Anuncia Félix ‘boicot’ pacífico a elecciones
COYUCA DE BENÍTEZ. * 26 de marzo de 2021.
] Comunicado.
Félix Salgado Macedonio advirtió que el pueblo no permitirá que haya elecciones en Guerrero el próximo 06 de junio, si no le restituyen la candidatura a gobernador por Morena.
La tarde de este viernes, Salgado concluyó su gira por la región Costa Grande en el municipio de Coyuca de Benítez.
Ahí fue cobijado por cientos de militantes y simpatizantes de Morena y de su proyecto político, quienes manifestaron su disposición para movilizarse ante la determinación del INE de cancelar su candidatura.
“¡No estás solo!” y “¡Vamos a ganar!”, fueron algunas de las consignas que corearon los ciudadanos que se desbordaron en apoyo a Salgado Macedonio.
El abanderado de Morena informó que, hasta la tarde de este viernes, el INE aún no le notificaba la cancelación de su candidatura.
Sin embargo, adelantó que suspenderá su gira proselitista en acato a la resolución del INE y defenderá su candidatura ante los tribunales.
“Yo suspendo las apariciones públicas de acuerdo con la ley, pero ustedes, ahora ustedes son Félix, ahora ustedes son toros”, le dijo a sus seguidores, quienes realizarán actos de protesta pacífica para exigir que se respete la voluntad del pueblo de Guerrero.
Salgado confirmó que este viernes se movilizaron cientos de personas en las siete regiones del estado, para protestar en contra de la resolución del INE.
“Salieron a decirle al INE que se equivocó en Guerrero, aquí se picó el ojo porque no nos conocen, Guerrero tiene historia y nomás que nos diga el INE si quiere elecciones el 06 de junio o no quiere elecciones, que nos diga, que nos diga, nomás que nos diga si quieren o no quieren elecciones”, advirtió el morenista.
Subrayó que el INE “es un órgano electoral bastante cuestionado, que no ha sido decente y no ha sido imparcial, que no puede decidir por todo un pueblo”.
“Yo soy candidato porque el pueblo de Guerrero así lo decidió, ustedes me eligieron; a mí no me impusieron, no vengo del dedazo, estoy aquí porque el pueblo me puso”, sentenció Félix Salgado.
Por ello, indicó que mientras el pueblo se moviliza, él y su equipo de abogados se aplicarán en la impugnación, la cual deben presentar en un plazo no mayor a cuatro días.
Entre los argumentos que presentarán, detalló que nunca fue designado precandidato por Morena, ya que el encargo que le asignaron fue de coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para realizar una labor partidista.
“Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento”, sentenció Salgado.
Respecto a la acusación de que no presentó informe de gastos de precampaña, aclaró que no hizo precampaña porque nunca fue precandidato, por ese motivo, el INE nunca le otorgó una clave de acceso para ingresar la información al sistema de fiscalización.
Esa clave se la asignaron apenas el 04 de marzo, para el inicio oficial de la campaña política y desde entonces, dijo que ha reportado puntualmente todos sus gastos.
“El INE se pasó de vivo, se pasó de tueste y cree que nos va a agarran mansitos, eso es lo que cree el INE”, apuntó.
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique la resolución del INE y no le restituya la candidatura a gobernador, Salgado Macedonio indicó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Si en esa instancia tampoco le restituyen la candidatura, alertó que Morena se quedaría sin candidato al gobierno de Guerrero y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones del 06 de junio.
“Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y de todos modos voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante”, advirtió.
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#NoHayToro; INE anula candidatura de Félix
» Ángel Blanco
CIUDAD DE MÉXICO * 25 de marzo de 2021.
] Acapulco Press.
Con 7 votos a favor y 3 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anuló la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero por «no comprobar» su partido, Morena, “gastos de precampaña” ante la la Comisión de Fiscalización de ese órgano electoral.
No obstante, anticipado al resultado adverso en torno a su candidatura, Salgado Macedonio insistió que su partido no lo reconoció «como precandidato», sino que «fue elegido como coordinador de Comités de Defensa del Voto» en el estado, por lo que “no hice campaña», excusó; por ende, tampoco hubo «gasto qué reportar”, dijo.
Ante el resolutivo del INE que lo deja fuera de la contienda electoral Guerrero 2021, el ‘Toro sin cerca’ advirtió que que no se quedará de «brazos cruzados», por lo que acudiría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFE) y, si es necesario, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e, inclusive, hasta organismos internacionales para impugnar la sanción del INE y defender su candidatura.
«¡Si nos obligan, nos vamos a movilizar!», amenazó también el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. «No vamos a permitir que el INE vulnere la democracia en Guerrero», suscribió.
En sesión de Consejo General celebrado a las 10 horas de este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Proyectos 2.0 asentado en Acta el día de ayer, el cual contemplaba la propuesta de la Comisión de Fiscalización de ese órgano electoral de anulas lo registros y candidaturas de aquellos partidos políticos que incumplieron su obligación de rendir cuentas de sus gastos de precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021.
El 25 de febrero pasado, la Comisión de Fiscalización alertó que al menos cuatro precandidatos a gubernaturas de Morena, entre ellos Félix Salgado Macedonio, estaban en riesgo de perder sus registros porque el partido no entregó sus reportes de ingresos y gastos de precampaña, mientras que otros tenían inconsistencias. Un día después, el Consejo General aplicó multas por más de 7.1 millones de pesos a todos los partidos, incluido Morena, por incumplimiento de sus deberes fiscales para con el INE, quien les dio cinco días a los partidos morosos para entregar los reportes de ingresos y gastos de precampañas, pero ni los partidos amonestados ni Morena lo hicieron, hecho que afectó a Félix Salgado, según el Artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que “si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido (…) no podrá ser registrado legalmente como candidato”.
A favor del retiro de candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, estuvieron los consejeros Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Claudia Zavala Pérez, más el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello. En contra, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, Martin Faz Mora, José Roberto Ruiz Saldaña.
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PAN apoya autonomía constitucional de Banxico
CIUDAD DE MÉXICO. | 10 de diciembre de 2020.
] Especial.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN refrendó su apoyo a la autonomía constitucional del Banco de México, por lo que no avala la reforma aprobada a la ley de este organismo.
Señaló que la autonomía del Banco de México lograda en 1994, implica que ninguna otra autoridad puede invadir las funciones que le corresponden ni que una norma le imponga decisiones sobre qué operaciones específicas debe realizar para constituir la reserva de activos internacionales.
El CEN del PAN consideró, además, que la reforma obliga al Banco Central a adquirir el efectivo en moneda extranjera, lo cual también es contrario a la autonomía constitucional respecto al ejercicio de sus funciones.
Destacó que las disposiciones de la reforma legal anulan la intervención del Banco de México en la determinación sobre la composición de la reserva de activos internacionales, así como su manejo.
En ese sentido, los cambios a la ley de Banxico son claramente violatorios del Artículo 28 constitucional que establece con claridad que el Banco de México es autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios que confirman el alcance de la autonomía otorgada a los órganos del Estado separados de los Poderes de la Unión.
Agregó que, con dicha reforma, el gobierno de López Obrador abusa de la ignorancia de los ciudadanos y de muchos legisladores que aprobaron la afectación a una parte importante de las reservas del Banco de México.
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Ángel Miguel Blanco | ¡Basta de legisladores homófobos en Guerrero!
Sin Daños a Terceros
| » Ángel Miguel Blanco
»» massiosare@msn.com
¡Se exhibió ‘homófoba, ignorante, cobarde, discriminatoria y mentirosa’! Y, con ello, la legisladora morenista Erika Valencia Cardona se sumó al grupo de diputados homófobos de Guerrero que, como el priísta Omar Jalil Flores Majul, la panista Guadalupe González Suástegui, y el independientes Servando de Jesús Salgado Guzmán, no han disimulado su aversión hacia la diversidad sexual y, en concreto, a la unión matrimonial en la entidad de dos personas del mismo sexo, no obstante la existencia de un decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asentado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 447, de fecha 19 de junio de 2015, en el cual se lee que, respecto al matrimonio igualitario, «no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo» y que «cualquier entidad federativa que –de manera configurativa– considere que la finalidad del matrimonio es la procreación» o «lo defina como un acto celebrativo entre un hombre y una mujer», dicho concepto será considerado «inconstitucional».
En el marco conmemorativo de ese derecho reconocido a la comunidad LGTB de México hace diez años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró su exhorto a los Congresos locales de las Entidades Federativas a «promover la armonización normativa que garantice el matrimonio igualitario».
A través de Comunicado de Prensa (DGC/075/2020), con fecha el 11 de marzo pasado, la CNDH recordó que «la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2011 que nuestra Constitución no alude ni refiere un tipo específico de familia y que el matrimonio no se conforma exclusivamente por la unión de un hombre y una mujer. De ahí que, cuatro años después, ese Máximo Tribunal señaló que cualquier entidad federativa que considere en su Código Civil que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional».
Por tal motivo, «la CNDH emitió en 2015 la Recomendación General número 23 sobre el matrimonio igualitario, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, para que armonicen los ordenamientos en materia civil y/o familiar y con ello permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y erradicar cualquier tipo de discriminación. Por ello, esta Comisión de nuevo pide a los Congresos locales de las entidades federativas que aún cuentan con deudas históricas con el derecho a la igualdad y no discriminación, cumplir con el mandato constitucional que les fue encomendado y realizar lo procedente para garantizar el derecho al matrimonio a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual«, enfatizó el comunicado.
En este punto es donde se alude la actitud de la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, Erika Valencia Cardona, quien la noche del viernes 16 de octubre derrochó homofobia, cobardía, mentiras e ignorancia en el programa radiofónico «Controversias por la Noche», que conduce el reconocido periodista guerrerense y activista internacional de la comunidad LGTB, Igor Pettit.
La legisladora de Morena, a quien sus propios homólogos de partido y del Congreso señalan de entorpecer la aprobación de una frase para que en Guerrero quede establecido el matrimonio igualitario, trastabilló en una sarta de evasivas y mentiras para no responder por qué está en contra en la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo, pese al 
consentimiento de la SCJN y el aval del mismo presidente de México y máximo jerarca de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que cuestionado sobre el tema dijo, firme, claro y conciso, el 17 de mayo de 2019, que el matrimonio igualitario “no es un asunto de tolerancia, (sino) un asunto de respeto a las libertades«.
Luego añadiría que no es necesaria una ley de reforma, al respecto, pues en México “están garantizados los derechos de las personas a ejercer su libertad”. Además, “ya hay un marco legal establecido emitido por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto en lo que tiene que ver en la federación como en los estados, y eso «se va a respetar», subrayó,
No obstante, la diputada Valencia se aferró a que mientras ella no conozca ninguna iniciativa local para legalizar el matrimonio igualitario en Guerrero no puede emitir una respuesta a favor o en contra sobre el tema, argumentando que ella, como legisladora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, no tiene conocimiento del tema ni de ninguna iniciativa, al respecto. Luego facturó a la Comisión de Justicia el entorpecimiento de dicho dictamen y se deslindó del tema debido a que su partido, Morena, no tiene agendado el matrimonio igualitario en sus Estatutos y se mantendría firme en su postura de no opinar en tanto su máximo líder partidista, Andrés Manuel López Obrador, no hiciera pronunciamiento alguno sobre el matrimonio igualitario.
Igor Pettit le recordó que el tema «se ha tratado en este país desde hace mucho tiempo», pero la diputada morenista, haciendo gala de su ignorancia, insistió: «¿Cómo puedo decirte que estoy en contra de algo que ni siquiera conozco?
Moisés Reyes, promotor de la iniciativa ante el Congreso e invitado de Igor Pettit esa noche, le explicó qué era el matrimonio igualitario y en qué consistía la reforma que se necesita para legalizarlo en Guerrero.
Erika Valencia subió de tono sus declaraciones, evadió cuantas veces pudo la pregunta del por qué a su negativa de aprobar el dictamen que busca legalizar la unión de dos personas en matrimonio, sin importar el sexo, en la entidad.
Luego de personalizar la disyuntiva del conductor del programa, al cual acusó de ataques infundados en diversas publicaciones, colgó su teléfono y dejó hablando solos tanto a Igor Pettit como a Moisés Reyes y a los invitados, vía remota, para opinar sobre el tema, a saber, Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, y Jessica Ivette Alejo Rayo, secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero.
Justo aquí, antes de que Erika Valencia pretenda asumir como ‘ataque’ personal este artículo, queremos dejarle en claro que cuando se manifiesta que se exhibió ‘homófoba, ignorante, cobarde, discriminatoria y mentirosa’ en el programa de Igor Pettit, cada adjetivo se manifiesta con sustentos que respaldan la misma audioentrevista que quedó plasmada en los archivos de «Controversias por la Noche». Además, hasta el momento no habido ninguna palabra zalamera ni reptante para el conductor del programa. Decir que Igor Petttit es un ‘reconocido periodista guerrerense y activista internacional de la comunidad LGTB’ es un hecho evidente. La trayectoria periodística y la prensa europea, mexicana y estadounidense han dado fe de su activismo profesional. No hay pecado ni herejía en reconocer los 
logros y dones de aquellas personas que destacan por sus propios méritos.
Destacar que Erika Valencia ‘miente’ al decir que desconoce el tema del matrimonio igualitario y la iniciativa del mismo ante el Congreso del estado, tiene bases. Ella se presume una legisladora informada y enfatiza que está bien enterada del tema, pero cuando se le cuestiona su homofobismo, al estar en contra del matrimonio igualitario, pese a que ostenta ser una genuina defensora de los derechos humanos, argumenta no estar informada del tema y desconocer si existe en el Congreso alguna iniciativa, al respecto. E inmediatamente después de que le refrescan la memoria, aduce que ese tema no es de su competencia, sino de la Comisión de Justicia, evadiendo ‘cobardemente’ comprometer su opinión, hecho que delata su evidente homofobismo y confirma la aversión que aseguran sus compañeros legisladores tiene contra la comunidad sexual divergente.
Siendo una ‘legisladora bien informada’, Erika Valencia debería recordar que fue durante la sesión de la Comisión de Justicia del 23 de enero de 2019 cuando se analizó, por primera vez, la iniciativa de reforma a los artículos 351, fracción V; 412, 430, 435 y 436 del Código Civil de Guerrero –presentada el 15 de noviembre del 2018 por el Secretario de dicha Comisión, Moisés Reyes Sandoval– para permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, y en cuya reunión estuvieron presentes el promotor de la misma, el morenista Reyes Sandoval, así como Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión y los diputados Servando De Jesús Salgado Guzman y Ossiel Pacheco Salas, en su calidad de vocales, así como el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno y varios miembros de la comunidad LGTB, entre ellos el Presidente del Consejo de la Diversidad Sexual en Guerrero (CDSG), Igor Pettit, el único defensor formal y central de los derechos de la diversidad sexual en Guerrero, con proyección nacional e internacional.
Valencia Cardona también debería estar enterada que, lamentablemente, gracias al evidente homofobismo que impera en el Congreso del Estado, el 26 de septiembre de 2019, en sesión a puerta cerrada y por mayoría de votos, la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero declaró improcedente el dictamen que proponía legalizar el matrimonio igualitario en la entidad.
El veredicto fue avalado por el presidente de dicha comisión, el priista Omar Jalil Flores Majul, y los vocales de la misma: Guadalupe González Suástegui (PAN) y Servando de Jesús Salgado Guzmán.
Y es a raíz de este veredicto desfavorable que la comunidad LGTB de Guerrero ha insistido, desde entonces, en hacer valer sus derechos, dados los fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el reconocimiento del mismo Presidente de la República y guía nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a las garantías y respeto de los derechos de todos los mexicanos, incluido el matrimonio igualitario, ya que este tema “no es un asunto de tolerancia, (sino) un asunto de respeto a las libertades«, como bien dijo AMLO.
¿EN QUÉ CONSIDETE LA REFORMA?
Según palabras de su promotor, Moisés Reyes Sandoval, la reforma a los artículos 351, fracción V; 412, 430, 435 y 436 del Código Civil de Guerrero, para permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, es simple: «Hay que cambiar el concepto de que «el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer» por la definición de que «el matrimonio es unión entre dos personas», sean o no del mismo sexo, tal como promulgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de junio de 2015, quien dejó muy en claro que «no existe razón de índole constitucional para no reconocer» el matrimonio igualitario en México, y que «cualquier entidad federativa que –de manera configurativa– considere que la finalidad del matrimonio es la procreación» o «lo defina como un acto celebrativo entre un hombre y una mujer», dicho concepto será considerado «inconstitucional».
Si algo hay que reconocerle a Moisés Reyes, son sus argumentos a título personal y como legislador.
Aprobar esta iniciativa no es asunto de convencimiento personal, sino un «reconocimiento a los derechos humanos de la diversidad sexual», porque en Guerrero «no puede haber guerrerenses de primera y guerrerenses de segunda: ¡Tenemos que tener los mismos derechos todos!».
Siendo así, si el matrimonio igualitario ya es un derecho legal en México, prohibirle a la comunidad LGTB este derecho es, realmente, un ‘crimen’ de odio.
¡Todos aquellas personas, con fuero o sin fuero, que pisoteen los derechos humanos de terceros, deberían pagar por sus ‘crímenes’!
Irónico: ¡Qué rápido olvidan esos legisladores homófobos, principalmente de Morena, que de dientes para fuera se presumen defensores de los derechos humanos pero con sus hechos demuestras que les vale ‘madre’ la máxima del ‘Benemérito de las américas’, Benito Juárez, pilar de la Cuarta Transformación del México lopezobradorista, quien dijo que «el respeto al derecho ajeno es la paz»!
P.D. Sin daños a terceros…
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#Marcial respalda sentencia de SCJN para enjuiciar a expresidentes
] CHILCPANCINGO. * 1 de octubre de 2020.
| Morena Guerrero .
El Secretario General en funciones de Presidente del Comite Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, avaló la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enjuiciar a los ex presidentes de la República, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El también Doctor en Derecho Constitucional afirmó que la SCJN retoma la solicitud de millones de mexicanos que exigen que se combata a fondo la corrupción y no se permita la impunidad en México.
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Consulta contra expresidentes, inconstitucional | SCJN
» Jorge Monroy.
»jmonroy@eleconomista.com.mx»
] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de septiembre de 2020.
| El Economista.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México.
Luis María Aguilar. | Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
En el documento se argumenta que el objeto integral de la solicitud «debe ser inconstitucional debido a que «la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos».
“A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado”, resaltó.
Por lo citado por en la petición del presidente, en donde se involucran los derechos humanos reconocidos en la ley mexicana, » no puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional».
De obtener la votación a favor por parte de la Corte, se deberá notificar al Senado de la República, que procederá a declarar como no procedente la solicitud presentada por el presidente.
Los expresidentes relacionados con los presuntos ilícitos citados en la solicitud de consulta popular para ser enjuiciados son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La Constitución no puede destruirse, advierte
En ese sentido, planteó que el artículo 1 de la Constitución federal establece que en el país todas las personas gozan de los derechos humanos y las garantías para su protección, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Es por ello que la Constitución General determina que existen temas que no pueden ser parte de una consulta popular, pues por su naturaleza como pilares fundamentales de la democracia mexicana, no son optativos, sino que deben respetarse por todas las personas y protegerse por todas las autoridades del País, en el ámbito de sus competencias y facultades.
“Esto significa que la Constitución no puede destruirse a sí misma y, precisamente por ese motivo, prohíbe expresamente que la consulta popular pueda realizarse para preguntar si se quiere cambiar el sistema de gobierno o los principios fundamentales del Estado constitucional tales como la separación entre la Iglesia y el Estado, la forma republicana, el acceso al poder a través de la democracia, la dignidad humana o la prohibición de discriminación, entre otros”, puntualizó.
Ejemplificó que no sería constitucional y no podría llevarse a cabo una consulta al pueblo mexicano para preguntar si está de acuerdo o no con prohibir la esclavitud, ya que esas cuestiones no son consultables ya que forman parte de los pilares o principios fundamentales que sostienen al Estado mexicano.
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Suprema Corte de Justicia alista la despenalización del aborto
] CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de julio de 2020.
| Forbes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara la discusión que definiría que penalizar el aborto representa una violación a los derechos humanos de las mujeres.
Se necesitan que 3 de 5 ministros de la Primera Sala aprueben el proyecto para llevar a juicio los códigos penales estatales penalizan el acto.
El periódico Reforma reportó que el tema, que será debatido el próximo 29 de julio, indica que “la prohibición de la interrupción del embarazo, mediante tipificarlo por la vía penal genera discriminación en relación al acceso a la salud de las mujeres”.
“Las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal“, añade.
El ministro Juan Luis González Alcántara fue quien propuso el proyecto a la Primera Sala, tras ratificar un amparo de un juez de Veracruz para eliminar cualquier tipo de sanción penal a las mujeres por interrumpir el embarazo.
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Presentan queja contra #Gatell y AMLO en CNDH
] CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de julio de 2020.
| Apro / 24 Horas.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por omisión y negligencia en el manejo de la pandemia de coronavirus y violaciones a derechos humanos, y contra “quien o quienes resulten responsables de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia de covid-19 por las autoridades federales”.
La queja, presentada este martes, señala una serie de puntos como presuntas negligencias, entre ellos, que no se recomendara mediante un acto administrativo el uso de cubrebocas, además de la apertura “apresurada” de actividades no esenciales y la falta de pruebas en el país para detectar el covid-19.
De igual manera, los panistas acusaron que México utiliza el modelo llamado “centinela”, no recomendado internacionalmente para el coronavirus, y destacaron que se ha despreciado y maltratado al personal médico, no dotándolo del material de protección indispensable, aunado a una a atención hospitalaria “insuficiente”.
En la queja también incluyen la compra gubernamental en el IMSS Hidalgo de ventiladores a sobreprecio, muchos de ellos inservibles; “el temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de niños y niñas”, y la “omisión del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal”.
“Concretamente esta queja responde a las violaciones derivadas de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de esta pandemia Covid-19, justamente por estas autoridades federales; particularmente es una queja contra el doctor Hugo López- Gatell y cualquier otra autoridad que resulte responsable”, puntualizó la senadora Josefina Vázquez Mota en conferencia de prensa.
Por omisión y negligencia en el manejo de la pandemia de Covid-19 y violaciones a derechos humanos, los senadores del PAN, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
La senadora Josefina Vázquez Mota anunció que en los próximos días presentarán una queja más ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Entre los argumentos expresados en la queja, los panistas señalan que el gobierno no ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como para particulares.
“Además, se ordenó una apertura apresurada de las actividades no esenciales”.
Recuerdan que las instancias internacionales han recomendado el uso de cubrebocas entre las medidas de prevención y control, para limitar la propagación del Covid-19, contrario a lo señalado por las autoridades mexicanas.
De esa manera, pidió a la CNDH una investigación por violaciones a derechos humanos, que culmine con una recomendación pública.
Acusan al gobierno federal de poner en riesgo derechos fundamentales, que son básicos y primordiales para las personas como el derecho a la salud, derecho a la vida y derecho fundamental a la subsistencia económica.
Exigieron la expedición de una norma administrativa de carácter general, en la que se recomiende enfáticamente el uso de cubrebocas bajo los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Demandan también revertir la apertura evidentemente apresurada de las actividades no esenciales y desmentir el uso de estampas religiosas y nanomoléculas de cítricos para protegerse del coronavirus.
Proponen el otorgamiento de subsidios a empresas que tengan inscritos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que el gobierno asuma de un 50 a un 30 % la nómina de los trabajadores.
Piden también se otorguen subsidios para agua, luz y gas en aquellas zonas con alto grado de marginación y se tomen medidas para incentivar que los propietarios reduzcan el precio de la renta en al menos un 30% cuando se trate de negocios que no puedan operar.
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Guerrero acatará fallo de SCN a favor de pueblos indígenas y afromexicanos
] CHILPANCINGO. * 20 de abril de 2020.
| Gobierno de Guerrero.
Al conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobernador Héctor Astudillo declaró que se acatarán las disposiciones emitidas y que estás habrán de resolverse en los términos dispuestos por la propia Corte.
Astudillo Flores reiteró, como lo ha dicho en diferentes oportunidades, que su gobierno está abierto al dialogo para reformar lo que sea necesario, de manera que se garanticen a plenitud los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicanos.
El Ejecutivo también indicó que ha celebrado reuniones con organizaciones indígenas y autoridades comunitarias, las cuales habrán de continuar para que las reformas que en su momento tengan lugar, se realicen con la participación de los pueblos, e insistió en que por encima de todo prevalecerá el dialogo en busca de acuerdos satisfactorios para todos.
El Pleno de la SCJN aprobó que el Congreso del Estado deberá subsanar los defectos de invalidez en 12 meses, contados a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El gobierno de Guerrero cuenta con el plazo de un año a partir de la publicación de la sentencia en el DOF, para corregir las reformas hoy invalidadas y para cumplir en tiempo y forma con la etapa consultiva requerida, motivo de la presente acción de inconstitucionalidad.
La invalidez de las reformas hechas en la legislatura local para acotar la influencia de los grupos de civiles armados y ajustarlos al orden jurídico estatal, deberá esperar un año.
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Funcionarios de INEGI ganarán más que AMLO: SCJN
CIUDAD DE MÉXICO. * 14 de enero de 2020.
| Infobae.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó la suspensión para que los integrantes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) puedan ganar más que el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien emitió un acuerdo por medio del cual admitió una ampliación a la controversia constitucional presentada por el INEGI contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 para que ahora se impugnara el de 2020.
La suspensión sigue el criterio que la Segunda Sala de la Corte fijó al otorgar el mismo beneficio al Inegi el año pasado, con lo que sus altos mandos podrán ganar lo que en 2018, es decir, un salario por encima de los 1.7 millones de pesos netos anuales previstos en 2020 para el mandatario de la República.
El criterio de los ministros de la Suprema Corte es que las reducciones salariales aplicadas por la Cámara de Diputados afecta la autonomía constitucional del órgano, de ahí la procedencia de la suspensión para mantener los salarios de estos altos funcionarios.
La resolución de la SCJN abre la posibilidad de que otros institutos puedan mantener sus viejos salarios. Al respecto se recuerda que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México presentaron controversias contra el PEF de 2020, las cuales fueron turnadas a la ministra Yasmín Esquivel.
En total, unos 17,000 servidores públicos han interpuesto amparos frente a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los organismos que han apelado aseguran que al ser descentralizados, los funcionarios especializados pueden ganar hasta 50% más que el presidente.
La Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República fue aprobada por el Legislativo en septiembre de 2018. Se trata de una ley que fija un tope salarial, elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados.
En teoría, aplicaría al al Poder Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales administrativos, la Fiscalía, la Presidencia, dependencias federales, organismos y empresas del sector paraestatal. Sin embargo, su aprobación y ejecución ha estado plagada de controversias.
En mayo de 2019, la SCJN invalidó por unanimidad fracciones de los artículos 6 y 7 de la ley al no establecer los parámetros marcados por la Constitución. También invalidó los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de remuneraciones ilícitas.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), otro de los organismos que interpuso un recurso contra el ajuste presupuestal, ha sentenciado que la norma adolece de definiciones y genera incertidumbres sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la comisión.
Banxico por su parte ha cuestionado la falta de claridad de las remuneraciones totales del presidente, alegando que no se consideran sus prestaciones ni en especie ni las extraordinarias. Dicha situación, hace imposible determinar los topes de ingresos de los altos funcionarios del organismo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha sumado a estos alegatos, al igual que el bloque de oposición del Senado, compuesto por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes promovieron dos acciones de inconstitucionalidad contra la misma legislación.
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