CIUDAD DE MÉXICO. | 24 de noviembre de 2020.
] Apro.
Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas.

Sergio Salazar y Carla Rochín se desempeñaron como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, respectivamente, y la FGR considera que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.

Esta guardería otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La entonces Procuraduría General de la República, ejercitó acción penal en contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”.

El Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.

El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera a funcionarios de alto nivel seguía vigente e incumplido.

El 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos ante esta autoridad, involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo; por lo que, una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente y realizadas la investigación y las diligencias necesarias, el Ministerio Público Federal (MPF) determinó ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos.

De haberlos atendido, señala la FGR, probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que éste ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados.

Por lo anterior, el 5 de noviembre de 2020, la FGR solicitó al Juez de Control, librara orden de aprehensión en contra de los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuatro días después.

Una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial por parte del MPF, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía, como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.