Preocupación en Palacio
RAYMUNDO | RIVA PALACIO
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Las investigaciones que realizó el Departamento de Justicia sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018, han generado una preocupación real del presidente porque no sabe si existen realmente videos donde están sus hijos recibiendo dinero del narco, como lo apuntaron en varios testigos en expedientes que se cerraron por razones políticas y diplomáticas.
Desde que aparecieron los primeros reportes periodísticos hace casi un mes, el presidente ha sostenido reuniones regulares con Alejandro Esquer, su secretario particular, para que le informe, aclare o confirme si existen videos, fotografías o audios que involucren a alguno de sus hijos o a su círculo cercano recibiendo dinero para las campañas. No se ha discutido, según ha trascendido, que sea dinero del narcotráfico, limitándose la petición a recursos en efectivo que pudieron llegar a la campaña irregularmente.
López Obrador ha negado vehementemente cualquier ilícito, pero le ha impactado en el ánimo la etiqueta de “narcopresidente” en las redes sociales, que lo enerva crecientemente ante su uso cada vez más amplio en la opinión pública. Para tratar de neutralizarlo se ha desarrollado una estrategia -fallida- en la oficina de propaganda que dirige el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, pero la parte más crítica, la posibilidad de que videos de su gente más cercana recibiendo dinero en efectivo, es la que tendría un efecto potencialmente devastador.
Financiamientos irregulares de las campañas presidenciales han sido motivo de discusión pública desde hace al menos tres años. Recientemente Jesús Ortega, que fue el coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, dijo en una entrevista de prensa que quienes manejaban los recursos de la campaña eran Octavio Romero, actual director de Pemex y quien por lustros ha sido quien se encarga de la economía de los hijos mayores del presidente, el hijo de Julio Scherer, cuyo padre fue poderoso consejero jurídico de la Presidencia en la primera parte del sexenio, Leonel Cota, que manejaba los dineros del PRD -cuando aún no se partía y nacía Morena-, el articulista al servicio del poder en turno Federico Arreola -actualmente en el cuarto de guerra de la candidata Claudia Sheinbaum-, y el propio Esquer.
Ortega no precisó el origen de los recursos, aunque una de las investigaciones del Departamento de Justicia encontró testigos que le dijo a agentes de la DEA que al menos dos millones de dólares habían sido aportados por el Cártel de Sinaloa. La respuesta de López Obrador fue acusar de calumniadores a los tres periodistas que publicaron detalles de las investigaciones que se refieran e la campaña presidencial de 2006.
Informaciones sobre financiamientos opacos en la campaña de 2018 involucran directamente a Esquer. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción a finales de 2020, encontró que el entonces secretario de Finanzas de Morena, contrató proveedoras fantasmas con una empresa que estaba listada como simuladora de operaciones comerciales con fines de evasión fiscal. Un año después, en diciembre, la misma organización reveló que Esquer y Denis Zaharula Vasto, actual coordinadora general de Administración de la Oficina de la Presidencia, realizaron una operación de depósitos hormiga en diciembre de 2017 a un fideicomiso que supuestamnte era para los damnificados del sismo en ese año, de donde supuestamente retiraron 44 millones y medio de pesos que terminaron en campañas políticas.
Ninguna de esas revelaciones vincularon los recursos al crimen organizado, como ha sido hasta recientemente con el detalle de varias investigaciones de las agencias que dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las que han detonado la preocupación del presidente, en particular de su hijo Gonzalo, que de acuerdo con un libro del sociólogo Hernán Gómez Bruera, “Traición en Palacio: el negocio de la justicia de la 4T”, enfocado en el exconsejero jurídico Scherer, es quien estaba involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.
No era el único involucrado en la recaudación de recursos. De acuerdo con la información obtenida, también participaron el exconsejero Scherer, Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador en 2018 y posterior secretaria de Economía, y Alejandra Fraustro, a quien nombró titular de Cultura. Hubo otras personas que contribuyeron en la recaudación de recursos, pero la preocupación central en Palacio Nacional se encuentra en el grupo más íntimo que recibió el dinero.
La posibilidad de que existan pruebas documentales de haber recibido dinero en efectivo, es un tema que viene rondando en la Presidencia desde hace más de dos años, cuando detectaron la existencia de videos que, temían, podrían ser dados a conocer. Hasta ahora no han logrado averiguar quién o quiénes podrían tener esos videos, que tampoco han salido a la luz pública. No está claro si la prepocupación actual del presidente está relacionada con aquellos videos, o si hay temor de que sea un paquete diferente de aquellos.
López Obrador ha estado pidiendo a Esquer detalles de su agenda durante la campaña presidencial de 2018, y toda la información de las personas con las que se reunieron él y los otros responsables de recaudar recursos, que le reportaban al actual secretario particular. Extrañamente, la identificación de donadores y los montos es un tema que no ha salido del control de Palacio Nacional, y no se ha involucrado, hasta el momento, al Centro Nacional de Inteligencia, que podría contribuir a determinar si los donantes tenían o no relaciones sospechosas con el crimen organizado.
El tema del financiamiento irregular o ilegal de sus campañas ha golpeado a López Obrador en la opinión pública de manera efímera, por lo cual no ha habido consecuencias en su imagen y popularidad, que es lo que más le importa. Pero el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, investigado por el Departamento de Justicia hasta que cerró las pesquisas para no confrontarse con el gobierno mexicano y tener un diferendo político, es otra cosa, y pone la lupa de la preocupación presidencial en su campaña de 2018 y eventuales problemas legales internacionales para el entorno de López Obrador.
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Perdimos al Presidente
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En defensa de sí mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer contra sí mismo. Ayer en la mañanera, el único espacio de gobierno verificable de su trabajo, siempre salpicado de folclor y amenazas, de ocurrencias e información, de propaganda y realidades alternas, realizó un control de daños bizarro ante múltiples críticas y observaciones que cuestionan su gestión política. Uno fue por el reconocimiento que le hicieron en el Colegio Militar al ex secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y otro fue por la inminente liberación de Mario Aburto, asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, defendido por abogados de la cuatroté.
El general Cienfuegos recibió un diploma de manos del Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como ex director del Colegio Militar, que este miércoles cumplió 200 años de existencia. El evento protocolar desató numerosas críticas, algunas muy severas que sintetizó el respetado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, que lo responsabilizó, como cabeza de la Defensa Nacional, de “atroces violaciones a los derechos humanos que continúan impunes”, como en el Caso Ayotzinapa, y de “asuntos no resueltos en Estados Unidos”.
El Presidente, como suele hacerlo, divagó, se fue a la estratósfera y regresó.
Enfocó su defensa en las acusaciones de la DEA en contra del general, a quien detuvieron en Los Ángeles en 2020 con pruebas inverosímiles, y retomó su retórica de siempre, que las críticas tienen como origen la manipulación de los conservadores. Esto es irrelevante; siempre lo mismo, siempre hueco. Lo relevante fue cuando para atajar las imputaciones de que el Ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó, y desmintió su acusación que el Ejército obstruía y destruía documentos del período de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita:
“Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de… grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo”.
En el bloque de “grupos conservadores”, como lo ha dicho antes, incluye al ex fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, los abogados de las víctimas, la prensa, la oposición y toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones.
López Obrador no puede conducir una investigación, porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al Presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa está violando la ley y pisoteando el estado de Derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus conclusiones no podrían ser judicializadas porque carece de representatividad, y por tanto, serían desechadas por un juez.
Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen, como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas, no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el Caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo.
Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el Caso Colosio.
Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser la inminente liberación de Mario Aburto -jurídicamente justificada, como se planteó en un segundo texto aquí-, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizado el asesino de Colosio para acusar al ex presidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso, ni actuaba de esa manera.
Pero momentos después, dijo que cuando asesinaron a Colosio “llegué a la conclusión de que fue un crimen de Estado, y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse”. Un crimen de Estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que, agregó, deberían de ampliarse las investigaciones porque “ese tipo de casos no prescriben”. Vaya desorden en la cabeza del Presidente.
Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas.
El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al Presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley pero, sobre todo, estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro, le podrían traer serios problemas de orden penal.
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