Gobierno británico aprobó extradición de Assange a EU
LONDRES * 17 de junio de 2022.
) Télam
El gobierno británico firmó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión, según los defensores del periodista que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”.
«En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba», dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que el titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al australiano, que tiene 15 días para apelar esta decisión.
El portal WikiLeaks calificó de «día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica» la decisión de Reino Unido.
«Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato», señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.
En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según el vocero del Ministerio de Interior, «los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange».
«Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión, y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud», agregó citado por la agencia de noticias AFP.
La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.
Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano de 50 años puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos clasificados.
Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.
En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.
Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.
Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.
Organizaciones críticas
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.
Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo «en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero».
Stella Assange
Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos.
«Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo», dijo en un comunicado difundido hoy.
En conferencia de prensa y visiblemente emocionada, aseguró además: «Si es extraditado a Estados Unidos, las condiciones en las que se hallará serán opresivas (…) Ello lo impulsará al suicidio».
«Julian no ha hecho nada malo. No ha cometido ningún crimen, no es un criminal. Es un periodista, un editor y está castigado por haber hecho su trabajo», dijo la letrada, que se casó en marzo con Assange, con quien tiene dos hijos, concebidos durante la estancia del fundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.
Stella Assange garantizó que no es el final de la batalla, sino «el inicio de una nueva batalla judicial».
Snowden
El exanalista de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, también criticó la extradición firmada por el Reino Unido al recordar que «todos los grupos serios de libertad de prensa del mundo protestaron contra eso».
«Es un símbolo atroz de hasta qué punto decayó el compromiso de los gobiernos británico y estadounidense con los derechos humanos», añadió Snowden, quien también es reclamado por Washington por espionaje después de que filtrara que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recababan información de los teléfonos de millones de ciudadanos.
En Moscú, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, ironizó: «Es la apoteosis del humanismo, el apogeo de la libertad de expresión. Recuerdo que Assange puede ser condenado a 175 años de prisión por actividad periodística».
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Reporteros Sin Fronteras exige a ‘Alito’ disculpa pública por declaraciones contra periodistas
CIUDAD DE MÉXICO * 27 de mayo de 2022.
) AN
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) reprobó las presuntas declaraciones del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, contra la prensa y exigió una disculpa pública.
El pasado martes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló durante en su programa semanal Martes de Jaguar, audios que aseguró pertenecen al dirigente del PRI.
En uno de ellos, se escucha la voz del dirigente priista diciendo: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá; hay que matarlos de hambre”. Asimismo, difundió otro audio donde Moreno señala que su partido recibió dinero de Cinépolis para las campañas.
Ante esto, el 25 de mayo, el dirigente nacional del PRI publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el cual anunció que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje que, dice, se está desplegando en contra de la oposición, periodistas y empresarios.
En contraste, Sansores reveló en entrevista con Carmen Aristegui que interpuso una denuncia ante la FGR en contra de Moreno y explicó que obtuvo los audios de manera anónima.
Ante esto, el 25 de mayo, el dirigente nacional del PRI publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el cual anunció que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje que, dice, se está desplegando en contra de la oposición, periodistas y empresarios.
En contraste, Sansores reveló en entrevista con Carmen Aristegui que interpuso una denuncia ante la FGR en contra de Moreno y explicó que obtuvo los audios de manera anónima.
Reporteros Sin Fronteras exigió este viernes que el político se retracte y emita una disculpa pública.
“Declaraciones irresponsables y agresivas como esta en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo atentan contra la prensa”, señaló.
“Pedimos al líder priista se retracte de sus declaraciones y presente una disculpa pública”, demandó.
El pasado jueves, Artículo 19 también rechazó las declaraciones contra la prensa, ya que afirmó que “denota la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa, así como la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos”.
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México, país donde el principal enemigo de los periodistas es el Presidente
Jesús Medina
CIUDAD DE MÉXICO. * 5 de noviembre de 2019.
] Nación 14.
“Este año, México se convirtió en el país más peligroso para ejercer el periodismo, hay un retroceso a nivel mundial y hay un discurso cada vez más agresivo contra el trabajo de la prensa”, así lo afirma Emmanuel Colombié, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización que registra y acompaña a las víctimas de agresiones en México, RSF en coordinación con 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información llegaron a México en una misión para abordar la situación de impunidad en crímenes contra la prensa.
Periodistas de doce estados que han sido agredidos o que se encuentran bajo amenaza, muchos de ellos en situación de desplazamiento forzado interno, compartieron testimonios con los misioneros sobre las condiciones de trabajo para los periodistas bajo el contexto de violencia así como las amenazas que enfrentan los comunicadores y que pueden llevar a la muerte si no se atienden.
Desde el norte al sur, el conservatorio se centró en los tipos de agresiones muchas veces invisibilizadas como la descalificación al trabajo, los retos y necesidades de la prensa en esta nueva escalada de violencia que evolucionó en narcopolítica, es decir cuando se difumina la línea que separa a los delincuentes del crimen organizado y servidores públicos.
Esta situación genera una nueva amenaza para ejercer el periodismo, con mayor poder de perpetrar ataques a trabajadores de los medios de comunicación, lo que genera ‘zonas silenciadas’, que son regiones donde los periodistas no pueden informar, donde hay temas que no se tocan.
También se abordaron temas como el desconocimiento de los distintos mecanismos de protección el cual coloca a los periodistas víctimas de agresiones en un marco de vulnerabilidad en situaciones de crisis.
“Hay muchas organizaciones que apoyan a periodistas y no se ve el apoyo a las situaciones de violencia laboral, precariedad en el trabajo así como los freelancers” expresó una participante del estado de Chiapas. “La violencia política a mujeres son otro tipo de agresión” agregó.
Por su parte el secretario de la Delegación XXV del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Ernesto Eduardo Caballero señaló que otra de las agresiones que se sufren en este gremio es “el canibalismo periodístico” que es el ataque entre periodistas con el fin de desprestigiar al rival.
Finalmente, Emmanuel Colombié explicó que por si no fuera suficiente, existe otra forma de agravios contra el trabajo periodístico que se están dando en los medios digitales y en el discurso del presidente López Obrador.
“El presidente López Obrador no puede seguir atacando a los periodistas en las “mañaneras”, porque ese discurso de odio se replica en cascada a nivel local en los estados de México, en lo que se refiere a 2019 existe un mayor número de asesinatos de periodistas superando a países en guerra”, puntualizó.
La misión se realizará en la Ciudad de México del 2 al 8 de noviembre y tiene como objetivo situar como prioritaria en la agenda del gobierno nacional la crisis de libertad de expresión, así como fomentar el compromiso del gobierno mexicano para disminuir el nivel de impunidad en crímenes contra periodistas.
La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad.
Forman parte de ella: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA).
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