Repele Ejército agresión de normalistas
IGUALA, Gro. * 20 de septiembre 2024.
) Efe / Forbes México
Activistas que protestan por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa lanzaron este 
viernes petardos y causaron incendios frente a un cuartel del Ejército en Guerrero, cuando están cumplirse 10 años del crimen que permanece impune.
Tras un mitin en el que los padres de los jóvenes y estudiantes actuales denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en la desaparición, manifestantes encapuchados intentaron derribar una puerta del Batallón 27 de Infantería en Iguala, municipio donde ocurrieron los hechos.
Los activistas quemaron vehículos, por lo que los militares respondieron con gas lacrimógeno en una confrontación que duró menos de media hora y sin víctimas oficiales.
Los soldados recogieron los petardos mientras bomberos llegaban a apagar las llamas, y 
los responsables se retiraron junto a las familias sin mayor forcejeo.
En el acto, los inconformes avisaron que elevarán sus protestas ante el décimo aniversario de la desaparición, el 26 de septiembre, que coincide con los últimos días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de no resolver el caso por encubrir al Ejército.
“Así pasen los años, llueva o truene, aquí vamos a estar exigiéndole al Gobierno que necesitamos a esos camaradas, esos camaradas que simplemente venían por un sueño, sacar adelante a su familia, que simplemente por alzar la voz por el pueblo, los callan”, dijo uno de los encapuchados junto a los padres.
La polémica se agudiza porque López Obrador contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio Gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo Fuerzas Armadas.
Los activistas compararon la respuesta de López Obrador con la del expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno intentó cerrar el caso son una versión llamada “la verdad histórica”, ahora desacreditada, que señalaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes a un cartel criminal.
“Parece que al Gobierno no le importa, no le importa su pueblo, no le importan esos estudiantes, que ya son casi 10 años de esa desaparición forzada”, agregó el manifestante.
Los padres y organizaciones sociales anunciaron protestas que se extenderían hasta las vísperas del 1 de octubre, cuando asume la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador, y quien prometió dar continuidad a las investigaciones.
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Piden investigar a Peña por Caso Ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO * Septiembre 29, 2023.
) Efe
Padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 exigieron este jueves investigar penalmente a todos los involucrados en los hechos, incluyendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“En virtud que hubo una junta de autoridades en la cual participó el expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades de más alto nivel, estamos pidiendo que se abra una investigación penal exhaustiva, que se procese y se sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el presidente”, señaló el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, en una rueda de prensa.
El litigante acompañó a los familiares de los jóvenes, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, en un plantón fuera del Campo Militar 1, donde exigieron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregar la información que tiene el Ejército para seguir con la investigación.
“No sabemos qué contienen esos folios de la información que está en los archivos militares, pero estamos seguros que está relacionada con el paradero (de los 43)”, dijo Rosales.
Peña Nieto, “salpicado”
Los familiares pidieron indagar a quienes aparecen en los archivos que se han presentado 
hasta ahora, incluido el actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014, cuando ocurrió el crimen en ese estado.
Según ellos, García Harfuch también participó en la creación de la “verdad histórica”, la polémica versión con la que Peña Nieto buscó dar por terminada la investigación.
Además, denunciaron que el exprocurador general de México, Jesús Murilllo Karam, ahora detenido, no pudo actuar sin una orden de Peña Nieto.
“Ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción, debe investigarse a todas esas autoridades que participaron en la construcción”, insistió el abogado.
En busca de la verdad sobre Ayotzinapa
Los padres pidieron que López Obrador cumpla con la promesa de entregar la verdad, pues dijeron que no les han dado ninguna razón sobre el paradero de los jóvenes, como prometió el presidente desde su campaña en 2018.
Esto tras la polémica suscitada en días recientes sobre los archivos que el Ejército no entregó y que son imprescindibles para continuar con la investigación, según los padres, sus representantes y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los padres anunciaron la suspensión del plantón, pero recalcaron que van a regresar si no reciben la información que necesitan.
La controversia aumenta en medio del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa porque se acaba el tiempo para que López Obrador cumpla con su promesa de resolver el caso en su último año de mandato, que termina en octubre de 2024.
Las familias, que en un inicio dieron su respaldo al presidente, ahora lo acusan de proteger al Ejército, por lo que también anunciaron que van a evaluar en próximos meses el encubrimiento del Gobierno.
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Absuelven a Abarca de desaparición de normalistas
CIUDAD DE MÉXICO * 30 de mayo de 2023.
) LatinUs
El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La sentencia absolutoria se emitió este lunes y hoy fue notificada a las partes; además del exalcalde, Felipe Flores Velázquez, quien fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, así como otros 18 implicados en el caso Ayotzinapa también fueron absueltos.
En entrevista con Latinus, Alejandro Rojas Arellano, abogado de Abarca, detalló que la sentencia absolutoria se determinó por primera vez el 13 de septiembre del 2022 sobre la causa penal 66/2015 —la única que se formuló en contra del exalcalde por el caso Ayotzinapa—, pero el Ministerio Público de la Federación interpuso un recurso de apelación para revocarla. Aseguró que esta sentencia ya es definitiva.
El defensor explicó que el Ministerio Público no pudo demostrar que el juez se equivocó al absolver a José Luis Abarca.
“Nunca se demostró que José Luis Abarca haya intervenido en la desaparición de los estudiantes y mucho menos que haya sido con motivo de algún pedimento económico o rescate, como se le conoce coloquialmente”, dijo.
En cuanto al delito de delincuencia organizada, el exalcalde fue acusado de ser miembro a “Guerreros Unidos”, pero no se acreditó “ni la existencia del grupo delincuencial y mucho menos que José Luis Abarca perteneciera a ese grupo delincuencial”.
“El Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que no hay elementos que involucren a José Luis Abarca como un miembro de la delincuencia organizada ni tampoco con los estudiantes de la Normal”, aseguró.
Señaló que ni las familias de los normalistas ni sus asesores jurídicos presentaron impugnaciones contra la primera sentencia absolutoria del exalcalde y con esta nueva resolución, legalmente no es viable que José Luis Abarca sea procesado nuevamente por el caso Ayotzinapa.
Finalmente, declaró que con la sentencia absolutoria “ya estamos en posibilidad de recurrir a instancias internacionales por violación a los derechos humanos que tanto José Luis Abarca como su familia han tenido por este tema de los estudiantes”.
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No habrá ‘carpetazo’ al Caso Ayotzinapa | AMLO
CIUDAD DE MÉXICO * 26 de septiembre de 2022.
) Efe
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no dará “carpetazo” al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que seguirán las indagatorias y castigos contra quienes resulten responsables.
“No vamos a dar carpetazo al asunto”, afirmó López Obrador en su conferencia de prensa diaria desde el Palacio Nacional.
Sus declaraciones se producen mientras este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que el propio Gobierno mexicano ha reconocido como “un crimen de Estado”.
El más reciente informe de la Comisión de la Verdad reconoce que participaron el crimen organizado y autoridades mexicanas, con lo que se ha buscado desmentir “la verdad histórica”, presentada en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El presidente de México también defendió que se dio “un paso importante” con los recientes hallazgos, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación.
Dijo que de este proceso que se abre “va a salir más información” y el Gobierno va a “seguir buscando a los jóvenes” y “abriendo archivos, todo, sin ocultar nada”.
“No significa que se cierra la investigación, ya los (involucrados) que están en el informe y se les comprueba que participaron porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, insistió.
López Obrador afirmó que se realizaron diversos interrogatorios, “millones de llamadas telefónicas” y se ha invertido tiempo en el caso Ayotzinapa para no “fallarle a los padres” de los 43 estudiantes.
Consideró que “también es un asunto de justicia” y de limpiar la imagen del Estado y Ejército mexicanos.
FILTRACIONES DE ‘MALA FE’
El sábado pasado se filtraron fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
López Obrador lo tachó de un acto de “mala fe” para evitar que se usara en tribunales mexicanos.
“No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal”, comentó.
Las declaraciones del presidente mexicano se dan luego de manifestaciones en el emblemático monumento a la Revolución de la Ciudad de México, así como en diversos espacios de la capital mexicana y después de varias semanas de “jornadas de lucha” que iniciaron en Guerrero, estado donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
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Juez federal gira órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca y esposa
CIUDAD DE MÉXICO * 20 de septiembre de 2022.
) Zeta
Un Juez federal giró nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca Velázquez, expresidente Municipal de Iguala, Guerrero, y su esposa María Ángeles Pineda, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
Las órdenes de aprehensión contra Abarca y su esposa fueron libradas el pasado 16 de septiembre por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, dentro de la causa penal 15/2022, como resultado de las investigaciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda —presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac—, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
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Con cadáveres de indigentes ‘armaron’ pruebas del Caso Ayotzinapa, revela testigo protegido
CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de enero de 2021.
] Agencia Quadratin / DiarioMx/Reforma.
El grupo delictivo Guerreros Unidos mató a 20 indigentes para hacer pasar sus restos como si fueran de estudiantes con el fin de que la Procuraduría de Guerrero simulara pruebas de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario Reforma, así lo reveló el testigo protegido Juan ‘N’, presunto líder de Guerreros Unidos, en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien además dijo que el plan fue fraguado por el grupo delictivo y el ex coordinador de la Policía Ministerial, Wenceslao Elizalde Zempoalteca. “En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaki (Blanco, el procurador), que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, refirió
QUE SE INVESTIGUE A FONDO A FAMILIARES Y POLICÍAS
» Claudia Salazar
Diputados federales demandaron que desde el Gobierno haya investigaciones profesionales y serias sobre la participación de militares y mandos policiacos en el crimen organizado, a fin de evitar impunidad y aclarar casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Grupo Reforma publicó este jueves que un testigo protegido en la investigación sobre los hechos de Iguala de 2014 relató que militares y mandos policiacos participaron en la desaparición, y que la organización criminal Guerreros Unidos les entregaba sobornos por permitir el trasiego de droga.
Entre los servidores públicos se mencionó al hoy Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, el diputado perredista Antonio Ortega y la diputada sin partido Lucía Riojas demandaron que se investigue a los militares y policías que han sido
señalados y no haya protección para nadie.
Se debe esclarecer el caso y llegar hasta sus últimas consecuencias, demandó Bravo.
«Las Fuerzas Armadas deben abrir el correspondiente proceso de investigación interna, ya que tienen los instrumentos para hacerlo, con la finalidad de que ellos mismos contribuyan a deslindar responsabilidades internas», manifestó el legislador de Jalisco.
«No hay nada que haga más daño que las mismas Fuerzas Armadas no tuvieran la capacidad de actuar sobre eventuales yerros, o eventuales delitos cometidos al amparo de su función. Debe haber la vitalidad y fortaleza suficiente en las Fuerzas Armadas para investigar y sancionar eventuales actos ilegales o delictivos de sus miembros».
Bravo expuso que los señalamientos sobre militares involucrados demuestran la necesidad de establecer pesos y contrapesos, que permitan que toda institución en el País pueda ser sometida a una investigación si ocurren hechos que lo ameriten.
«Esto es necesario que también ocurra en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en virtud de que los naturales controles y equilibrios dentro de ella no son tan sencillos de poderse generar», opinó.
El diputado agregó que las Fuerzas Armadas deben ser transparentes a toda investigación sobre posibles excesos, lo que sería más una fortaleza que una debilidad.
Por su parte, el perredista Antonio Ortega demandó que desde el Gobierno federal haya investigaciones serias y profundas sobre la participación de militares o policías en actividades del crimen organizado, para que no haya duda sobre su eventual inocencia y evitar impunidad si resultan culpables.
Sobre la complicidad de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el perredista llamó a que la Fiscalía General de la República realice una investigación seria, no basada solo en la declaración de un testigo protegido, sino que haya pruebas y verificación de circunstancias para verificar la versión emitida.
«No hay que extrañarse ni dar por exagerada o por falsa la acusación de una supuesta complicidad entre bandos de policías y militares con elementos de la delincuencia organizada, sino que hay que realizar una investigación profunda, verificar evidencias sobre si es verdad que hay infiltrados, si hay sobornos, si hay complicidades, y no descartar nada para poder llegar a una verdad que sea creíble», manifestó.
Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que se debe evitar que inocentes queden «manchados» por la sospecha y que culpables sean exonerados, debido posiciones políticas del Ejecutivo federal.
La alianza que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército y la Marina, dijo, no debe impedir que se sometan a la justicia los militares que hayan violado la ley.
Ejemplo de ello, agregó, es lo que recientemente sucedió con el General Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y que al ser devuelto a México, se desecharon tales acusaciones.
«Puede que sí sea inocente, pero ya quedó manchado por la forma en que se hizo la investigación de la Fiscalía, por los exabruptos del Fiscal Alejandro Gertz contra la DEA», expresó.
La diputada Riojas manifestó que no sorprende la participación de militares en hechos delictivos y violatorios de derechos humanos, porque ya lo han hecho antes.
«Parece que se confirma la hipótesis de que el Ejército tuvo parte importante que ver en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Familiares y el GIEI habían apuntado hacia allá», sostuvo.
«Lo mínimo que podemos esperar es que éste sea el punto de inflexión para tomar en serio la investigación al Ejército y asumir, desde un gobierno que dijo buscar la paz, la memoria y la justicia, los costos de los resultados».
Sin embargo, dijo, lo que sucede es lo contrario, pues el Gobierno se ve sometido a las fuerzas castrenses.
«No alcanzamos a ver voluntad política genuina para encontrar justicia».
Sobre la declaración del Secretario de la Defensa, Luis Sandoval, de que deberán responder quienes cometieron «errores», la legisladora corrigió al funcionario.
No se llaman «errores», aclaró, sino ejecuciones extrajudiciales y junto con otros crímenes deben de ser investigados a fondo para que rindan cuentas.
La difusión de las investigaciones, opinó Riojas, no son un sustituto de justicia ni de la verdad.
«Por el contrario, vulneran los derechos de las víctimas y el debido proceso. Debemos apelar a que el proceso de investigación sea serio, certero y no revictimizante», aseveró.
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Dictan prisión a militar por desaparición de 43 de Ayotzinapa
TOLUCA, Estado de México. | 19 de noviembre de 2020.
] Efe / Forbes.
Una juez federal mexicana dictó este jueves prisión formal para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y encarcelado este jueves bajo el cargo de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud“.
La juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) de México “aportó elementos suficientes” para que el militar enfrente un proceso penal por dicho delito.
Sobre la decisión de la juez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que “la acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos”, grupo delictivo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes.
El pasado 13 de noviembre, las autoridades mexicanas arrestaron a Martínez Crespo por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y se convirtió en el primer miembro del Ejército detenido por este motivo.
Crespo fue arrestado en la prisión del campo militar número 1-A, al oeste de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente, y fue acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico.
Aunque su arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesaba sobre Crespo, adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala, donde sucedieron los hechos, fue por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.
El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.
Este relato, conocido como la “verdad histórica“, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.
“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en una reunión en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.
Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.
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Hay pruebas suficientes para proceder contra militares | Prodh
] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de septiembre de 2020.
| AP.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.
“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a AP Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.
A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema” criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los alumnos de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas.
“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance” y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes y que fue notificado en julio del hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.
Según Rodríguez, la identificación de un resto de dos gramos no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior gobierno.
La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad del sureño estado de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.
En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí y denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó. La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.
La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.
Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”. Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.
Entre las preocupaciones expresadas por el director del Centro Prodh, destaca el que nuevas declaraciones de testigos protegidos puedan configurar una nueva narrativa basada en testimonios y no en pruebas, algo que siempre criticaron.
Confió en que entre los próximos restos óseos que se manden a la universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación, no sólo se incluyan fragmentos hallados en búsquedas recientes sino otros encontrados en 2016 que las autoridades de entonces descartaron que fueran de los estudiantes sin hacer ningún contraste de ADN y que están en poder de la fiscalía.
Tanto esos fragmentos más antiguos como los recientes fueron encontrados en distintos puntos de una misma zona conocida como “la carnicería”, de donde salió el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.
Qué motivó el ataque contra los estudiantes sigue siendo una incógnita pero Aguirre asegura que “el móvil está vinculado a la toma de autobuses” que intentaron hacer los jóvenes esa noche.
Una práctica habitual de los estudiantes de las escuelas de magisterio rurales de México es ‘confiscar’ temporalmente autobuses que usan para acudir a manifestaciones y luego devuelven. El problema es que en Iguala esos vehículos eran utilizados por el cártel local para traficar heroína hasta Chicago con la aparente protección de autoridades.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, adelantó el miércoles que lo logrado por este gobierno “arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche” y el presidente prometió un informe muy detallado pero las familias siguen preguntándose en mítines, protestas y manifestaciones dónde están sus hijos.
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Otorgan amparos a los Abarca
«No conozco a José Luis Abarca«, | Los Abarca y AMLO, en un mitin político con el excandidato presidencial en Iguala, el jueves 16 de octubre de 2014.
] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de agosto de 2020.
| Latinus.
María de los Ángeles Pineda Villa.
Un Tribunal Federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, que deja sin efecto el auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que la mantienen en prisión.
La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México no implica por el momento que Ángeles Pineda Villa recupere su libertad. De acuerdo con la sentencia, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Segundo Circuito deberá tomar en cuenta qué elementos hay en su contra para determinar su situación jurídica.
José Luis Abarca Velázquez.
La síntesis de la resolución del tribunal también apunta a que se tendrán que revelar los nombres de los testigos protegidos que declararon contra Pineda Villa. Además, se darán a conocer las pruebas que existen en su contra para que la defensa pueda preparar su caso.
“Requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, señala la resolución.
Pineda Villa fue señalada, junto con su esposo José Luis Abarca, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de nexos con el grupo criminal de Guerrero Unidos, quienes presuntamente están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
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‘Mochomo’ se ampara; acusa que segunda detención fue ilegal
] CIUDAD DE MÉXICO. * 3 de julio de 2020.
| Latinus.
La defensa de José Ángel Casarrubias, “El Mochomo”, interpuso un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal; acusa que la detención fue ilegal debido a que no se le presentó una orden al momento de su detención.
El presunto líder de Guerreros Unidos aseguró que al momento de salir del Penal del Altiplano el pas
ado miércoles, los elementos del a Fiscalía General de la República (FGR) que lo detuvieron no le mostraron una orden de aprehensión o presentación.
La demanda aún no ha sido admitida por el juez debido a que le faltan datos de la averiguación al escrito, tales como la carpeta de investigación o la causa penal, por lo que será necesaria la ratificación de la demanda de juicio de amparo.
El juez ordenó a un actuario acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para saber si “El Mochomo” ratificará la demanda y verificar las condiciones físicas en las que se encuentra Casarrubias.
“El Mochomo” está acusado de delincuencia organizada y fue arraigado por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales de la FGR.
La primera detención de José Ángel “N” se dio el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, luego de seis años de estar prófugo de la justicia. Autoridades federales ofrecían hasta un millón y medio de pesos por información que diera con su captura.
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