas migrantes que establecen tanto nuestras leyes como las convenciones internacionales de las que México es parte. De acuerdo con un reporte del Observatorio del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), es frecuente que agentes de seguridad coluden con aquellos del INM para participar en crímenes como la extorsión y el secuestro de migrantes de manera impune. Del mismo modo, la Encuesta sobre Agresión y Abuso al Migrante registra que sólo 2.6% de los migrantes centroamericanos que sufrieron algún abuso intentaron denunciar los hechos; de entre los que no lo intentaron, 18% dijeron tener miedo de sufrir represalias. Además, de acuerdo al informe Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México, 18% de los delitos contra los migrantes son causados por fuerzas del orden, desde la Guardia Nacional hasta policías municipales.
En otoño de 2021 la organización Human Rights Watch (HRW) acusó a López Obrador de “expulsar ilegalmente a miles de refugiados a Guatemala sin un debido proceso, incluyendo muchos que fueron primero expulsados de Estados Unidos a la custodia de autoridades mexicanas bajo el programa Quédate en México”. De acuerdo a esta investigación, en agosto del mismo año las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional empezaron a trasladar diariamente al menos a trescientos migrantes de distintas nacionalidades al remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. Desde ahí han obligado a los migrantes a cruzar a pie hacia Guatemala.
A las personas expulsadas se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo. Por si fuera poco, migrantes y refugiados declararon a HRW que muchos agentes migratorios acusan a los solicitantes de haber falsificado sus documentos, llegando incluso a confiscarlos o destruirlos, a pesar de que su solicitud ya había sido aprobada. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de una declaración del 17 de agosto, expresó preocupación porque no se le había notificado acerca de las deportaciones. Las autoridades mexicanas no han coordinado dichos movimientos forzados de migrantes con las autoridades guatemaltecas o de otros países . El número total de expulsados se desconoce, pero algunos expertos estiman que se trata de decenas de miles de personas.
No es noticia que el discurso de López Obrador no concuerda con las acciones de su gobierno, ni tampoco la primera vez que el presidente exige de mandatarios extranjeros políticas que él mismo no promueve en nuestro país. La demanda de más visas de trabajo en Estados Unidos parecieran sugerir que el presidente no cumplió el compromiso expresado en campaña y que su gobierno no tiene la capacidad de proteger a los migrantes en territorio nacional.
El abandono actual de los campos migratorios, la reducción de presupuesto a instituciones claves para el bienestar de los migrantes y la militarización de la administración migratoria han dejado en el aire el destino de cientos de miles de personas obligadas a salir de sus países.
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Estados Unidos suspende el programa migratorio «Quédate en México»
HOUSTON * 9 de agosto de 2022.
) Euronews
Una decisión judicial ha acabado con el programa migratorio, conocido como «Quédate en México», introducido en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Su implementación obligaba a miles de migrantes a esperar en México hasta la fecha de sus audiencias en territorio estadounidense.
La resolución ha puesto fin a la batalla legal entre la Administración Biden, que quería derogar la medida.
Biden suspendió esta hoja de ruta en su primer día en el cargo dejándola pendiente de revisión, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida el pasado diciembre.
Los estados de Texas y Misuri argumentaban en su demanda que terminar con el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), su nombre oficial, representaba una carga para los estados porque los migrantes usan los servicios estatales para conseguir tanto licencias de conducir como atención hospitalaria.
En junio, el Tribunal Supremo dictaminó que el presidente tenía capacidad para derogar el programa. Tras este fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Alejandro Mayorkas, avanzó en un escueto comunicado que continuaría «sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible».
El fallo del máximo tribunal devolvió la querella legal a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por Mayorkas.
Ha sido este lunes, cuando el juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, ha anulado la orden de restablecerlo, en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado el departamento dirigido por Mayorkas ha asegurado que ha acogido favorablemente la decisión del magistrado y ha añadido que «se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada».
¿Qué significa la suspensión de «Quédate en México»?
Cerca de 5.800 inmigrantes fueron procesados a través de la segunda fase de MPP, la cual 
fue impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría de estas personas provienen de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.
Para muchos de estos migrantes este programa les aumentaba el estrés y la tortura psicológica, que ya vivían por la naturaleza misma de su situación como migrantes. El tener que quedarse al otro lado de la frontera les provocaba una gran incertidumbre en medio de circunstancias extremas, lo que se convertía en un juego psicológico.
En estas zonas de espera corrían el riesgo de ser secuestrados, extorsionados y violados; además que se les negaba el acceso a servicios básicos como la atención médica, según expresó en un comunicado la Organización no gubernamental Human Rights Wacth.
A inicio de este año esta organización declaró que «La gravedad de los abusos contra los derechos humanos que se han producido como consecuencia del programa ‘Quédate en México’ ha dado lugar a importantes investigaciones, llamamientos a la acción legislativa e impugnaciones judiciales por parte de muchas organizaciones civiles y de derechos humanos de Estados Unidos, México y la región».
La suspensión de este programa supone tener más oportunidades para empezar una mejor vida, no estar expuestos a bandas criminales y peligros durante la espera de sus audiencias; y tener la esperanza de que por lo menos se reduzca la violación de derechos humanos que este programa produjo.
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Ernesto Rivera | Migrantes, crisis en puerta en Acapulco
Tercera Vía
] Ernesto Rivera Rodríguez.
De la manera más vil el Instituto Nacional de Inmigración, INM, viene desde hace meses sembrando migrantes caribeños y centroamericanos en diversas ciudades del país. Desde la semana pasada le tocó a Acapulco. Ahí dejados a su suerte, que parece no es mucha, ya más de un centenar de Haitianos algunos centroamericanos fueron literalmente abandonados en las cercanías de la Central de Autobuses Estrella Blanca en la Avenida Cuauhtémoc, y poco a poco en una «operación hormiga» se han extendido hacia las calles aledañas.
Ante el criminal silencio del INM delegación Guerrero, la que parece aplicar una siniestra política no de abandono sino una brutal política quirúrgica de sembrarlos en lugares estratégicos fuera de las rutas conocidas hasta hoy para su recorrido desde el sur, Tapachula, Chiapas hacia el norte del país.
Arribar a este destino turístico deja muchas preguntas aún sin responder, más allá del carácter inhumano que representa su abandono en las calles del puerto, sino en el objetivo oculto de sembrar acciones que ya no son futuras sino de cuestiones que ya se viven en nuestras calles y avenidas.
Gente que en su deambular sin ningún protocolo sanitario ni de sanidad van dejando y recibiendo a través del ambiente nuevos y conocidos contaminantes que han tenido al mundo a un paso del colapso, y con estos nuevos portadores de sólo Dios sabe que patologías, esto se convertirá en un caldo de cultivo de inimaginables proporciones además, además de ser ya vistos como «carne de cañón», y sin lugar a dudas de ser utilizados para tareas y ocupaciones nada legales.
Convertido en un grave problema ya no de salud, de seguridad, la cuál ya de por sí no sólo en Acapulco sino en todo Guerrero se encuentra en el «filo de la navaja», la seguridad misma contra la espada y la pared, como la acción contra la Seguridad al Secretario General de Gobierno, Saúl López Sollano, «haiga sido lo que haiga sido», que puso al borde del infarto al gobierno de Evelyn Salgado Pineda, y a Chilpancingo en un símil nocturno a Iguala hace siete años, convertidos a los migrantes en un tema de la cotidiana Mesa para la Construcción de la Paz, sin que conozcamos resultado alguno al respecto. Ni tampoco posición alguna de las autoridades locales Municipales, ni mucho menos del Congreso Local, este ocupado en un desaguisado interno más cercano a la «Insula Barataria» que a un moderno órgano legislativo.
Se va a dialogar con los migrantes, cómo se pretende se haga con la delincuencia organizada, una seria política bizarra de entender el concepto de seguridad nacional que ya confunde la transparencia con «la omisión» y el ocultamiento. En tanto el país, viaja en un tren, «simulador» de la abrupta realidad que padecemos, como un pobre símil del «Guarda agujas», de Juan José Arreola.
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¿Por qué los haitianos están abandonando Chile?
Eva Vergara
] AP / Santiago de Chile
Millares de inmigrantes haitianos atrapados en un círculo vicioso en Chile, sin cédula de identidad y sin trabajo, están abandonando el país sudamericano, agotados de las leyes migratorias que parecen ser más duras con ellos.
Vencidos por el sistema, muchos dejaron el país y algunos lograron llegar a la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, donde acamparon junto a miles de sus compatriotas en un intento por ingresar a Estados Unidos. Algunos lo lograron, pero las decenas de miles que se quedaron en Chile y que carecen de documentos chilenos enfrentan una difícil situación.
¿CUÁNTOS HAITIANOS HAY EN CHILE?
Oficialmente hay 1,5 millones de inmigrantes, incluidos unos 180.000 haitianos, de ellos “casi 70.000 residen en Chile con permanencia definitiva”, según el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, responsable del tema de las migraciones.
A los 110.000 sin papeles se suman quienes ingresaron por pasos no habilitados y los que esperan que el Departamento de Extranjería y Migración de Chile les otorgue una cédula de identidad, documento requerido para casi cualquier trámite.
Si los haitianos no regularizan su situación podrían ser expulsados. En lo que va del año más de medio millar de inmigrantes de diversas nacionalidades fueron deportados a bordo de vuelos comerciales especialmente contratados.
¿CÚAL ES LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN CHILE?
A miles se les venció la cédula de identidad chilena temporal que obtuvieron en el país y el Departamento de Extranjería y Migración no se las renueva si no exhiben un contrato laboral. Sin embargo, no consiguen trabajo sin un carné vigente. Sin cédula tampoco hay visa temporal.
Las empresas que contratan a migrantes indocumentados deben pagar una multa en dinero si son descubiertos, mientras algunos los dejan trabajar, pero por ingresos inferiores al sueldo mínimo, que bordea los 420 dólares.
“Es un círculo vicioso porque, ¿qué hace un migrante que está irregular o se le acabó la visa? A algunos no les están renovando su visa y el trámite es muy extenso”, dijo a The Associated Press la académica Adriana Palomera, Coordinadora del Centro de Estudios Migratorios, de la Universidad de Santiago de Chile.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INMIGRANTES HAITIANOS EN CHILE?
Al inicio de su segundo mandato, en 2018, el centroderechista presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que obliga a los haitianos a obtener una visa de turista en el consulado chileno en Puerto Príncipe. Un año después impuso una medida similar a los venezolanos.
El grueso de los inmigrantes provenientes de Haití llegó entre 2014 y 2017, durante el gobierno de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, época en que les bastaba su pasaporte para obtener una visa de turista, la que posteriormente cambiaban por una laboral luego de obtener trabajo.
“De ahí en adelante, todo lo que promueve el gobierno son políticas, finalmente, de expulsión de la población especialmente haitiana”, dijo Palomera, experta en migraciones, que añadió que “claramente hay una política de impedir el ingreso a la población migrante”.
Además, Piñera promulgó en abril de 2021 una nueva Ley de Migraciones para prevenir el ingreso irregular de extranjeros. “Estamos poniendo en orden nuestra casa”, señaló. La norma, que busca impedir el ingreso ilegal a Chile, facilita las expulsiones administrativas de quienes lleguen sin visa y sin validar sus antecedentes penales.
¿CÖMO AFECTA A LOS HAITIANOS EL PROCESO DE REGULARIZACION IMPUESTO POR PIÑERA?
Además de la nueva Ley de Migraciones, Piñera dispuso en abril el inicio de un proceso de regularización para los inmigrantes de cualquier nacionalidad que hayan entrado a Chile por pasos habilitados antes del 18 de marzo de 2020. El trámite vence el próximo 17 de octubre y para acogerse al programa se les exige a todos un papel de antecedentes, que para los haitianos es prácticamente imposible de conseguir.
“Es un tremendo problema para la población haitiana que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la documentación”, dijo Palomera.
El abogado peruano Rodolfo Noriega, dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, estimó en unos 300.000 los inmigrantes haitianos en situación irregular en Chile.
El gobierno chileno no ha dicho con claridad lo que sucederá a quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite.
¿POR QUË PARA LOS HAITIANOS ES DIFICIL CONSEGUIR UN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES?
Noriega precisó que en Haití sólo sólo hay un prontuario policial y para obtenerlo los haitianos deben plasmar sus huellas dactilares en el consulado de su país en la capital chilena, las que son enviadas a la isla, donde inician un largo y demoroso recorrido por instituciones, que incluyen una traducción oficial del papel en la Cancillería de Haití, antes de que el documento sea enviado al país sudamericano.
“En síntesis, no tienen como cumplir el trámite, es casi imposible”, dijo el abogado.
La difícil situación en Haití, el país más pobre del continente que sólo este año sufrió el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse; el embate de un nuevo terremoto y de una tormenta tropical, dificulta aún más la burocracia.
Para Palomera, que el gobierno facilitara las cosas para los migrantes sería “la única forma de que el proceso migratorio sea menos dramático para esos miles, cientos de mujeres, niños y hombres que están moviéndose en toda la región”.
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México ayuda a ‘limpiar’ migrantes de EU
DEL RÍO, Texas. * 21 de septiembre de 2021.
) AP.
Los miles de migrantes haitianos a ambos lados de la frontera entre México y Texas se veían cada vez con menos opciones, mientras el gobierno de Estados Unidos preparaba seis vuelos el martes para expulsarlos a Haití y México empezó a llevarse a 
algunos de la frontera en autobuses.
Más de 6.000 haitianos y otros migrantes han sido desalojados del campamento en Del Rio, Texas, según dijeron las autoridades estadounidenses el lunes, que defendieron una contundente operación que incluyó la expulsión inmediata de migrantes a su empobrecido país caribeño. Las autoridades estadounidenses fueron criticadas por utilizar patrullas a caballo para impedir que la gente entrara en la localidad texana.
Eso bastó para que algunos migrantes haitianos regresaran a México, mientras que otros trataban de decidir a qué lado de la 
frontera probar suerte.
Marie Pierre, de 43 años, estaba al anochecer en el lado mexicano del río con cientos de migrantes que dudaban sobre qué hacer. Los agentes de la Patrulla Fronteriza la habían separado de su hijo de 19 años en Texas, señaló, y no sabía si le habían deportado. Esperaba una oportunidad de cargar su celular, confiando en recibir noticias de su hermana y su primo en Florida.
“Me dijeron que era un adulto y no podía quedarse con nosotros”, dijo del momento en el que se habían separado.
Tras describir la situación como “complicada y desgarradora”, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una clara advertencia el lunes: ”Si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás expulsado. Tu viaje no tendrá éxito, y pondrás en riesgo tu vida y la de tu familia”.
Funcionarios de la Comisión Nacional mexicana de Derechos Humanos caminaban entre los migrantes para localizar a los interesados en solicitar asilo en México. En lo que va de año, más de 19.000 haitianos han decidido hacerlo, incluidos algunos ahora en la frontera.
Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas detenían a algunos migrantes. Los primeros autobuses llenos salieron el domingo, y el lunes llegaron más autobuses vacíos.
Algunos trabajadores humanitarios dijeron el lunes que habían visto a agentes de la Guardia Nacional mexicana ayudando a agentes de inmigración a detener un grupo de 15 a 20 migrantes en Acuña.
La agencia mexicana de inmigración no respondió de inmediato a una petición de comentarios de Associated Press, pero un funcionario federal dijo el domingo a AP que el plan era llevar a los migrantes hacia Monterrey, en el norte del país, y hacia Tapachula, cerca de la frontera sur de México, y de allí trasladarlos vía aérea hacia Haití en los próximos días.
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Acepta AMLO atender, junto con Estados Unidos, causas del fenómeno migratorio
] PALACIO NACIONAL. ‘ 7 de mayo de 2021.
) Gobierno de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en videoconferencia con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
El fenómeno migratorio fue uno de los temas principales en el encuentro a distancia. Ambos coincidieron en la necesidad de abordar las causas para atender esta situación.
El jefe del Ejecutivo expresó su disposición a trabajar de manera conjunta para hacer frente a la migración.
“Estamos comprometidos a trabajar juntos para buscar medidas eficaces, humanas y justas al fenómeno migratorio”, subrayó en un mensaje en sus redes sociales tras el encuentro virtual.
El mandatario reafirmó el ofrecimiento del Gobierno de México para contribuir a partir de la implementación de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el sureste de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador a fin de generar empleos e impulsar el bienestar.
La vicepresidenta dijo a su vez que se tratará la migración “de forma común y de forma internacional para trabajar con nuestros aliados, con otros países en el mundo para abordar las causas y esto tenemos que hacerlo de manera integral”.
Acompañaron al presidente López Obrador en esta reunión, las y los secretarias de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Bienestar, Javier May Rodríguez; la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta; el embajador de México en EUA, Esteban Moctezuma Barragán; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y el director general para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez.
Por parte de Estados Unidos, la comitiva de la vicepresidenta estuvo integrada por la asistente del presidente y jefa de gabinete de la vicepresidenta, Tina Flournoy; la asistente del presidente y asesora de la vicepresidenta, Nancy McEldowney; el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer; la subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung; el asistente especial del presidente y director senior del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González; el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Comercio, Ian Saunders; la asesora senior de Migración en la Casa Blanca, Amy Pope; la directora senior transfronteriza de la Casa Blanca, Katie Tobin; la asesora para el Hemisferio Occidental, Hillary Quam y la asesora senior para México y el Triángulo del Norte, Kelly Keiderling.
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Liam Neeson condena «políticas de abominación» de Trump en la frontera
LOS ÁNGELES. | 13 de enero de 2021.
] Efe.
Una de las transformaciones más singulares del cine en los últimos años es la tardía conversión en una estrella de la acción de Liam Neeson, que ahora presenta el thriller fronterizo «The Marksman» y que no se cortó a la hora de atacar las ideas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«Las políticas de Trump en la frontera han sido una abominación», aseguró el veterano actor a Efe.
Tras éxitos de la adrenalina como «Taken» (2008) o «Unknown» (2011), Neeson continúa con la escopeta al hombro y con ansias de justiciero en solitario en «The Marksman», película de Robert Lorenz («Trouble with the Curve», 2012) que se estrena el viernes en Estados Unidos y en la que aparecen los actores latinos Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz y Jacob Pérez.
«The Marksman», con un evidente aroma «eastwoodiano», presenta a Neeson como un ranchero en Arizona que lleva una vida tranquila, ya con su experiencia en la guerra de Vietnam muy lejos y con muy poco interés por lo que sucede al otro lado de la frontera.
Pero su situación cambia por completo cuando se encuentra con Rosa (Ruiz) y su hijo Miguel (Pérez), que han cruzado a EU huyendo de la violencia y de un letal criminal (Raba), y a los que tratará de ayudar para huir del peligro.
Pregunta: En los últimos años se ha convertido en un experto del cine de acción. Cuando leyó el guion de «The Marksman», ¿qué encontró diferente respecto a otras películas del género?
Respuesta: Bueno, creo que el tema en cuestión de la película es muy de actualidad con todos los horrores que han estado sucediendo en la frontera con México en los últimos tres o cuatro años. Soy embajador de buena voluntad de UNICEF y la historia me conmovió en ese sentido.
Sentí que esta es una cinta que es clarividente y que también va sobre dos personas que serían solo estadísticas, pero que son de carne y hueso, que son seres humanos con corazón y ambiciones.
La madre tiene un compromiso con su hijo, y están intentando escapar de la violencia extrema en su propio país, en su propio pueblo.
En cuanto a mi personaje, es muy reservado.
Pensé que era algo así como una historia de amor y me atrajo mucho. Creí que estaba hermosamente escrita. Es parte wéstern y también parte «road-movie» (película de carretera). No tuve que pensarlo nada tras leerla. Pensé: «Sí, realmente debo hacer esto».
Y me recordó a algunas de las películas de Clint Eastwood de principios de los años 80.
P: Ha sido un gran crítico del presidente estadounidense, Donald Trump. ¿Qué espera de las políticas de Joe Biden en cuanto a inmigración y la frontera?
R: Las personas tienen que ser tratadas como seres humanos.
No me quiero meter en todo un rollo político, pero creo que las políticas «trumpistas» en los últimos tres años han sido una abominación.
Hay todavía 495 niños que faltan y que están separados de sus padres (la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU dijo en octubre que eran 545 los menores que todavía no se habían reunido con sus familias).
Es simplemente abrumador. Es inhumanidad.
P: Ha colaborado con muchos actores latinos en esta película. Uno de ellos es el colombiano Juan Pablo Raba. ¿Cómo fue trabajar con él y medirse a él en esta cinta?
R: Oh, me encanta Juan Pablo… Nos convertimos en buenos colegas.
¿Sabes? Le dio al villano (de la película) estas otras capas y estos otros niveles que yo no había visto cuando leí el guion.
No quiero destripar nada de la cinta, pero tenemos un enfrentamiento hacia el final. Y cuando vi la película, le encontré muy conmovedor.
Pensé que este tipo (el personaje de Raba) había entrado en las pandillas cuando tenía la edad de Miguel, unos 10 u 11 años. Esta es la única vida que ha conocido: no tuvo elección.
Cuando Juan Pablo dice eso realmente me puso lágrimas en los ojos, de verdad. Especialmente cuando hicimos esa escena éramos solo dos hombres que eran soldados, en puntos opuestos respecto al otro, en lados opuestos, pero había respeto ahí.
Y Juan Pablo es tan buen actor que fue capaz de poner esas capas en el personaje: no fue simplemente un villano.
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Anulan prohibición de arrestar migrantes en tribunales de EU
] BOSTON, Massachusetts. * 1 de septiembre de 2020.
| AP.
Una corte federal de apelaciones anuló el martes un fallo que prohibía a agentes de inmigración arrestar a personas sospechosas de vivir ilegalmente en Estados Unidos si se encontraban en tribunales de Massachusetts.
La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston corresponde a un caso presentado por fiscales de dos de los condados más grandes del estado. Los fiscales de distrito y los defensores públicos habían argüido que ese tipo de arrestos alteraban el sistema de justicia penal porque los acusados, testigos y otros tenían mucho miedo de ir a un tribunal.
La nueva decisión anula el fallo de la jueza federal Indira Talwani de junio de 2019 que prohibió a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a personas por infracciones de inmigración de carácter civil cuando llegaran a, se retiraran de o estuvieran dentro de un tribunal.
Los arrestos en tribunales han indignado a abogados, defensores de los inmigrantes e incluso a algunos jueces, que desean que en general el ICE no envíe a agentes a tribunales por ser “lugares sensibles”. Aunque esos arrestos sucedieron durante el gobierno del presidente Barack Obama, los abogados afirman que han aumentado en el gobierno del presidente Donald Trump.
En su fallo, la corte del 1er Circuito dijo que quienes impugnaron la práctica no mostraron “que el ICE carezca de la autoridad legal para efectuar ese tipo de arrestos en Massachusetts”.
La principal fiscal de Boston prometió seguir disputando dicha práctica.
“Esta batalla dista de haber terminado”, declaró la fiscal federal del condado Suffolk, Rachel Rollins, en un comunicado. “Estamos totalmente en el lado correcto de la justicia en este asunto. Nunca es un retroceso cuando se lucha por los derechos humanos, la justicia y construir una comunidad más segura”.
La fiscal federal del condado Middlesex, Marian Ryan, también impugnó la práctica del gobierno de arrestar a inmigrantes en tribunales.
El grupo Lawyers for Civil Rights (Abogados pro Derechos Civiles) dijo que también lucharía porque se restituya la prohibición “para proteger a los más vulnerables entre nosotros”.
“Los arrestos en tribunales por temas de inmigración obstaculizan a la justicia porque disuade a testigos y víctimas de delitos de ir a una corte. Eso nos perjudica a todos”, afirmó el grupo en un comunicado.
La impugnación de 2019 fue presentada días después de que fiscales federales en Massachusetts acusaran a una jueza estatal de ayudar a un hombre que vivía ilegalmente en Estados Unidos a que escapara por una salida trasera de una corte para que evadiera a un agente de inmigración que lo esperaba.
La jueza de ese incidente sigue esperando juicio.
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Gobierno de EU se opone a liberar a familias migrantes
] HOUSTON. * 1 de julio de 2020.
| AP.
El gobierno de Estados Unidos indicó el miércoles que no debería liberar automáticamente a padres inmigrantes detenidos con sus hijos —incluidos algunos niños pequeños— después de que una jueza federal fijara un plazo para que los menores fueran puestos en libertad, lo que según activistas podría causar una nueva separación de familias.
En documentos presentados ante una corte, el gobierno del presidente Donald Trump arguyó que las conclusiones del viernes de la jueza Dolly Gee eran “insuficientes” para demostrar las afirmaciones de las familias de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no esta haciendo lo suficiente para controlar la propagación del coronavirus, aun cuando se han presentado casos confirmados de COVID-19 en dos de tres centros de detención de familias en Texas y Pensilvania.
Gee fijó el 17 de julio como fecha límite para que el gobierno federal deje en libertad a los niños que hayan permanecido más de 20 días en detención familiar, sea liberándolos con sus padres o enviándolos con patrocinadores. Gee afirmó que los centros se encontraban “ardiendo”.
Los abogados de las familias detenidas dijeron estar preocupados de que el ICE mantenga a las familias detenidas u obligue a los padres a permitir que sus hijos sean liberados sin ellos.
En conjunto, las tres instalaciones tienen recluidos a 138 padres y 139 niños.
La orden de Gee no abarca a los padres detenidos con sus hijos, algunos en recintos donde no les permiten ver a otras personas y temen que personal infectado les haya transmitido el virus. Una madre dijo a The Associated Press que a su hijo de 8 años le negaron juguetes hasta antes de la visita de un grupo de legisladores, aseveración rechazada por el ICE. Ochenta legisladores firmaron el martes una carta en la que piden al ICE dejar en libertad a las familias juntas.
Un grupo de padres y niños retenidos por separado en un centro de detención de familias demandaron este año al gobierno ante una corte federal en Washington. Las familias afirman que las condiciones de su detención infringen la Constitución de Estados Unidos. El juez James Boasberg, que supervisa el caso, había solicitado a los abogados de ambas partes que le explicaran cómo se aplicaría la orden de Gee en el asunto.
El gobierno dijo el miércoles que continuaba trabajando en un plan para cumplir con la orden de Gee. Pero afirmó que el “remedio a una violación constitucional por la condición de confinamiento es remediar la violación, no dejar en libertad a los reclamantes”, en referencia a las familias que presentaron la demanda. Boasberg no debería ordenar la liberación de las familias detenidas, según el gobierno federal.
Los abogados de las familias acusaron al gobierno de ofrecerle a los padres “opciones igualmente inadecuadas”: dejar que sus hijos salgan sin ellos o que permanezcan en los centros de detención “donde su riesgo de infección de coronavirus es dramáticamente alto”.
“Todos están con los dedos cruzados y esperan que el ICE escuche al público estadounidense que no quiere la separación de familias”, dijo Andrea Meza, directora de servicios para detención de familias en el grupo legal RAICES. “No tiene sentido lógico que se aferren a estas personas”.
Al menos 11 padres e hijos han dado positivo al COVID-19 en el centro de detención en Karnes City, Texas, y a varios empleados les detectaron el coronavirus tanto en Karnes como en la instalación en la localidad cercana de Dilley. El gobierno dijo el miércoles que no hay casos positivos en el centro de detención del condado Berks en Pensilvania.
Menos de 1.000 menores se encuentran en el sistema de instalaciones para menores no acompañados, perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Esas cifras han disminuido considerablemente respecto del año pasado, cuando artículos periodísticos sobre la fetidez en algunas instalaciones fronterizas hacinadas provocaron indignación. La mayoría de quienes cruzan la frontera son ahora expulsados de acuerdo con un decreto de emergencia que invoca la necesidad de detener la propagación del coronavirus, aunque Estados Unidos acumula a la fecha el mayor número de casos confirmados en el mundo. Al menos 2.000 menores fueron expulsados conforme al decreto.
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