Corte proyecta invalidar segunda parte de Plan B
CHILPANCINGO * 19 de junio de 2023.
) Congreso de Guerrero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría invalidar la segunda parte del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que los legisladores de Morena y partidos aliados no respetaron el procedimiento legislativo para la aprobación de las distintas modificaciones legales.
El asunto está a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, quien propone en su proyecto de sentencia invalidar la totalidad de cambios legales, pues el Congreso de la Unión “incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo”.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por partidos y legisladores de oposición en contra del paquete de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De acuerdo con el proyecto publicado por la Suprema Corte, el Congreso cometió las mismas violaciones que llevaron a los ministros a invalidar la primera parte del plan B electoral. Además, en este caso, los legisladores cambiaron la iniciativa al momento de su discusión y ambas cámaras del Congreso modificaron artículos ya votados, lo cual está prohibido por la Constitución.
El proyecto aún no aparece en las listas para ser discutido en los próximos días.
La segunda sala de la Suprema Corte desechó el pasado 7 de junio un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que propuso desestimar las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la segunda parte del plan B electoral del presidente López Obrador.
El pasado 8 de mayo, la SCJN invalidó por mayoría de nueve ministros la primera parte del plan B electoral del presidente.
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Congratula a la presidente de Jucopo validez de SCJN a consultas del Congreso
CHILPANCINGO * 6 de junio de 2023.
) Congreso de Guerrero
Ante la reciente validez que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero realizada en el año 2022, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Yoloczin Domínguez Serna, consideró que esta resolución da certeza a los procesos consultivos que desarrolla el Congreso del Estado.
La legisladora indicó que el Poder Legislativo tiene el firme compromiso con la democracia y la representación de los diversos sectores sociales. En ese sentido, explicó que a lo largo de la actual legislatura los procesos de consulta han tenido un trayecto de perfeccionamiento, en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos que permita escuchar sus voces para la construcción de un mejor estado.
Esto ante la determinación de la SCJN que resolvió que la consulta realizada para reformar distintos ordenamientos en materia de seguridad y reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos originarios cumplió con las características de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de conformidad con los parámetros establecidos.
La legisladora detalló que la SCJN validó la totalidad del Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento,
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, publicado el 5 de julio de 2022.
Por otro lado, abundó que el Congreso del Estado recientemente concluyó la Consulta en materia electoral, donde participaron 2,532 comunidades de 49 municipios indígenas y afromexicanos de Guerrero.
Asimismo, informó que sigue en marcha el proceso de Consulta en materia de educación indígena e inclusiva, destacando que la reciente validez del máximo tribunal transmite certeza a los procesos consultivos desarrollados por la LXIII Legislatura.
“Es importante destacar que en estos ejercicios se respeta en todo momento las normas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, apuntó.
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SCJN invalida primera parte del ‘Plan B’ de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO * 8 de mayo de 2023.
) Forbes México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la primera parte del llamado “plan B” de reforma electoral, el cual fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Corte consideró que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión el primer decreto de la reciente reforma electoral.
Nueve ministros se pronunciaron a favor del proyecto de Alberto Pérez Dayán, el cual invalidó las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Las únicas dos ministras que votaron en contra del proyecto fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
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SCJN rechaza aplazar análisis de ‘Plan B’ electoral
CIUDAD DE MÉXICO * 4 de mayo de 2023.
) LatinUs
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este jueves que los ministros resolvieron por unanimidad rechazar la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que pidió resolver primero la constitucionalidad de la Ley de Comunicación Social, antes de que comience el análisis de las modificaciones a la misma con el plan B electoral.
En un comunicado, la Suprema Corte indicó que los 11 ministros llegaron a esta resolución, puesto que la impugnación sobre esta fracción de la primera parte del plan B electoral se presentó en 2023 y se encuentra listado para el próximo 8 de mayo, además de que se tramitó con carácter de electoral.
La Consejería señaló este miércoles que envió una solicitud a la ministra presidenta Norma Piña para que no se resuelva la acción de inconstitucionalidad 29/20223 y sus acumuladas, hasta que se analice otro recurso de 2018 contra esta ley.
Este organismo de Presidencia aseguró que con esto se evitarían sentencias contradictorias y también llamó a que los asuntos se resuelvan sin consignas.
Por su parte, la SCJN afirmó este jueves que el recurso 52/2018, contenido en la petición de la Consejería para que se resuelva primero, no se ha entregado a la Secretaría General de Acuerdos.
Además, la SCJN señaló que esta acción de inconstitucionalidad no se le tramitó como de materia electoral.
“El análisis de sentencias contradictorias no afectará los principios de seguridad y certeza jurídica (…) en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018”, añadió.
Este martes, la Consejería también acusó de irresponsable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la filtración del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán a un portal digital de noticias que propone invalidar la primera parte del plan B electoral.
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La Guardia Nacional, Ejército Mexicano y SCJN
Maremágnum
» RICARDO | CASTILLO BARRIENTOS
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La decisión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de echar abajo la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, viene a resquebrajar la estrategia de seguridad del Mandatario de la Nación.
En etapas previas a su arribo a Palacio Nacional, López Obrador como dirigente político de la oposición, siempre se pronunció en contra de la militarización de los cuerpos de seguridad pública y del regreso a los cuarteles, porque no eran funciones de su competencia y solo deberían ocuparse de la seguridad nacional.
Una vez en el poder, reconoció la incapacidad de los cuerpos civiles de seguridad, federales, estatales y municipales, debido a colusión que mantenían con grupos delictivos, convirtiéndose en los hechos cuerpos protectores de la comisión de delitos.
López Obrador ungido ya como Presidente de la República se percató de la nueva realidad, -desconocida hasta entonces- modificando radicalmente su posición política e inclinarse por la vía de la militarización, como única forma de enfrentar con éxito a los cárteles y bandas criminales.
La izquierda mexicana radical se ha opuesto rotundamente a la militarización del país y lo relacionado con el involucramiento de las fuerzas castrenses, en la política y vida nacional. Sin embargo, hay militantes de la izquierda moderada y miembros de Morena, que respaldan a pie juntillas las decisiones del primer mandatario, en torno al fortalecimiento del sector militar y naval, en cuanto a la operación y administración de la Guardia Nacional, que le fue denegado por la SCJN.
El Ejército Mexicano ha venido cumpliendo eficaces contribuciones al desarrollo nacional. Sus profesionales de la ingeniería y la medicina, ya no siguen enclaustrados en los cuarteles, ahora realizan labores en beneficio directo a la población, no solo con el Plan DN3, sino también con acciones de obras de ingeniería civil, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las construcción de cientos de sucursales comunitarias del Banco del Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional en toda la República y el famoso Tren Maya, etc.
El Presidente López Obrador es un político de peso completo que no se da por vencido fácilmente. La SCJN le ganó la primera batalla de consideración, en un tema de gran trascendencia política y social. Vendrán nuevas batallas de las que el Presidente espera ganarlas, a partir de obtener una mayoría calificada en la próxima legislatura federal, por lo cual pondrá todo su empeño para llevarse “carro completo”, en la inminente elección federal del 2024. Si lo logra habrá cambios sustanciales en la Constitución General, en esta materia y en la reforma electoral, que en breve, el “Plan B”, también será desechado por la SCJN.
Marea Baja.- Muy sentido el fallecimiento del ex rector de la UNAM, Pablo González 
Casanova y fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), durante su fructífero periodo rectoral.
González Casanova, fue doctor en Sociología por la Universidad de Paris y ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Publicó diversos libros sobre temas de Sociología Política, destacando brillantemente “La Democracia en México”, gran éxito editorial en 1965 y lectura obligada sobre este tema.
Estuvo identificado con las luchas de movimientos sociales del país y América Latina. Se sumó a la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Descanse en González Casanova, extraordinario y ejemplar mexicano.
Marea Alta.- El Canciller Marcelo Ebrard vino nuevamente Acapulco, para reafirmar su gestión ante la “Europol”, que agrupa a las mejores policías de la Unión Europea, a fin de vincularlos con la Policía Municipal del puerto, dentro de la “Nueva Estrategia de Seguridad Pública Fuerza Acapulco”.
Ebrard Casaubón ya anda en plena campaña presidencial, al igual que los demás aspirantes de Morena, que disfrazan sus eventos políticos como si se tratara de actividades inherentes a su dependencia federal. Así están están de precipitados en la carrera presidencial.
Maremoto.- Otros dos aspirantes presidenciales vendrán al puerto en esta semana. Ricardo Monreal ofrecerá un conferencia de prensa este viernes; mientras el controvertido petista Gerardo Fernández Noroña, hará acto de presencia el día sábado a temprana hora, en la cancha de la CROM.
Quién viene aparentemente rezagada es Claudia Sheinbaum, que todavía no hace su aparición por estos lares, siendo esperada con ansias por sus simpatizantes oficiales y extraoficiales, que han intensificado sus labores proselitistas para no quedarse atrás, mientras que viene su candidata.
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Guardia Nacional regresará a SSP en enero 2024
» Julio | Astorga
CIUDAD DE MÉXICO * 20 de abril de 2023.
) LatinUs
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, por nueve votos a favor, que la decisión de invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplique a partir del 1 de enero de 2024.
En la sesión celebrada el martes pasado, la SCJN declaró como inconstitucional que la Sedena tome el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional y siga adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, como se aprobó en la reforma constitucional que creó dicho cuerpo de seguridad en 2019.
La propuesta del ministro José Luis González Alcántara Carrancá fue avalada por mayoría de ocho votos. Los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel consideraron que la Guardia Nacional debía estar bajo control de los militares, argumentando que no perdía su naturaleza civil.
También decidieron invalidar que los elementos de los Fuerzas Armadas mantengan el fuero militar mientras participan en la Guardia Nacional, así como la facultad del secretario de la Defensa Nacional de proponer al titular de ese cuerpo de seguridad.
En la sesión de este jueves, la Suprema Corte votó los efectos de la resolución tomada el martes.
El ministro González Alcántara Carrancá mencionó que se estableció el plazo a enero de 2024 para privilegiar la certeza jurídica y respetar el presupuesto asignado para este año. La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que el tiempo es el necesario para que se realicen los ajustes.
Los ministros Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar fueron los únicos que votaron en contra.
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SCJN avala uso de Twitter para realizar peticiones a autoridades
CIUDAD DE MÉXICO * 1 de febrero de 2023.
) Forbes México
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los ciudadanos puedan hacer uso de las redes sociales, como Twitter, para hacer peticiones a las autoridades o denunciar fallas en los servicios públicos, y éstas estarán obligadas a responder por la misma vía.
La propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la cual fue avalada por sus colegas, señala que las “peticiones formuladas a una autoridad a partir de la plataforma Twitter, sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista confirmación de que: (a) la respectiva autoridad es titular de la cuenta a partir de la cual se formulan dichas peticiones; y de que (b) a partir de la misma, realiza actos de interacción con la ciudadanía”.
Esto deriva de una serie de peticiones que hizo en 2021 el ciudadano Joaquín Rivera Espinosa al Ayuntamiento de Guadalajara mediante la cuenta oficial de Twitter de este gobierno municipal; en estos mensajes solicitó información sobre el gasto público municipal; sin embargo, la cuenta nunca respondió.
Por ello, el ciudadano interpuso un amparo, el cual llegó hasta la SCJN, donde fue analizado y resuelto.
Ahora, el Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), deberá responder por Twitter las tres peticiones que envió Joaquín Rivera Espinosa, pues los ministros aprobaron que sí es posible ejercer el derecho de petición vía redes sociales.
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INE impugnará ante SCJN “Plan B” de AMLO
* El informe del INE advierte que la implementación inmediata de las disposiciones de la reforma electoral —ordenada en sus artículos transitorios— podría alterar gravemente el funcionamiento del sistema electoral
» Ernesto Núñez Albarrán | Mauricio Torres
CHILPANCINGO * 26 de enero de 2023.
) Animal Nocturno
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de la entrada en vigor del “plan B” de reforma electoral, en tanto resuelve el fondo de las controversias y otros recursos que interpondrán el propio instituto y los partidos políticos de oposición.
El Consejo General del INE conoció ayer el informe sobre los impactos del “plan B” en la función electoral, e instruyó a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, para emprender todos los caminos jurídicos posibles para controvertir una reforma que, según el diagnóstico, pone en riesgo las elecciones de 2024.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, llamó a la SCJN a resolver la constitucionalidad de las reformas aprobadas en diciembre pasado por Morena y sus aliados, y apeló a que la Corte “detenga ese auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
En el informe dado a conocer ayer en sesión extraordinaria del Consejo General, se incluye un apartado sobre el impacto de las disposiciones transitorias de las reformas del “plan B”, entre las que destaca la entrada en vigor de las reformas “al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación” (DOF).
Además, en los transitorios aprobados en diciembre de 2022, se ordenaba al INE emprender una serie de acciones durante el mes de enero, lo cual es imposible por el retraso en el proceso legislativo de cuatro de las seis leyes modificadas en el “plan B”.
El documento advierte que, de entrar en vigor conforme a lo estipulado en las reformas, el “plan B” provocaría inmediatamente acciones de alto impacto en el funcionamiento del INE.
Por ejemplo, el Consejo General debería disolver de inmediato la Junta General Ejecutiva y crear en sustitución una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros; el secretario ejecutivo debería ser cesado de sus funciones al día siguiente de la publicación en el DOF, y las actuales 11 direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE deberían fusionarse en apenas cinco áreas, despareciendo algunas instancias encargadas de la ampliación de los derechos ciudadanos como la Unidad de Género y No Discriminación.
El “plan B” plantea una reestructuración total del INE y sus órganos desconcentrados, al eliminar vocalías en sus 32 Juntas Locales y sus 300 Juntas Distritales, y obliga al instituto a tomar una serie de medidas entre enero y abril de 2023, mes en el que está previsto el relevo de cuatro consejeros, incluido el consejero presidente.
“La implementación de la reforma, por su trascendencia, requiere necesariamente de reglas claras para ello. Una revisión de los artículos transitorios evidencia falta de claridad y certeza en todas las etapas de la misma”, señala el documento.
En esa lógica, el mandato que dio ayer el Consejo General al secretario ejecutivo, de “interponer todos los recursos jurídicos”, implica solicitar a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de las reformas, pues el análisis del fondo de las acciones de inconstitucionalidad que interpondrán el propio INE y los partidos de oposición podría durar meses, lo que alteraría el funcionamiento del sistema electoral en tanto se resuelve la constitucionalidad de la reforma.
Durante la sesión de este miércoles, consejeras y consejeros del INE se pronunciaron en contra del “plan B” que el gobierno federal, Morena y sus aliados impulsaron en el Congreso.
Entre otros puntos, señalaron que los cambios fueron planteados y votados sin tener un diagnóstico real sobre el sistema electoral del país, y que si bien dicho sistema es perfectible, no debe recibir modificaciones que compliquen su operación.
Mario Llergo, representante de Morena ante el Consejo General del INE, dijo en su intervención que las críticas al “plan B” son “mentiras” y aseguró que los ajustes que plantea son respaldados por la mayor parte de la ciudadanía.
“Este cúmulo de reformas también dejó al descubierto hasta dónde esta autoridad electoral está dispuesta a llegar con tal de que no se trastoquen sus privilegios ocupando recursos públicos”, señaló Llergo.
Momentos antes, había pedido que el tema se sacara del orden del día y tachó de “panfleto” el informe sobre los impactos del “plan B”.
La oposición interpone primeros recursos
Por su parte, diputados de PAN, PRI y PRD presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el pasado 27 de diciembre y que conforman el primer paquete del “plan B” aprobado en diciembre con los votos de Morena, PT y Partido Verde.
Estas leyes, según los diputados opositores, significan un atropello a disposiciones constitucionales y violan el principio de equidad en la contienda electoral al reinterpretar el concepto de propaganda y modificar los límites en la comunicación de servidores públicos durante el proceso electoral.
Los diputados pidieron a la SCJN dar trámite a la brevedad a este recurso, para evitar que el proceso electoral 2023-2024 inicie con una vulneración grave en la certeza de las reglas de la contienda política.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anunció que también serán controvertidas las reformas a cuatro leyes que aún no se han enviado al Ejecutivo para su promulgación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las acciones en contra de estas leyes solo podrán interponerse ante la Corte una vez que se concluya el trámite legislativo y sean publicadas por el titular del Poder Ejecutivo.
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Corte valida Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2024
CIUDAD DE MÉXICO * 29 de noviembre de 2022.
) Apro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la utilización de los militares en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Durante la sesión de este martes, una mayoría de los integrantes del Pleno señalaron que el acuerdo emitido el 11 de mayo de 2020 no invadió competencias del Poder Legislativo, como alegó Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados, quien presentó la controversia constitucional ante la Corte.
Durante sus intervenciones, los ministros recordaron que desde la reforma constitucional de 2019 en la que se creó la Guardia Nacional, se agregó el artículo quinto transitorio que facultó al Ejecutivo federal a ampliar la utilización de los militares en labores de seguridad pública mientras el cuerpo policiaco se consolidaba.
Por ello, la ministra Margarita Ríos Farjat, ponente del asunto, señaló que el proyecto no analiza la validez ni la pertinencia de dicha reforma constitucional sino el acuerdo con el que el presidente ejecutó esa facultad conferida.
“No es el presente Acuerdo la fuente del ejército en las calles. Esa fue una decisión del Constituyente donde participó el Congreso de la Unión que, inclusive, ahora acude a la presente controversia constitucional alegando una invasión de competencias legislativas y que, se insiste, no está siendo evaluada en el presente mecanismo de control constitucional”, explicó.
“El proyecto propone considerar que el acuerdo impugnado no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencie una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el constituyente dispuso en la propia Constitución Política del país”.
Una mayoría de 8 ministros, coincidió con estos argumentos de Ríos Farjat, aunque diversos integrantes del Pleno reconocieron que la presencia del ejército en las calles debe ser excepcional.
“No nos corresponde como tribunal pleno valorar o enjuiciar la política pública de seguridad”, precisó el ministro presidente Arturo Zaldívar.
Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales votaron en contra de todo el proyecto al considerar que el acuerdo no respeta la excepcionalidad del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
El ministro Aguilar Morales señaló que el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 no obligaba al presidente a ejercer la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sino que esta es excepcional y a su juicio el acuerdo no está debidamente motivado y fundamentado ni se precisan las obligaciones y facultes que tendrán los integrantes de las FA durante su participación.
“Se debió justificar plenamente y de manera clara por qué la participación de las Fuerzas Armadas cumplió con los requisitos de ser subordinada, extraordinaria y complementaria, lo cual, desde mi punto de vista no se hizo”, señaló.
Advirtió que la disposición no limitada de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública puede dar lugar a abusos de la fuerza pública.
Mientras que el ministro González Alcántara Carrancá señaló que el acuerdo es demasiado amplio y no restringe la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a la excepcionalidad.
“La realidad del país nos ha obligado a tomar decisiones dolorosas como extraordinarias como que las Fuerzas Armadas permanentes participen para contener a la delincuencia organizada”, reconoció.
“El acuerdo incumple en gran medida con la condición de que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria (…) la intervención ordenada no es excepcional ni se restringe a las circunstancias del caso”.
Añadió que, al no restringir la actuación de los militares en tareas de seguridad el presidente López Obrador violó la división de poderes.
“Omitir este elemento indica que las Fuerzas Armadas no se está restringiendo a lo estrictamente necesario (…) El acuerdo desde mi punto de vista abre la puerta para que el ejército, la marina y las Fuerzas Armadas suplan a la Guardia Nacional en el ejercicio de estas facultades”, señaló.
“El Ejecutivo federal incumple con los requisitos de que la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública sea extraordinaria, subordinada y complementaria, por lo tanto, escapa de la atribución que le confiere el artículo transitorio Quinto de la reforma en materia de Guardia Nacional y violenta el principio de división de poderes así que el acuerdo impugnado debe de invalidarse”.
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Diputados y alcaldes analizan recaudación óptima de impuestos
CHILPANCINGO * 14 de noviembre de 2022.
) Congreso de Guerrero
Con el objetivo de que las autoridades municipales conozcan los criterios que la Comisión de Hacienda emitió en relación a sus Leyes de Ingresos y Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2023, a efecto de que hagan una efectiva recaudación de impuestos sin incurrir en incumplimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativas al Derecho de Alumbrado Público e Impuestos Adicionales, las diputadas y diputados de este órgano legislativo se reunieron con alcaldes de la entidad.
En el encuentro realizado en las instalaciones del Congreso del Estado, los diputados y diputadas del citado órgano legislativo externaron su agradecimiento a los presidentes y representantes de ayuntamientos por su asistencia a la reunión de trabajo que busca conocer sus inquietudes y aclararles dudas en lo concerniente al próximo periodo tributario, de modo que esté acorde a la realidad social y más cercana al cumplimiento de las acciones de inconstitucionalidad que ha emitido la SCJN, determinando que no se realizarán 
incrementos en los impuestos, derechos o contribuciones a los que estén ya sujetos los contribuyentes.
Al dar un mensaje, el diputado presidente Bernardo Ortega Jiménez indicó que esta reunión es el inicio de una estrategia de comunicación entre la Comisión de Hacienda y los 81 ayuntamientos para trabajar de manera conjunta en las acciones de recaudación de ingresos, siempre cuidando no caer en desacatos.
Reiteró a las y los presidentes municipales y representantes que la comisión busca caminar de la mano para establecer los mecanismos técnicos, jurídicos y contables, con el fin de elevar los porcentajes de recaudación para obtener mejores beneficios de la Federación y 
del estado, y que los ingresos recaudados se apliquen de manera transparente y racional en programas y servicios que generan bienestar social, con miras a reducir la brecha de pobreza en favor de los grupos vulnerables.
Por su parte, la diputada Alicia Zamora Villalva, secretaria de la comisión, externó su preocupación ante la poca participación de las y los presidentes municipales, siendo que se trata de otorgarles herramientas para que las administraciones recauden ingresos de manera adecuada mediante sus respectivas Leyes de Ingresos y Tablas de Valores.
En su oportunidad, el diputado José Efrén López Cortés, vocal, se sumó al llamado para que los ayuntamientos municipales acudan a las reuniones informativas y de trabajo que realiza el Congreso para la buena aplicación de las herramientas legales relacionadas con la recaudación, agregando que es necesario aclarar dudas en relación a los problemas que se generan en materia de alumbrado público y demás contribuciones, porque al verse afectada la recaudación, se afecta el área de la seguridad pública.
Por último, la diputada Beatriz Mojica Morga, vocal, dijo que la Comisión de Hacienda está trabajando en una profunda revisión de las Leyes de Ingresos y Tablas de Valores 2023, que permita generar mejores condiciones a los municipios, sin trastocar la economía de la población.
En ese tenor, remarcó que es importante el acompañamiento de Congreso local a los ayuntamientos para encontrar la ruta que permita a los ayuntamientos lograr una recaudación efectiva y ajena a omisiones constitucionales en materia de alumbrado público, que redunde en más participaciones federales.
Participaron en la reunión las presidentas y presidentes municipales de Cualac, Ixcateopan de Cuauhtémoc, General Canuto A. Neri, Tlalixtaquilla de Maldonado, Iliatenco, Igualapa, Mochitlán, Tetipac, Tlacoapa, así como representantes de los municipios de Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Atlamajalcingo del Monte, Buenavista de Cuéllar, Pedro Ascencio de Alquisiras, Xochihuehuetlán, Cuetzala del Progreso, Tlalchapa, Xalpatláhuac, Pilcaya y Atenango del Río.
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