CIUDAD DE MÉXICO. * 19 de diciembre de 2019.
] AP.
La Secretaría de la Función Pública exoneró el jueves al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de las acusaciones de corrupción que enfrentaba.

“No hubo ninguna omisión” en las declaraciones patrimoniales de Bartlett porque no estaba obligado a declarar los bienes de su pareja sentimental ni de hijos que ya no dependen económicamente de él, afirmó Irma Eréndira Sandoval, titular de ese órgano del gobierno mexicano con funciones de contraloría.

La secretaría examinó 33 denuncias anónimas en las que se acusaba al político, uno de los personajes más cuestionados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener una fortuna 16 veces más grande de la declarada, que asciende oficialmente a más de 2,5 millones de dólares, basada sobre todo en un imperio inmobiliario de 25 propiedades, cuando sólo había declarado 5.

La investigación demostró que esas 25 propiedades existen “e incluso dos adicionales”, pero dice que Bartlett no tiene “injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos”, ni hay elementos que dejen entrever que el funcionario haya utilizado prestanombres.

Sandoval indicó que, cuando entre en vigor la nueva ley de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos en enero, Bartlett sí tendrá que “rendir cuentas” de ese tipo de propiedades, pero ahora no.

“No hay doble juego; hay una sola legalidad y no se violentó esa legalidad”, señaló. “Aquí buscamos, buscamos y no encontramos”.

En el pasado se ha cuestionado fuertemente que las denuncias de corrupción de altos funcionarios sean investigadas por el gobierno en turno.

Un caso muy sonado fue el de la así llamada “Casa Blanca”, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto fue exculpado de haber incurrido en alguna irregularidad o conflicto de interés por el hecho de que su esposa hubiera adquirido una lujosa casa a un contratista del gobierno.