Proponen blindar relación de parentesco entre candidatos al Gobierno del Estado
CHILPANCINGO, Gro. * 13 de julio de 2022.
) LXIII Legislatura
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer como requisito de las y los candidatos al gobierno estatal no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, padre o madre, hija o hijo, ni tener parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado con el mandatario en turno.
Al exponer su iniciativa, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena reseñó que el nepotismo tiene una historia milenaria que cada vez se hace más presente, al ser una práctica muy recurrente que personalidades que han ostentado cargos públicos, y por el poder que ostentan, otorgan cargos públicos a miembros de su familia y amistades, únicamente por la vinculación política, y no por méritos.
Añadió que esta situación genera violación de normas éticas y jurídicas plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que debe haber igualdad en el acceso a los cargos públicos.
Indicó que si bien es cierto la legislación federal prohíbe que un servidor público pueda promover en sus áreas de influencia a familiares y amigos de hasta cuarto grado, esto no restringe que
familiares de políticos puedan ser candidatos en elecciones, convirtiendo dicha acción en nepotismo político.
Tal situación permite que familiares de políticos ostenten cargos honoríficos para proyectar su imagen ante la ciudadanía, facilitando y haciendo uso de la infraestructura gubernamental, y así posicionarse para después participar en un proceso de elección, o en su defecto sustituir al familiar que les antecede, ocasionando conflicto de intereses porque no se realizan las investigaciones pertinentes a la administración saliente, justo por los lazos familiares.
La propuesta del diputado Cruz López fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
Iniciativas
La diputada Jessica Ivette Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para establecer que los ayuntamientos nombren a los miembros de la administración de conformidad con el principio de paridad de género.
Asimismo, se dio lectura al oficio signado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, por el que remite el oficio suscrito por el profesor Moisés Antonio González, presidente de Tixtla de Guerrero, con el que envía la iniciativa de adición a la Ley de Ingresos del mismo municipio para el Ejercicio Fiscal 2022.
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Propone diputada de Morena regular y castigar el nepotismo
CHILPANCINGO * 18 de mayo de 2022.
) LXIII Legislatura
La diputada Jessica Alejo Rayo propuso adicionar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para incluir el término “nepotismo”, definiéndolo como la persona servidora pública que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo o cargo, nombre o contrate a personas con las que tiene parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.
Al presentar dicha propuesta la legisladora señala que la expresión nepotismo implica “nombrar a miembros de familia” en cargos públicos, dejando de lado la selección de personas evaluadas por sus méritos, conocimientos y experiencias, lo que se puede considerar también como una forma de corrupción.
Manifestó que la Ley Federal de Austeridad Republicana señala que el “nepotismo” es la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste laborando.
Sin embargo, indicó que esta práctica en el país no se castiga, pero hay delitos tipificados que se relacionan a esta actividad indirectamente, como el caso de “abuso de autoridad” cuando se trata de “contratar o autorizar la contratación de alguien que esté inhabilitado en el servicio público o para participar en adquisiciones u obras públicas”.
Añadió que en México y en Guerrero el “nepotismo” se ha practicado por mucho tiempo sin ninguna dificultad, al grado de existir familias que dirigen por décadas instituciones gubernamentales y partidos políticos, y sigue estando presente en las tres esferas de gobierno, imperando así en la cultura política de la administración pública en su más amplia acepción.
Por todo lo anterior, Alejo Rayo considera que es necesario que en Guerrero se legisle sobre el nepotismo en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, puesto que, si esto no sucede, la administración pública estatal no tendrá progresos de normas significativas sin las adecuaciones de sus leyes.
La iniciativa de adición al artículo 61 bis del citado ordenamiento plantea estipular que el “nepotismo” lo comete toda aquella persona servidora pública que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios a personas con las que tiene parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato, misma que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
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Felipa Obrador, contratista de Pemex por 365 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO. | 3 de diciembre de 2020.
] Latinus / Infonorte.
Litoral Laboratorios Industriales, empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente López Obrador, ha ganado contratos con Pemex que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años, reveló el periodista Carlos Loret en su programa Latinus.
De acuerdo con la información obtenida vía transparencia para el reportaje, la compañía ganó en 2020, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.
No obstante, un año antes, en 2019, ya había ganado una propuesta conjunta con Marinsa de México en la que obtuvo un contrato por 231 millones de pesos para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán, el cual además está vigente hasta 2022.
Marinsa, la socia de Litoral Laboratorios Industriales para este último acuerdo, es para muchos expertos, consultados por Latinus, un caso similar a Oceanografía, pues en los últimos dos años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de cinco mil millones de pesos.
De acuerdo con la información expuesta por el reportero Mario Gutiérrez Vega, la empresa de la prima hermana del presidente también ha ganado adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Lo anterior, no obstante, contrasta con lo dicho por el presidente Andrés Manuel en repetidas ocasiones, en las que ha asegurado que bajo ninguna circunstancia permitirá que sus familiares cercanos o lejanos participen en negocios con dependencias del gobierno.
El 13 de junio del 2019 firmó un documento en el que se comprometió a no permitir influyentismo, amiguismo o nepotismo, pues esa era la “política del antiguo régimen”.
“No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’.
“Esto incluye a mi esposa, hijo, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”, reiteró en su conferencia matutina.
No obstante, Litoral Laboratorios Industriales, asentada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al gobierno Federal y a los estados de Campeche y Tabasco en la última década.
Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la empresa de Felipa Obrador recibió al menos 25 adjudicaciones, sin embargo con una frecuencia y montos menores a los ganados durante los dos primeros años del sexenio en curso, de hecho, dice el trabajo, su último contrato data de 2014.
Además de ser la propietaria y apoderada legal de Litoral Laboratorios Industriales, Felipa Obrador también es administradora de una cooperativa que maneja dos hoteles ubicados en una zona cercana a las ruinas arqueológicas Maya de Palenque, en Chiapas. Ambos, según los registros de propiedad obtenidos para Latinus, suman una superficie de 38 hectáreas.
Hija de Estaban Ramón Obrador González, hermano de Manuelita Obrador González, la mamá del presidente, Felipa Obrador también fue candidata a la presidencia municipal de Carmen Campeche en 2012 por Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.
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Alcaldesa pide renuncia de todo el personal directivo de CAPAMA
» Juan García Solís.
] ACAPULCO. * 14 de julio de 2020.
| Acapulco Press.
A fin de llevar a cabo una auditoría financiera, administrativa y operativa, la alcaldesa Adela Román Ocampo, solicitó esta mañana 
la renuncia masiva del personal directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
También exigió la renuncia de la directora de Ecología municipal, Guadalupe Rivas Pérez, para facilitar la investigación sobre edificios y/o condominios que vierten sus aguas negras de manera clandestina a la bahía.
La alcaldesa precisó que su administración descubrió “un sabotaje brutal” en CAPAMA, por tal motivo se realizarán una investigación y denuncias penales por actos de sabotaje contra el organismo” ya que, dijo, “hay quienes revientan las bombas y la infraestructura de la red hidrosanitaria, lo que ha derivado en el corte de agua en diferentes colonias.
Respecto a las descargas residuales clandestinas, Román Ocampo enfatizó que se clausurarán los inmuebles a los que se les comprueben sus desechos al mar. Asimismo, se procederá penalmente contra funcionarios y trabajadores de CAPAMA que estén involucrados, complementó.
Sobre el abasto de agua potable en el municipio, la alcaldesa informó que se reforzará el programa de abastecimiento con pipas, y que se creará un grupo de atención inmediata a denuncias de fugas de agua a través de una aplicación para dispositivos móviles.
También tomará en cuenta las opiniones del sindicato de la CAPAMA, a fin de diagnosticar las fallas de la dependencia y diseñar un plan de acción en conjunto.
MEDIDAS NECESARIAS
Adela Román dijo, a través de su cuenta de Twitter, «ser la primera ciudadana indignada y harta de la falta de agua en Acapulco por la corrupción de administraciones pasadas en CAPAMA», hecho que la obligaba a tomar diez acciones necesarias para corregir las deficiencias y los problemas detectados:
1. Solicitar la renuncia de todo el cuerpo directivo de CAPAMA, a fin de permitir la realización de una auditoría financiera, administrativa y operativa de la dependencia.
2. Iniciar investigaciones y en su caso denuncias penales contra quienes resulten responsables por actos de sabotaje y pillaje contra CAPAMA que han derivado en el corte del suministro de agua en varias colonias del puerto en fechas recientes.
3. Solicitaré también la renuncia de la Directora de Ecología Municipal a fin de facilitar la realización de una investigación sobre los posibles inmuebles que vierten aguas negras de manera clandestina y delictiva a la bahía.
4. Iniciaremos sanciones y clausuras de los inmuebles a los que se les compruebe que vierten aguas residuales a la bahía, pidiendo aquí la colaboración de la ciudadanía para presentar denuncias y pruebas de estos hechos a fin de proceder legalmente.
5. Reforzar el Programa de Pipas de manera urgente, así como de un Grupo de Reacción Inmediata para la atención de fugas y falta de servicio de agua potable las 24 horas del día.
6. Presentación de la Aplicación Móvil Ciudadana para atención de los Servicios Públicos mediante la cual cualquier ciudadano podrá hacer una denuncia y petición de servicio, así como verificar en tiempo real el proceso de respuesta que lleva su petición.
7. Reunión con el Sindicato de CAPAMA a fin de diagnosticar la problemática de la dependencia y diseñar un plan de acción conjunto inmediato.
8. Reactivación de los dos Módulos de la Planta del Cayaco para reestablecer el servicio de agua potable en las colonias de Acapulco que se han visto afectadas.
9. Revisión de la conclusión de la limpieza de los Tanques Almacenadores lo cuales por cierto, tenían más de 20 años de no lavarse, a fin de que se dé un servicio con agua potable limpia y de calidad.
10. Solicitaré y pediré por escrito a las autoridades correspondientes un informe del proceso legal que llevan las denuncias que ha realizado la Contraloría Municipal en contra de funcionarios de gobiernos municipales pasados, por el daño causado a las finanzas de CAPAMA.
En suma, la alcaldesa por Morena, anunció que su gobierno reactivará dos módulos de la planta tratadora de aguas residuales de El Cayaco para restablecer el servicio de agua en colonias de esa zona. Asimismo, revisará la limpieza de los tanques almacenadores de agua en el municipio, los cuales no se lavaban desde hace 20 años, precisó.
Por último, dio que pedirá un informe del proceso legal que llevan las denuncias que ha hecho la Contraloría Municipal en contra de funcionarios de gobierno pasados por los daños financieros a la CAPAMA.
“Ya basta de un Acapulco sin agua. Ya basta engaños y saqueos, de que quienes nos dañan se queden sin castigo”, advirtió.
www.acapulco.press
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Piden revocar mandato a #Adela e investigarla por delitos electorales
Carmelo Loeza, Alejandra Gallardo Mendoza y José Rogel González ] Guillermo Villanueva Orozco | Acapulco Press.
» Ángel Blanco.
] ACAPULCO. * 14 de mayo de 2020.
| Acapulco Press.
Militantes de Morena, a nombre de morenistas y ciudadanos agraviados por su autoritaria forma de gobernar, anunciaron que presentarán suficientes evidencias ante el Poder Legislativo y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) contra la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, a fin de sustentar una solicitud de investigación por delitos electorales y, de paso, su revocación de mandato por su ineficacia, prepotencia y falta se 
sensibilidad en el trato a los acapulqueños.
En conferencia de prensa, Carmelo Loeza, Alejandra Gallardo Mendoza y José Rogel González, a nombre de militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de decenas de acapulqueños que se presumen lastimados por el trato despótico, arbitrario, politizado e inhumano de la alcaldesa, de extracción morenista, anunciaron que, a partir del primero de junio, instarán módulos de recabación de firmas en los diversos distritos electorales del municipio para tratar de conseguir el doble de las 20 mil firmas requeridas para que la Fepade pueda dar cabida a indagatoria por delitos electorales contra Adela Román Ocampo y una posible denuncia de carácter jurídico ante las autoridades competentes por otras acciones atentatorias contra el municipio, el erario y sus 
gobernados.
Los conferencistas solicitaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su respaldo para que se enjuicie a la ‘arbitraria, prepotente, corrupta, insensible y nepotista’ alcaldesa de Acapulco, quien desde el inicio de su administración “ha demostrado su evidente incapacidad para gobernar”, pero también su habilidad para actos de corrupción que, en complicidad con su familia, ha cometido en agravio de Acapulco y los acapulqueños, motivo por el cual la presidenta suplente misma, Matilde Testa García, a finales del mes de febrero de este año, interpuso y ratificó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la causa penal 12030310200105240120 contra Adela Román Ocampo, sus familiares y diversos funcionarios vinculados en diferentes actos de corrupción contra el municipio.
A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales solicitaron mantener vigiladas las acciones de Adela y Adriana Román para tanto el Gobierno de Acapulco como el DIF dejen de incurrir en actos poco éticos con fines partidistas, pues el condicionamiento de ayuda en plena jornada pandémica del coromavirus es doloroso para aquellas personas que no tienen cómo afrontar la crisis generada por la pandemia.
Alejandra Gallardo hizo alusión a la falta de sensibilidad o inhumanismo de la alcaldesa y su sobrina, Adriana Román, presidenta del DIF Acapulco, con respecto al caso suscitado en Puerto Marqués, donde la noche del sábado 9 de mayo, un grupo de supuestos trabajadores del DIF, resguardados por policías y civiles encapuchados, desmantelaron el Comedor Comunitario, en cumplimiento a la amenaza de Adela Román que en días anteriores había advertido que si no se acataban los protocolos se llevaría el comedor a otro lugar.
Asimismo, lamentó que tanto el DIF municipal como su gobierno estén recibiendo a manos llenas ayuda de todas partes pero a miles de familias no les ha llegado ninguna ayuda y, lo que es peor, se condicionan los apoyos, las despensas, incurriendo el Gobierno de Acapulco en delitos electorales graves al solicitar la credencial de elector a cambio de ayuda.
José Roel González, excoordinador municipal de Fomento Económico del gobierno del perredista Alberto López Rosas que el 11 de octubre de 2004 fue capturado por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) por el delito de “evasión fiscal”, manifestó que la administración de Adela Román ha dejado mucho qué desear.
De Adela, morenitas y ciudadanos “hemos recibido muchos insultos, atropellos y malos comentarios”, además “su forma de actuar no es el de una luchadora social, tampoco el de una servidora pública”, por eso “hemos tomado la iniciativa ciudadana para buscar (su) revocación de mandato”.
Para tal efecto, se trabaja con un grupo de “abogados talentosos” para recabar pruebas e iniciar ante el Poder Legislativo la petición legal, la cual requiere del apoyo ciudadano, motivo por el cual se encargarán de recabar el máximo número de firmas posibles (equivalente al 3% del padrón nominal) para que ambas solicitudes ante Fepade y el Congreso no fácilmente sean desechadas.
Sobre la petición al Presidente de México para que apoye la iniciativa, el panorama se ve difícil, pues entre la población acapulqueña que esperaba el apoyo de AMLO para frenar las arbitrariedades y pillerías de la alcaldesa morenista, no se olvida el ‘batazo’ que López Obrador propinó a la denuncia de la presidenta suplente Matilde Testa García, a quien calificó de “politiquería” la acción penal instaurada ante la FGE por diversos actos de corrupción y nepotismo contra Adela Román Ocampo y familiares políticos y cercanos (Adriana Román Ocampo, Aurora Román Ocampo, Jorge Román Ocampo, Nicolás Román Ocampo, Víctor Román, Elena Román Ocampo, María Elena Godoy Román, Carlos Godoy y Alfonso Godoy), sino al resto de funcionarios “cómplices” de las supuestas corruptelas de Adela (Leonel Galindo González, Raúl Isidro Juárez Ponce, Rodrigo Ramírez Olmedo, Rodrigo Ramírez Justo, Silvestre Arizmendi Torres, Juan Carlos Manrique García, Eloy Cisneros Guillén, Camilo Valenzuela, Ernesto Manzano, Ruy Manuel Escalante Lira, Ricardo Castillo Barrientos, Ricardo Contreras y Felipe Camacho Díaz).
www.acapulco.press
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SCJN presenta reforma judicial contra nepotismo y corrupción
AMLO suscribe propuesta.
Edvin Ávila
] CIUDAD DE MÉXICO. * 12 de febrero de 2020.
| Noticias Énfasis.
La reforma que el Poder Judicial de la Federación presentó este miércoles busca lograr mayor legitimidad ante la sociedad, actualizar y perfeccionar su marco normativo para garantizar una justicia de calidad, dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo de la justicia a la sociedad.
De acuerdo con el proyecto de reformas, la propuesta busca modificar siete artículos de la Constitución y la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas a cinco ordenamientos legales.
El proyecto está compuesto por nueve ejes fundamentales. El primero busca consolidar un verdadero sistema de carrera judicial basado en criterios objetivos, condiciones de igualdad de oportunidades y el mérito, con el establecimiento de un marco normativo sistematizado, congruente para regular la carrera judicial.
En este punto se plantea la creación de un Registro Único de Servidores Públicos de la Carrera Judicial, así como la Posibilidad de impugnar los resultados de los concursos de oposición.
Como segundo eje plantea el fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción al designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento y hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
Asimismo, regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial federal con la armonización del marco normativo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la clasificación se sancionas administrativas.
En tercer eje busca crear mecanismos de prevención y combate al nepotismo, relaciones familiares y corporativismo judicial, mientras que con el cuarto se crearán políticas de adscripción sobre la base de criterios objetivos en cuanto a las necesidades del servicio para así recobrar la legitimidad del Poder Judicial frente a la ciudadanía.
El quinto eje busca el Impulso de una auténtica Escuela Federal de formación judicial en el Poder Judicial de la Federación incluyendo a la Defensoría Pública Federal. Con el sexto eje se crearán estándares de excelencia y controles estrictos para la ratificación de juzgadores.
El fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y ampliando sus servicios es el séptimo eje, mientras que con en el octavo se consolidará el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional.
Como noveno y último eje se busca el fortalecimiento de los precedentes de la Suprema Corte a través de la jurisprudencia por precedentes.
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Presentan denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por emplear a familiares
Estrella Pedroza
CUERNAVACA, Morelos. * 14 de octubre de 2019.
] AN.
Este lunes fue presentada una denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, por colocar a familiares y amigos en puestos en el gobierno del Estado y con sueldos de hasta 60 mil pesos.
Roberto Soto Castor, abogado postulante y ex colaborador de Graco Ramírez, acudió a las instalaciones de la la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, situada en la colonia Estrada Cajigal en el municipio de Cuernavaca, para iniciar el procedimiento legal.
La denuncia fue presentada por el delito de ejercicio abusivo de funciones por parte del mandatario, luego de que se revelara información, en el diario Reforma, sobre los familiares y amigos que trabajan y cobran en la estructura del gobierno de Morelos.
Entre ellos figuran su cuñada Liu León Luna, esposa de su hermano Ulises Bravo, quien funge como representante del ejecutivo estatal en la Ciudad de México; Carlos Juárez López y Jaime Juárez López, tíos del hermano del gobernador, quienes laboran el primero como coordinador en la Oficina de la Gubernatura y el segundo como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, con salarios de 60 y 45 mil pesos, respectivamente.
A la lista se suman Armando Shajid Bravo López, a quien labora como director general en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales; Baltazar Jonathan Alegría Mejía, amigo cercano a Cuauhtémoc y funge como director general de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social.
El también exsecretario ejecutivo de enlace para asuntos de justicia penal, detalló que la denuncia se basa en el Código Penal de Morelos en el Artículo 276.
“Artículo 276.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que: I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión… realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…”
El código penal establece sanciones de prisión y de carácter económicos.
El esposo de la exdiputada perredista Hortencia Figueroa Peralta indicó que estarán atentos de que la Fiscalía Anticorrupción recabe todas las evidencias necesarias y destacó que en este nuevo sistema de justicia, si el Ministerio Público se niega a recabar una prueba se puede recurrir ante los jueces de control.
Una vez que se arme la carpeta de investigación debe pasar al Congreso del Estado para que analice si procede o no la acusación.
Al preguntarle si ¿no se trata de revanchismo políticos?, el exfuncionario del gobierno graquista respondió: “yo no soy defensor de Graco Ramírez, yo creo que sí es diferente esta carpeta de investigación, nosotros creemos que sí se configura un delito y se cumplen los requisitos legales”.
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