Basta de excusas para la seguridad en Acapulco
Ángel Miguel Blanco
] Efecto Espejo
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¿El partido de los narcos?
Jiribilla Costeña
El Brujo Chiripero
] Efecto Esepjo
¿Qué pasa en el PRD, el otrora «partido del pueblo», el otrora partido «cercano a la gente», el partido que «gobierna para tu bien», el partido que refutó ser catalogado como «el partido de la violencia y la sangre» por el extinto gobernador priísta José Francisco Ruiz Massieu, en los finales de la década de los 80 y principios de los 90?
¿Olvidó, acaso, el PRD los ideales que le dieron vida, como para terminar consumándose como «el partido de la violencia y la sangre»… al menos como patrocinador o protector?
Los hechos no mienten, pese a que sus actuales dirigentes insistan en que son el partido que más compromisos tiene con el pueblo.
¿Será, realmente, cierto esto?
Veamos el panorama Guerrero 2018…
Robell Urióstegi Patiño, exalcalde de Teloloapan, y Bernardo Ortega Jiménez, exalcalde de Quechultenanfo, ambos vinculados con los grupos criminales #GuerrerosUnidos y #LosArdillos, respectivamente, buscarán ser diputados locales por los Distritos 20 y 24.
En cuanto a alcaldías, en el municipio de La Unión buscará nuevamente ser alcalde Crescencio Reyes Torres, otro miembro distinguido del «Grupo Guerrero», a quien personalmente «La Tuta» acusó de sostener vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los narcotraficantes Nemesio Oceguera Ramos, «El Mencho», y Juan Aguirre Vargas, «El Choyo».
Acapulco, la ciudad más violenta del país y con alertas o menciones honoríficas a nivel mundial para que se abstengan de visitarla debido al clima de inseguridad y violencia generalizada que padece, ni se diga. Aquí, David Jiménez Rumbo, líder del controversial «Grupo Guerrero», antes mencionado, pretende, a toda costa, ser presidente municipal, advirtiendo que solo con él como alcalde desaparecerán las extorsiones, los cobros de piso y, obviamente, la violencia.
Él sabe por qué lo dice y él sabe por qué lo garantiza.
David Jiménez Rumbo es oriundo de Arteaga, Michoacán, la tierra de «La Tuta», Servando Gómez Martínez, el ex líder de «Los Caballeros Templarios» de Michoacán, que reveló públicamente los nexos del «Grupo Guerrero» con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
No hay más que decir… entrar en detalles especulativos es riesgoso y peligroso.
¿What the fuck, PRD?
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[[https://youtu.be/h7c9zT_s_TM]]
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Preguntas obligadas, con mayúsculas y en ‘negritas’:
EDITORIAL
«¿PUEDE HABLARSE DE ‘GOBERNABILIDAD’ EN UN ESTADO ENSANGRENTADO Y REHÉN DEL CRIMEN ORGANIZADO?«
¿De cual fumas, Héctor?
Y ustedes, señores legisladores, ¿qué esperan para buscarle reemplazo al inoperante que cobra como gobernador, y restituir la gobernabilidad en Guerrero? ¿Permiso, cuando tienen la Constitución de su lado?
Y tú, pueblo, que de todo te quejas, ¿qué esperas para exigir ya un gobernante capaz, genuino y con autoridad? ¿Más sangre, más ejecuciones, más mentiras, más nepotismo, más corrupción, más migajas, más ‘levantones’, más secuestros, más extorsiones, más ‘cuotas criminales’, más paz en los panteones y luto en los hogares de (casi) todas las regiones del Estado?
¡La Constitución también te concede el derecho de demandar un buen gobierno, pueblo!
¿Capisci?
#GuerreroDespierta!
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Crean metodología para medir la violencia urbana en Guerrero
] ACAPULCO. * 24 de enero de 2017.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) crearon nuevas metodologías para medir diferentes tipos de violencia física y social en las ciudades de esa entidad: desde la discriminación por pertenecer a grupos étnicos afromexicanos hasta las agresiones armadas de la delincuencia organizada. En el proyecto participan los catedráticos e investigadores Javiera Yanina Donoso Jiménez y Paula Valle de Bethencourt, así como el doctor Jorge Luis Triana Sánchez.
El proyecto científico, llamado Ciudadanía y Violencia Urbana en Guerrero, inició en 2015 y entre sus primeros logros está también el desarrollo de una herramienta para medir la cohesión social entre los ciudadanos y sus autoridades municipales. Las investigaciones se realizan con fondos compartidos de la UAGro y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Hasta la fecha se han diseñado y aplicado tres herramientas: una metodología para medir la cohesión social entre sociedad civil y gobierno; una metodología para hacer un diagnóstico de las instituciones de seguridad y justicia del estado, y un informe desagregado de patrones y prácticas de discriminación vigentes en Acapulco contra grupos vulnerables, como afromexicanos, indígenas, mujeres, niños, gays, lesbianas, personas con discapacidades y adultos mayores.
Habitado por 3.5 millones de personas y con 8 ciudades con más de 500 mil habitantes, como Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo, Ixtapa o Ciudad Altamirano, el estado de Guerrero es también uno de los que registra mayores índices de violencia, comparado con las estadísticas nacionales. En 2016 se iniciaron más de 2 mil 100 averiguaciones por homicidios dolosos, esto significa que hubo más de cinco homicidios intencionales cada día. En septiembre de ese año, incluyó a seis ciudades guerrerenses entre las 50 más violentas del país: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo.
De acuerdo con Conacyt, el objetivo del proyecto que encabeza la UAGro es analizar las causas profundas del ciclo de violencias que se registra en Guerrero, que afecta la seguridad de la ciudadanía en las principales zonas urbanas de la entidad, con el fin de proponer políticas públicas con un enfoque de prevención.
OBSTÁCULOS. Entre los primeros resultados de este proyecto está un diagnóstico muy detallado de las causas de la violencia en Acapulco, la mayor ciudad y el principal motor económico del estado de Guerrero.
El estudio describió cómo la sociedad civil acapulqueña encuentra dos tipos de obstáculos para lograr la cohesión social y poder prevenir la violencia: 1) obstáculos verticales que impiden la comunicación y construcción de confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos federal, estatal y municipal; y 2) obstáculos horizontales, que mantiene a las organizaciones civiles y grupos de ciudadanos alejados y con desconfianza unos de otros.
“Algunas organizaciones señalan que otras organizaciones persiguen sus objetivos personales o que son favorecidas por el gobierno en proyectos y recursos, lo que imposibilita que la sociedad civil funcione como representación o intermediación, aunado con problemas estructurales históricos, como el desempleo y la pobreza, que dificultan la participación ciudadana en los asuntos públicos”, explicaron los investigadores Donoso, Valle y Triana en un reporte de avances enviado al programa de Cátedras Conacyt, del que forman parte.
“La violencia estructural-simbólica que sufren los grupos más vulnerables de la sociedad acapulqueña, manifestada en discriminación y exclusión social, recae principalmente en los grupos LGBTTTIQ, indígenas y personas mayores”, agregó el reporte de avances.
Si bien se reconoce que la exclusión es ejercida en la calle y en los lugares de trabajo por la misma ciudadanía, se responsabiliza al gobierno municipal por la falta de compromiso a la hora de educar e incorporar la temática de los derechos humanos como ejes conductores de las políticas públicas de la ciudad. Por esto, señalan los investigadores de la UAGro, “el gobierno es responsable de la reproducción y perpetuación de la violencia estructural contra grupos vulnerables”.
] La Crónica
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