Por acoso sexual denuncian a exgobernador Ortega
REDES SOCIALES * 9 de noviembre de 2022.
) MéxicoSur
Por segunda ocasión, el exgobernador perredista Rogelio Salvador Ortega Martínez, alias ‘Comandante Camilo’ de las FARC, fue denunciado por alumnas del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados «Ignacio Manuel Altamirano» (IIEPA/IMA) por acoso sexual, junto con el catedrático del mismo plantel ubicado en Acapulco, Antonio Vinalay.
A través de una serie de mensajes pegados en un pizarrón de los accesos al IIEPA, alumnas solteras y casadas expusieron que el Comandante ‘Camilo’ y otros docentes las han acosado durante varias generaciobes, pero hasta ahora nadie aboga por ellas, incluso Rectoría, ni el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro (STAUAG), ni el Honorable Consejo Universitario de UAGro ni el Tribunal Universitario hace nada por atender estas denuncias.
La ‘violencia de género’ de esta indoles es ‘pan de cada día’; salvo contados casos, solo los menos trascendentes son castigados, pero acosadores sexuales de la talla de Rogelio Ortega no, pese a que se debería comenzas por ellos por ser figuras políticas de la UAGro que han trascendido como servidores o fucionarios públicos, dice una alumna, en alusión al cargo que ostentó Ortega Martínez como gobernador interino de Guerrero el 26 de octubre de 2014 y a Carlos Armando Morillón Ramírez, quien actualmente se desempeña como secetario de Finanzas del Gobierno de Acapulco. Morillón fue denunciado, inclusive, por haberse apropiado de las becas de jóvenes universitarios, pero la queja sigue archivada en el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
La queja contra Rogelio Ortega no es nueva. Es la segunda vez que lo denuncian.
El 17 de marzo del 2020, Mujeres Jovenes Feministas de Guerrero (MujofGro) hicieron público el hostigamiento sexual cometido por el exgobernador Ortega y los demás implicados, pero Rectoría y el Honorable Consejo Universitario parecen ser más cómplices o protectores de estos ‘ilustres acosadores’ de sus alumnos, quizá, por el poder y popularidad que detentan, de lo contrario ya se hubiera actuado como lo hicieron en el pasado con Juvenal Becerril Gómez y Godofredo Morelos García, quienes el 25 de marzo de 2019 fueron cesados de su cargos de docentes de las preparatorias 10 y 27, respectivamente, por la serie de acosos sexuales en su contra.
El exgobernador Rogelio Martínez sigue siendo señalado de pedir fotos íntimas o favores sexuales y citas para privilegiar las calificaciones de sus alumnas, el mismo caso aplica con Carlos Armando Morillón, secretario de Finanzas de Acapulco, cuya queja obra en poder, inclusive, del Tribunal Universitario, sin que a la fecha se haya hecho algo a favor de las denunciantes.
El hecho es que el Rector Alfredo Romero pareciera estar más del lado de los acosadores que de las víctimas, pues su silenco sepulcral en torno a los casos deja mucho qué desear.
Ejemplo de ello es Lorely Castillo Santos, quien fue despedida de la Preparatoria y hasta amenazada de muerte porque se negó a un favor sexual y por haber denunciado a su acosador, Agustín Fernando Saavedra Centeno, exasesor del rector José Alfredo Romero Olea.
Salvo los casos de Juvenal Becerril Gómez y Godofredo Morelos García, Rectoría no ha hecho nada contra las denuncias de los prominentes acosadores sexuales Rogelio Ortega y Carlos Morillón, este ultimo acusado también de robarse las becas de los universitarios y lejos de ser amonestado fue premiado con la secretaría de Finanzas del Gobierno de Abelina López Rodríguez en Acapulco.
«¿Cuántas generaciones más tienen que pasar para que se actúe contra Rogelio Ortea y resto de acosadores sexuales de la UAGro?», cuestionan las quejosas.
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Al respecto, debe aclararse que también el PRD ya le entró a la practica abierta de este ‘ilícito’ en la presente década, especialmente, a partir del gobierno de Ángel Aguirre Rivero y su heredero interino, Rogelio Salvador Ortega Martínez (2011-2015), según evidencias reveladas por la Auditoría Superior de la Federación el año pasado (oficio DARFT-“A1”/332/2015, fecha 27 de noviembre de 2016) cuando el gobierno de Aguirre adquirió de parte de la empresa Neolinx de México SA de CV, un equipo de espionaje valuado en 17.5 millones de pesos que fue pagado con dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y cuyo destino fue la Fiscalía General del estado (FGE), a fin de investigar a determinados actores sociales y políticos del estado, además del crimen organizado.
Por obviedad, el gobierno de #HéctorAstudillo debió haber heredado este sistema de espionaje, y no se duda que le esté siendo de gran utilidad.
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