Cárteles ganaron USD50.000 en 2016/2018 | UIF
] CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de septiembre de 2020.
| AP.
Los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 casi 50.000 millones de dólares, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor porque México no cuenta con una metodología para medir esos montos con exactitud.
Así lo indicó el lunes Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por su departamento o por otras instancias, ante las autoridades competentes.
Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que su departamento multiplicó el número de denuncias ante los tribunales -en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164- y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.
La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios. La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).
En este sentido, congeló recursos a casi 2.000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a 330 vinculadas al de Sinaloa, también llamado el Cártel del Pacífico.
Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.
“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional”, Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la geografía. Llamaba la atención que casi todos los estados tienen presencia de dos o más cárteles.
De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.
Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22 % del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.
La lucha contra la corrupción ha sido el principal objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y nadie duda que la actividad de la UIF se ha incrementado. No obstante, algunos críticos con el gobierno temen que los procesos abiertos no se traduzcan en el desmantelamiento real de las redes delictivas o corruptas y denuncian que ha habido un doble rasero según si los afectados en las tramas eran afines o no al ejecutivo.
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Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
] CANCÚN. * 2 de julio de 2020.
| Mexicanos Contra de la Corrupción.
La agencia estadunidense solicitó al gobierno mexicano colaboración para rastrear propiedades y transacciones de los líderes de la banda que saqueaban cuentas de usuarios de cajeros electrónicos.
A petición del Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país.
En un oficio enviado el 10 de febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
A la fecha, la institución encargada de investigar los casos de lavado de dinero en México ha logrado documentar que los integrantes de la banda han traspasado recursos a cuentas bancarias de parientes, amigos y de empresas que presuntamente han utilizado ese dinero para adquirir inmuebles en México y en el extranjero.
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero extraído en forma ilícita de los cajeros automáticos.
El FBI investiga a Tudor como seguimiento a las denuncias que ciudadanos estadounidenses han presentado por el robo que sufrieron en cajeros automáticos cuando pasaron vacaciones en México.
En el esquema que ha logrado trazar la UIF que encabeza Santiago Nieto en torno a las operaciones de esta banda criminal, aparecen transacciones en las que están implicadas entre sí al menos ocho empresas cuya sede está en México y una más en Rumania.
En el centro de esta investigación de la UIF se encuentra la empresa Top Life Servicios S.A. de C.V., creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
Tiugan creó Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas al que le usurpó la identidad.
El 1 de marzo de 2014, esa empresa firmó un contrato con Banco Multiva para colocar cajeros automáticos en distintos puntos del país.
La banda llegó a controlar 100 cajeros con chips instalados en ellos, y en promedio cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas, según reveló un ex integrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, que también investiga este caso. “Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. Veinte millones de dólares retirados cada mes”.
La organización criminal, con ramificaciones en tres continentes, saqueó entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, reveló una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); la organización Quinto Elemento Lab y Rise Project que fue publicada el pasado 3 de junio.
La investigación periodística documentó que algunas de las tarjetas clonadas en centros turísticos de México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
Colaboración con FGR
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que esa dependencia en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), investiga las operaciones de la banda de origen rumano.
Informó que se tiene identificada a una persona física y a tres personas morales -de las que no proporcionó nombres- que son las encargadas de hacer los fraudes financieros con la colocación de cajeros automáticos en Cancún.
“Una de las (personas) morales, sus accionistas son rumanos que han enfrentado cargos por narcotráfico”, mencionó Nieto.
“Otra de las empresas lo que hace es recibir recursos de las empresas que comercializan las máquinas y los trasladan a inmobiliarias en Cancún y en la Ciudad de México con un socio también de origen rumano buscado por la Interpol”, dijo Nieto.
Aunque no dio detalles, confirmó que recibieron una solicitud de colaboración del FBI para rastrear las operaciones financieras de la banda rumana.
Una petición similar de trabajo conjunto había sido enviada en abril del año pasado a la FGR para investigar el fraude, la clonación de tarjetas bancarias y el lavado de activos que presuntamente llevaban a cabo la banda dirigida por Florian Tudor, un ciudadano rumano con domicilio en Quintana Roo.
En el oficio de colaboración, el FBI convocó a funcionarios de la FGR a una reunión en mayo de 2019 en Bucarest con la Policía Federal de Rumania, para coordinar y planear los esfuerzos internacionales relacionados con la investigación de la banda de Tudor.
Investigación en la FGR
La FGR también tiene una investigación en curso sobre la organización liderada por Florian Tudor, pero dos fuentes consultadas dijeron que no podrían comentar detalles ni responder los cuestionarios enviados por los reporteros de OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project.
La fiscalía aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados. Según documentos confidenciales de la FGR a los que tuvo acceso OCCRP, los fiscales describen a Tudor como “jefe” de varias empresas en Cancún y “el líder de un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios”.
El líder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades desde marzo de 2019 cuando él y su mano derecha fueron detenidos mientras conducían al sur de Cancún hacia Puerto Morelos. En aquella ocasión, la policía les incautó una pistola Glock, munición y más de 25,000 dólares.
De acuerdo con la ficha de su detención, los fiscales mexicanos iniciaron la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019 por el delito de portación sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta investigación seguía en trámite un año después de que las autoridades abrieron la indagatoria, según respondió la delegación de la FGR en Quintana Roo a través de una solicitud de información.
Dos meses después de su detención, Tudor se volvería a encontrar con la policía mexicana. En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron registros tanto en el cuartel general de Top Life como en su casa en Cancún. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Estos cateos fueron realizados como parte de la indagatoria FED/QR/CUN/0000151/2019, iniciada por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Este no es el único delito por el que se investiga a Tudor y sus cómplices. En julio de 2019 Tudor presentó una petición de protección constitucional para que le devolvieran las propiedades aseguradas a partir de una orden derivada de la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000426/2019, iniciada por delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según confirmó en marzo pasado la delegación de la FGR en Quintana Roo.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no han informado por qué a un año de iniciarse las indagatorias aún no hay ningún detenido o si la banda de la Riviera Maya es investigada por otros delitos en México. Tampoco han dicho si existe un pedido de extradición contra Tudor. La FGR solo ha confirmado, por medio de una solicitud de información respondida en marzo pasado, que tiene en curso una solicitud de asistencia jurídica internacional relacionada con las carpetas de investigación que iniciaron en México contra la banda de la Riviera Maya.
Para 2017, Top Life Servicios, la empresa fachada de Florian Tudor, operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca del banco Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México por donde transitaban millones de turistas cada año.
Aunque no hay indicios de que las autoridades ministeriales investigan la participación de Multiva en la expansión de la red de los cajeros automáticos instalados por la banda rumana con su marca, las áreas a cargo de vigilar a este banco respondieron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está tomando acciones de supervisión para, en su caso, poder determinar posibles conductas violatorias de las leyes financieras federales.
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Gobierno de AMLO congela cuentas de Ovidio Guzmán y otros 330 narcos
] CIUDAD DE MÉXICO. * 8 de mayo de 2020.
| Infobae.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que el Gobierno de México le congeló cuentas millonarias a Ovidio Guzmán, uno de los tres hijos del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Loera, identificados como cabecillas del cártel de Sinaloa.
“Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras”, expresó.
En una entrevista con el diario español El País, el funcionario señaló que “entre las cosas raras” se identificó que las hermanas de Ismael Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino, pero “nadie gana millones de pesos en un casino”, por lo ve un buen indicador de posible lavado de dinero.
La declaración del funcionario se da en medio de una etapa en la que el cártel de Sinaloa busca crear un “escudo social” a través de la entrega de despensas en comunidades de distintos estados del país ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19.
También surge a casi siete meses después del llamado “culiacanazo”, como se le menciona popularmente al día –17 de octubre de 2019– en el que el Gobierno de López Obrador retuvo a Ovidio Guzmán durante horas en una casa en Culiacán, Sinaloa, a quien tuvo que liberar ante la respuesta violenta de la organización criminal que cerró los accesos a la capital e hizo muestra de fuerza con potente armamento y cientos de sicarios.
La jornada violenta dejó un saldo de ocho muertos y 16 heridos. Posteriormente, el Ejército reservó por cinco años los partes informativos.
El diario Milenio realizó una solicitud de información que fue respondida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual señala que la reserva de información sobre el llamado “caso Ovidio” se sustenta en que quedó demostrada la “presencia real” del cártel de Sinaloa, su capacidad de organización y de fuego con lo que logró originar temor en la población y “presionó al gobierno federal para cesar las acciones que realizaban en su contra”.
Además, aseguró que la divulgación de esta información puede provocar que la delincuencia organizada “que opera en todo el país” estime los efectivos y capacidades del Ejército para tratar de emular en otras ciudades los hechos ocurridos en Culiacán.
Ovidio volvió a ser motivo de controversia el 30 de marzo de este año cuando el presidente López Obrador visitó Badiraguato, cuna de la familia, justo el día del cumpleaños 29 del hijo del narcotraficante.
La gira de ese día del presidente fue doblemente controvertida porque además fue hasta la camioneta de la madre del Chapo Guzmán, Consuelo Loera, a saludarla y a comunicarle que ya había recibido su carta.
En la misiva, Consuelo Loera pedía al presidente su intervención para conseguir una visa humanitaria que le permitiera visitar a su hijo, que cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales en la cárcel ADX Florence, en Colorado, conocida como la más brutal de Estados Unidos.
Ovidio Guzmán es el primero de los cuatro hijos que el Chapo tuvo con su segunda esposa, Griselda López Pérez.
Se le identifica como un miembro activo del cártel de Sinaloa y enfrenta cargos ante el Gobierno de Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana entre 2008 y 2018.
Ovidio Guzmán y su hermano Iván Archivaldo Guzmán supuestamente son investigados por la Fiscalía Federal en Washington, a causa de importación de drogas al país vecino y actividades de narcotráfico internacional.
El ratón, como también se le conoce, aparece en varios registros judiciales y del Tesoro en Estados Unidos por actividades relacionadas con lavado de dinero.
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