CIUDAD DE MÉXICO * 10 de enero de 2022.
) AP
Las autoridades judiciales de Nicaragua abrieron juicio el martes contra el obispo católico de Matagalpa (norte), monseñor Rolando José Álvarez Lagos, un férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.

En una nota publicada en el portal oficial El 19 Digital, el gobierno informó que se realizó la audiencia inicial del caso, publicando una fotografía del obispo vestido de civil, sentado en una sala de los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, en compañía de otras personas.

Sin mencionar su condición de obispo, el informe del gobierno mencionó que “Rolando José Álvarez Lagos (compareció) en su calidad de acusado” por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” en perjuicio “del Estado y la sociedad nicaragüenses”.

Indicó que la autoridad judicial mantuvo el arresto domiciliario dictado el pasado 13 de diciembre, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio.

Monseñor Rolando Álvarez, de 56 años, es el primer obispo católico de Nicaragua en ser acusado por delitos graves y sometido a un juicio penal. Es el más crítico de los obispos nicaragüenses que aún permanecen en Nicaragua. Permanece detenido hace 145 días en un domicilio de su familia en Managua y bajo estricta vigilancia policial.

Las autoridades también confirmaron su solicitud a la Interpol para la captura del sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la norteña localidad de Sébaco, adscrita a la Diócesis de Matagalpa que dirige el obispo Álvarez y cuyo caso figura en la misma causa penal. Vallejos se encuentra exiliado en Costa Rica desde hace varios meses.

Tras las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares sandinistas, Álvarez alzó su voz para criticar al gobierno y demandar la libertad de los opositores presos, que actualmente suman más de 230 según la oposición.

Ortega acusó entonces a los obispos de la Iglesia católica de apoyar “un fallido golpe de Estado” en su contra, auspiciado según él por “el imperio estadounidense”.

Luego de varias denuncias de “persecución policial” en su contra, monseñor Álvarez fue sitiado por la policía durante dos semanas en su Diócesis de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de la capital. La policía anunció que lo investigaba por “organizar grupos violentos”.

A la retención del 19 de agosto pasado del obispo, se sumó la de otros siete sacerdotes, diáconos y periodistas que lo acompañaron en la diócesis. Fueron igualmente acusados penalmente.

El 13 diciembre, la jueza del Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria Saavedra, admitió la acusación del fiscal Manuel Rugama contra el obispo por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Le nombró un defensor de oficio y le decretó arresto domiciliario.

La noche del lunes, hablando en el inicio de la nueva legislatura parlamentaria, Ortega arremetió contra los opositores presos, a quienes acusó de ser “terroristas” y los comparó con los bolsonaristas que atacaron diversas sedes públicas en Brasil el pasado domingo.

Dijo que la oposición en Nicaragua trató de organizar “un sangriento golpe de Estado” con ayuda “del imperio” y agregó que “ni condenándolos a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua”.

La revuelta social de 2018 generó una grave crisis política en Nicaragua, después de que la represión dejó al menos 355 muertos, unos 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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