Avaló Pablo Solís, candidato de Morena a la presidencia de Atoyac, hipoteca de inmuebles municipales por 30 millones de pesos

Ángel Blanco

26 de mayo de 2015.
] ATOYAC, Gro.
Siendo secretario general del gobierno perredista de Carlos Armando Bello Gómez (2009-2012), el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en este municipio, Pablo César Solís Nava, avaló el enajenamiento (empeño, hipoteca) de inmuebles del municipio por un valor aproximado, con suma de intereses moratorios, de 30 millones de pesos, mediante el uso no autorizado de nombres y firmas de campesinos que desconocen la hora en que los tomaron en cuenta o el destino de esos recursos obtenidos para su presunto beneficio.

Aunque en términos generales el ayuntamiento atoyaquense arrastra, desde 1999, una deuda histórica e inverosímil por más 200 millones de pesos, según datos obtenidos en las oficinas administrativas de la presente administración, el verdadero problema económico del municipio estriba en la mora de intereres generados por juicios mercantiles y laudos laborales que consumen hasta el 70 por ciento de los ingresos mensuales de las arcas municipales.

Asumiendo solamente lo que se puede sustentar con documentos probatorios certificados por el Registro Público de la Propiedad, se desprende que tan solo por el juicio mercantil 397/2013, promovido por «Servicios Financieros ANEC» (Alianza Nacional de Empresas Campesinas), institución del sector financiero mexicano que cuenta con el respaldo y apoyo crediticio de la banca mexicana para atender asuntos relacionados con el campo, proporcionando créditos y prestamos para impulsar proyectos productivos y de inversión en el sector rural, el actual gobierno de Atoyac de Álvarez afronta una situación financiera caótica que difícilmente podrá finiquitar y tendrá que heredar por la falta de liquidez para pagar nóminas, laudos laborales y embargos mercantiles que han pasado a segundo término debido a las contigencias atmosféricas que desde 2013 han demandado la atención social y económica de los tres niveles de gobierno, dejando poco margen para cubrir los intereses generados por el enajenamiento de propiedad municipales bajo el supuesto de benefeciar al campo con insumos que jamás se adquirieron o jamás se entregaron a sus beneficiarios, pues no hay registro de tal hecho, empero, lo único que existe son inconformidades de parte de campesinos que fueron utilizados para promover préstamos e hipotecas que solo generan deudas económicas a las administraciones en turno.

Según el expediente 397/2013, asentado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Galeana, bajo el exhorto 39/2013, precisa que el ocho de marzo del 2011, el cabildo perredista presidido por Carlos Armando Bello Gómez y Pablo César Solís Nava, e integrado por Guadalupe Galeana Marín, María Antonieta Castro Mondragón. Norma Alicia Mesino Mesino, José Manuel Catalán Núñez, Ernesto León Rodríguez, Margarito Pérez Ocampo, Fidelina Bacilio Diionicio y Antonio Cobarrubias Rivera, bajo el supuesto de que el ayuntamiento necesitaba de recursos para afrontar la demanda de fertilizante, en el Punto Cinco de los asuntos del día, los presentes acordaron autorizar al presidente municipal servir de «aval de los productores de maíz de la Unidad Agraria Sierra Cafetalera de Atoyac, utilizando los bienes del municipio como garantía hipotecaria».

De esa forma quedaron en garantía hipotecaria el «gimnasio y la alberca municipal de la colonia Mariscal, el «rastro de la colonia Lomas del Sur» y la «cancha de fútbol» del municipio.

Según el expediente, el monto de la hipoteca o empeño ascendió a 20 millones de pesos, pero la falta de incumplimiento del préstamo propició un litigio mercantil que le ha costado a la administración en turno sortear los intereses y embargos que reclaman ya más de 30 millones de pesos, antes de que los bienes del municipio se pierdan en su totalidad y se vayan a remate a fin de que la parte depositaria del préstamo, Servicios Financieros ANEC, se cobre el préstamo realizado a la administración de Carlos Armando Bello Gómez.

Pero si algo hay que destacar de todo este incidente es el hecho de que, pese al beneficio obtenido por el gobierno que prisidieeron y administraron Bello Gómez y Pablo Solís, jamas se adquirió el fertilizante que sirvió de excusa para ha hipoteca de los bienes municipales, y lo que es peor, los presuntos beneficiarios jamás supieron cuando se les tomó en cuenta para prestar sus nombres y firmas para la realización de dicha acción aviesa avalada por el candidato «moreno» que hoy promete un gobierno transparente, honesto y de rostro humano.

USURPACION DE INDENTIDAD Y FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, DELITOS FEDERALES

Según el portal «Justicia México», los delito de «usurpación de identidad» y «falsificación de documentos», delitos en los que incurren Carlos Armando Bello Gómez, Pablo César Solís Nava, y todos los que avalaron la hipoteca de los bienes de Atoyac de Álvarez, se castigan, tratándose de «documentos públicos», con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa», y en el caso de «documentos privados», con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

No obstante, «si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en 50 por ciento más de lo normalmente estipulado por la ley», subraya el Artículo 243 del Código Penal Federal que sustenta el análisis de «Justicia México» sobre estos particulares delitos.

Según el Artículo 244 del mismo Código Penal Federal, el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

* Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera.

* Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al estado o a un tercero.

Segun parece, Armando Bello, Pablo Solís y resto de firmantes, prácticamente incurrieron en lo estipulado en el Artículo 245, que precisa que para que el delito de falsificación de documentos o usurpación de identidad sea sancionable como tal, se necesita que concurran los requisitos siguientes: «Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero», «que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación, y «que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento».

Hasta el momento, pese a que solamente Carlos Armando Bello Gómez se ha declarado inocente de estas acciones, 11 de los campesinos a los que les fueron usurpadas sus identidades y falsificados sus documentos para que ANEC procediera a otorga el préstamo hipotecario, refutan haber haber firmado documento alguno donde se declaran como «acreditados» o «deudores» de los créditos de insumos agrícolas que el gobierno de Armando Bello solicitó a «Servicicios Financieros ANEC» con el aval de su cabildo, del cual Pablo César Solís Nava, entonces secretario general de gobierno y actual candidato de Morena a la presidencia de Atoyac, formaba parte esencial.

Efraín Rabadán Sosa, Juan Martínez Rabadán, Miguel Martínez Rabadán, Rosalba Rabadán Sosa, Ulises Arista Martínez, Miguel Ángel Antolino Navarrete, Héctor Carrillo Nava, Mariana Refugio del Valle y Guadalupe Antolino Navarrete, desconocen su participación en dicha acción fradulenta que pone en entredicho el futuro alentador que promete a los atoyaquenses el único candidato que se presume honesto y transparente: Pablo César Solís Nava, quien para corroborar su amor desinteresado por Atoyac hasta se cuelga de la imagen del lider moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, mesías que también ha sido exhibido a nivel nacional por ostentar una vida totalmente alejada de la realidad del grueso de mexicanos hundidos en la pobreza y el rezago social que ha saciado las necesidades de AMLO y cuyo método parece quiere poner en práctica Solís Nava.

Es menester subrayar que, aunque se obtuvieron testimonios, opiniones y comentarios de todas las partes involucradas en este litigio, Efecto Espejo optó por dar cabida solamente a los hechos sustentables en los documentos resguardados en el Registro Público de la Propiedad y el Juzgado Civil del Distrito de Galeana, donde se asienta el juicio mercantil contra el municipio de Atoyac, para evitar suspicacias y confrontaciones ajenas que nada tienen que ver con el tema alusivo a desempolvar hechos que contradicen la falsa imagen puritana de algunos candidatos que, llevando a cuestas sus penitencias, pretender engañar al electorado con sus «ropajes de ovejas».

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